Pensiones: rebaja injusta e injustificada

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.
El pretexto utilizado es el su ‘insostenibilidad’, cosa que como veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia sería menor distribución pública de la renta global con mayor empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se puede utilizar el fondo de reserva.
La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva
Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.
Lejos de la apariencia técnica, el citado Informe parte de un diagnóstico interesado: el sistema público de pensiones es insostenible. En ese sentido, dramatiza y amplifica el previsible aumento del gasto en pensiones, particularmente a través del incremento de la esperanza de vida.
Al contrario, no considera que las pensiones en España son bajas: la pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955 euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700 euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia, 12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27 -11,3%-).
Tal como se detalla en otro libro (ver Antonio Antón –coord.- La reforma del sistema de pensiones, ed. Talasa), en España no hay un ‘exceso’ de gasto en pensiones, su importe no es ‘generoso’, su evolución tampoco es ‘insostenible’ y, por tanto, la actual reforma de las pensiones no tiene fundamento científico y es regresiva. Los planes de reforma impulsados desde la UE constituyen un paso relevante en la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el debilitamiento del modelo social europeo. Sus fundamentos son los intereses de los inversores privados, a costa de la calidad de vida de la población, las prestaciones sociales y las garantías públicas de las ‘personas’. Veámoslo detenidamente.
El ‘factor de sostenibilidad’ como justificación del recorte
Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el Informe propone el llamado ‘factor de sostenibilidad’ con dos medidas principales: 1) la no revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual); 2) rebajar la pensión media al asociarla a variables demográficas más restrictivas, como la esperanza de vida (FEI-Factor de Equidad Intergeneracional).
Como reconoce el Informe “la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional da lugar a una pensión inicial que irá disminuyendo respecto a su base reguladora” (p. 12). Analicemos brevemente esta variable demográfica. Según el INE-2012, con datos que también recoge el Informe, la esperanza de vida a los 65 años es la siguiente: en el año 2014 es de 20,17 años; en el 2020, 21,14; en el 2030, 22,52; en el 2040, 23,80, y en el 2050, 24,97. Ello supone un incremento porcentual, en cada periodo respectivo, de 4,3%, 6,5%, 5,7% y 4,9%; en total casi cinco años, más de un 20% adicional de la esperanza de vida media que tenemos a los 65 años. Así, según el índice utilizado por el Informe, el resultado de esta última medida es una reducción acumulada y progresiva de aproximadamente un 5% cada década. En concreto, para el año 2030 el recorte de las pensiones sería del 10% y en el año 2050 cerca del 20%, lo que supone en torno a 20.000 millones de euros –de hoy- (2 puntos del PIB).
Respecto del otro factor (revalorización anual) no se concreta, pero alude a tener en cuenta un periodo anterior y posterior al año de referencia (para evitar cambios coyunturales muy pronunciados). También se consideran las previsiones de ingresos y gastos del sistema. Todo ello lleva abandonar la referencia del IPC como garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, aunque la tendencia actual ya era su distanciamiento progresivo respecto de la evolución del salario medio que incorporaba, salvo en estos años, una pequeña parte del aumento de productividad. Con el nuevo índice, el resultado posible es, al menos, una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es decir, en un periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría perdiendo un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial, con una reducción media del 10% en el conjunto del periodo.
Sumando el impacto de las dos variables tenemos que la rebaja de la pensión para el año 2050 puede rondar el 30% respecto de los derechos actuales; es decir, en torno a unos 30.000 millones de euros –de hoy-, cerca del 3% del PIB. Pero, además, según los datos del anterior Gobierno socialista, el impacto de su reforma de las pensiones, aprobada en el año 2011 y aplicada desde primeros de este año 2013, cuando se desarrolle totalmente para el año 2050, supondrá una reducción de unos 3,5 puntos de PIB, es decir, se retraerán del sistema unos 35.000 millones de euros, respecto del gasto previsto con los derechos anteriores. Si le añadimos la repercusión presupuestaria de la reciente restricción de la jubilación parcial y anticipada (calculada oficialmente en unos 5.000 millones, el 0,5% del PIB), tenemos que el conjunto de estas reformas, cuando se apliquen totalmente, van a detraer al sistema público de pensiones unos 70.000 millones de euros.
Frente a la pérdida de derechos, incremento de los ingresos
No es de extrañar esta cifra, de recorte de gasto público del 7% del PIB. En algunas previsiones oficiales (por ejemplo, de la Comisión Europea) el gasto estimado en pensiones en España, para el año 2060, antes de la reforma del año 2011, se situaba en el 17,7% del PIB y ahora, deduciendo el impacto de la reforma en vigor, lo cifra en el 13,7%. Pues bien, el objetivo institucional de gasto público en pensiones parece que se sitúa entre el 9% y el 10% del PIB, similar al de de estos últimos años. Es decir, que este gasto, el mayor de todos los gastos sociales, se pretende contener y reducir los derechos de los trabajadores y jubilados para que encajen en ese nivel distributivo. Así, aunque haya más pensionistas, vivan más tiempo y la cuantía de las pensiones que se dan de alta en el sistema sean mayores que las que se dan de baja, el total de la tarta a repartir sería el mismo; o sea, mensualmente tocaríamos a menos.
Los objetivos económicos y políticos de la derecha son la contención del gasto público social en detrimento de la seguridad de los jubilados, la prioridad a los compromisos de pago de la deuda a los acreedores financieros (la confianza de los mercados) y el impulso de una nueva oportunidad de negocio para el sector financiero al estimular los fondos privados de pensiones. Pretende imponer la pérdida de derechos y calidad de vida de la mayoría social, para defender los privilegios distributivos privados. Sus resultados son el empobrecimiento de los pensionistas y la subordinación de la mayoría de la sociedad, el retraimiento del consumo de la población y la consolidación de la desigualdad distributiva y el poder empresarial. Todo ello favorece el estancamiento económico y del empleo y la prolongación de la crisis socioeconómica.
Pero la alternativa, particularmente para los sectores progresistas, debiera ser la clásica protección social suficiente a la vejez. Existen recursos para ello y la justificación social y económica es clara. Si aumenta la esperanza de vida (un logro civilizatorio) es normal que la sociedad aumente los recursos necesarios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los ancianos. Si el nivel de riqueza y rentas del conjunto de la sociedad se incrementa, al igual que los beneficios de la productividad del trabajo y, por tanto, la suficiencia presupuestaria y de impuestos, sería lógico que se arbitrara un nuevo acuerdo intergeneracional, con un amplio debate social, que beneficie a toda la sociedad jóvenes, adultos y ancianos. Es un principio básico para garantizar la cohesión social. El obstáculo es que la mayor parte de la tarta, y cada vez más y de forma insaciable, la quiere para sí las capas ricas y el sistema financiero. El resultado es que se somete al deterioro económico y la subordinación e inseguridad a la mayoría de la sociedad cuestionando los pilares de la solidaridad social y su bienestar.
En definitiva, para  consolidar el sistema público de pensiones y para remontar también la crisis económica hay que incrementar el empleo decente (cotizantes), las rentas salariales (bases de cotización) y la suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para ampliar nuestro débil Estado de bienestar y mejorar nuestra democracia. Estamos ante una pugna distributiva y democrática: las opciones están entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y democrática de nuestra sociedad.

L’AMPOSTA DE WERT

Sembla ser que la espanyolització que el Ministre d’Educació i Ciència José Ignacio Wert vol portar a terme a comunitats autònomes com Catalunya i el País Basc estarà encaminada a que els xiquets en edat escolar puguin aprendre la veritable història i literatura d’Espanya. Així, herois i les heroïnes com D. Pelai, Hernán Cortés, Isabel la Catòlica, Agustina d’Aragó o literats com Becquer, Quevedo, Calderón de la Barca, etc., tornaran a ser els protagonistes principals dels llibres de text escolar. S’explicarà que en temps de Felipe II a Espanya no es ponia mai el sol i que la batalla de Trafalgar va salvar Occident de ser conquerit per les hostes otomanes, la qual cosa va permetre conservar la religió Cristiana.

Encara que sembli impossible, molts d’aquests noms que Wert vol que es tornin a estudiar s’han mantingut inalterables en alguns carrers d’Amposta.

Aviat farà 33 anys de la instauració de la Generalitat de Catalunya que va comportar recuperar d’un cert grau d’autonomia, sobre tot en camps com la cultura i l’ensenyament. Els diferents governs d’Amposta han tingut temps suficient per a poder canviar la nomenclatura d’un bon nombre de carrers de la nostra ciutat i adaptar-los als temps actuals; però no ha estat així i, encara avui, hi ha carrers que conserven unes clares connotacions espanyoles i, fins i tot feixistes.

No els citaré tots, però carrers com Isabel la Catòlica, Carles I, Felipe II (tots ells monarques castellans), Agustina d’Aragó, Juan de Austria, Pelayo, Gran Capità -*- (herois espanyols), Pizarro (conqueridor), Calderón de la Barca, Campoamor, Góngora, Cervantes (escriptors), Murillo, Velázquez (pintors), Dos de Maig, Bailén, las Navas (de Tolosa), Trafalgar (accions bèl·liques), han tingut l’honor de conservar les plaques durant tots aquests anys.

Però encara n’hi ha que, malgrat la democratització de l’estat i l’elaboració de lleis com la de la Memòria Històrica han conservat el topònim feixista. Estic parlant dels carrers Ruiz de Alda (fundador de la Falange) i Garcia Morato (aviador del bàndol nacional) i fins no fa tants d’anys García Valiño (l’actual Innocenci Soriano Montagut)  

Però si donem un sentit ampli a alguns dels noms dels carrers, ens en adonarem que n’hi ha que recorden llocs i fets de la famosa contienda, encara que puguin tenir una segona interpretació. Seria el cas dels carrers Àfrica, Melilla, Larache (llocs relacionat amb Franco i la Legió)), Victòria (en commemoració de la victòria franquista), Burgos (durant molt de temps capital de la zona nacional), Guadalajara (batalla), Navarra (divisió nacional comandada pel general García Valiño), Orient (nom de la plaça on Franco acostumava a fer discursos), Vázquez de Mella (polític tradicionalista)

Igual el Ministre Wert no sabria situar Amposta al mapa, però de ben segur que s’emocionaria si s’assabentés que hem sabut conservar els noms d’una sèrie de carrers tan estretament lligats a la història d’Espanya i a l’antic règim. Fins i tot, no descartaria que ens fes una visita oficial com agraïment d’aquest fet singular. I segur que l’alcalde i els seu equip de govern els rebrien de bon grat. Ser independentistes no treu que puguin ser cortesos.  

Vull acabar amb una reflexió: A la vida hi ha que ser coherent; la manca de coherència resta credibilitat. No pots dir que ets catalanista si has mantingut durant anys carrers amb noms d’enemics de la nostra nació.

-*- El Gran Capità va ser Gonzalo Fernández de Córdoba.

XIQÜELOS I XIOQÜELES DEL DELTA A LA MUSCLADA SOLIDÀRIA I

Ante el reto decisivo: más propuestas de unidad ciudadana

Juan Torres López

El pasado 25 de mayo, el Consejo Político Federal de Izquierda Unida hizo público un comunicado ratificando su compromiso para alcanzar un amplio acuerdo político y social destinado a “aglutinar en la movilización y en las luchas a quienes apuestan por una salida social de la crisis, configurada de forma colectiva, un lugar de encuentro y coordinación, de quienes desarrollamos la misma lucha en diferentes planos”. Convencida de que es el momento de “la rebelión democrática”, IU apuesta en el documento por “derribar tabiques, buscar puntos de encuentro, resaltar lo que nos une, minimizar lo que nos separa para coordinar esfuerzos y sobre todo sumar energías, de forma que nos planteemos, no sólo hacer frente a las agresiones del capital, sino sobre todo, construir una alternativa de futuro que dé sentido a las luchas que hoy desarrollan miles de personas en todo el Estado, una Alternativa con vocación de llegar a la mayoría social”.
En mi opinión es una buena propuesta política que muestra un modo generoso de acercase a los demás y que puede contribuir muy positivamente a dar la respuesta política efectiva que se precisa desde hace tanto tiempo para frenar la agresión que ahora realiza el Partido Popular.
Con ánimo de contribuir a esa iniciativa, se me ocurren algunas ideas que expreso con el simple deseo de evitar que se vuelva a ofrecer algo solo un poco diferente pero en esencia más de lo mismo que tenemos ahora.
Como digo, es muy valioso el ofrecimiento de Izquierda Unida pero al mismo tiempo creo que no se puede olvidar que mucha gente sigue viendo a esa fuerza política como una parte más, bien es cierto que distinta, del entramado partidario de la transición, de un modo viejo de hacer política. No se puede negar que IU ha estado siempre en posiciones alejadas de la que han mantenido los partidos mayoritarios, pero también lo es que sus continuas disensiones internas, casi siempre cerradas de modo traumático y poco ejemplar, los postulados arcaicos y dogmáticos que defiende una parte de su militancia, su incompleta apertura a las mujeres, ecologismos y otros movimientos alternativos, o la incoherencia de algunos de sus representantes en instituciones de gobierno o entidades financieras, no le ha permitido ser reconocida por la mayoría de la sociedad como una fuerza completamente diferente a las que, con mayor apoyo social, nos gobiernan. El limitado ascenso que le reconocen las encuestas creo que indican que por sí misma sigue siendo incapaz de constituir la nueva mayoría social a la que sus propios documentos aluden.
A pesar de ello, creo que a nadie cabe la menor duda de que IU es la fuerza primordial para generar una alternativa sólida a la actual situación y que si no es con su apoyo y presencia constante y directa será muy difícil que cuaje una alternativa capaz de poner fin al drama que estamos viviendo.
Algo parecido, aunque en sentido contrario, ocurre con tantos movimientos, organizaciones y asambleas que propugnan nuevas formas de acción política y representación y deliberación social. Están contribuyendo muy decisivamente a cambiar la manera de participar en la vida pública y de reaccionar ante las agresiones, pero por sí mismos son completamente incapaces de poner en pie un alternativa viable, eficaz, y capaz de echar abajo el entramado de corrupción y dominio oligárquico en el que estamos. Para ello se necesita mucha más diligencia y disciplina, mejor y más flexible organización, capacidad de operar en las instituciones y de tomar decisiones con rapidez y eficacia, determinación y no mero asambleísmo, tantas veces paralizante. Y, sobre todo, se precisa una voluntad decidida, que de momento no se ha expresado, al menos con claridad, de actuar como sujeto político y no solo como grupo de presión o referencia moral, por muy importante y necesario que esto sea.
Y a ambos polos les falta algo mucho más importante que las anteriores carencias: la capacidad efectiva de ir mucho más allá de ellos mismos, más lejos del mundo de IU o del que rodea y forman parte el 15-M, las mareas, las asambleas y movimientos diversos que últimamente se han puesto afortunadamente en marcha, y todos los cuales, eso sí, están desempeñando una tarea formidable y titánica para concienciar y movilizar a la población.
La mayoría social que se precisa no está solo en sus universos respectivos sino que hay que salir fuera de elllos. Está allí donde está una ciudadanía a la que aún no han llegado esos discursos, salvo en algunos, y por eso hemos de tomarlos como referenciales, como la lucha contra los desahucios, que han sabido centrar el eje de las luchas en valores o reivindicaciones de ciudadanía, y no en formulaciones abstractas y lejanas e incomprensibles para la mayoría de la gente corriente, o en posiciones ideológicas o lecturas históricas que ya solo comparte, para bien o para mal, una parte muy pequeña de la población.
Por eso, la primera tarea a abordar me parece que debería ser la de formular una propuesta conjunta de acción “traducida” a un lenguaje y a fórmulas políticas comprensibles y atractivas para quienes no forman parte de la cultura tradicional de la movilización social, expresada en el lenguaje de la mayoría de la población y no en la jerga de las vanguardias políticas de las izquierdas tradicionales.
¿Para cuándo un programa común de medidas de urgencia y a corto y medio plazo en el que se muestre con claridad el horizonte en positivo que se abre con quienes ofrecemos otro camino ante los problemas y las agresiones que la mayoría de la sociedad está sufriendo, un programa que se debate y difunda por todas las esquinas de España para que sea asumido y suscrito comprometidamente  por todas las organizaciones, partidos, sindicatos, asociaciones, colectivos, o personas de cualquier tipo… ?
Hemos de ser conscientes, además, de que la gente no quiere contribuir a que se reproduzcan las viejas formas de hacer política y de representar a la población. Es posible que me equivoque pero yo creo que la gente desconfía ya demasiado de los partidos y de las organizaciones del viejo estilo. No digo que eso las obligue a desaparecer, ni mucho menos, pero tengo la seguridad de que quienes deseen apostar en firme por conformar nuevas mayorías sociales deben ofrecerse a la ciudadanía (y no limitarse a llamarla para que venga a ellos) como instrumentos novedosos y no como fines, y mostrar que están dispuestos a entender la vida política y actuar en ella de un modo distinto al hoy día predominante.
¿Por qué no negociar entre todos un nuevo Estatuto de la política y de la representación ciudadana que propicie una especie de nuevo contrato electoral y de representación con la ciudadanía, en el que se acuerde, por ejemplo, la revocabilidad de los mandatos y la forma para llevarla a cabo, los compromisos concretos de quienes resultasen elegidos en parlamentos, gobiernos o demás cargos institucionales, el papel de la deliberación social, las formas de generar y asegurar que se cumplan los mandatos desde abajo, los procesos de toma de decisiones bajo fórmulas de democracia directa, etc….?
Tenemos muy próxima ante nosotros una oportunidad histórica para demostrar que somos capaces de ofrecer a la sociedad todo eso, una nueva forma de ser y de hacer política, un compromiso diferente con la ciudadanía, una capacidad auténtica de transformar, un proyecto de verdadero cambio, de regeneración y de nuevos horizontes que es viable y posible de llevar a cabo. Me refiero a la próxima convocatoria de elecciones europeas en las que sería fundamental concurrir con una candidatura ciudadana plural, de base y de nuevo tipo, que no puede ser ni de una sigla ni de varias sino de la gente.
¿Por qué no avanzar ya hacia una candidatura que tenga como rostros los que quienes se han consolidado en estos últimos años como referentes de la lucha social y de la conciencia ciudadana, que no sea elaborada desde arriba como acuerdo entre direcciones sino desde abajo, mediante procedimientos (quizá elecciones primarias) que revelen las preferencias de las personas normales y corrientes y que hagan efectivo su mandato, para que ellas sean las dueñas de estos nuevos procesos y para que éstos sirvan, sobre todo, para empoderarlas cada vez más y se consiga así que quien decida a partir de ahora lo haga realmente en su nombre?
Espero que Izquierda Unida y las demás organizaciones implicadas en este reto estén a la altura, que innoven de verdad y que no sean conservadoras; y, al mismo tiempo, que también las personas “de abajo” estemos dispuestos a contribuir desde nuestras respectivas actividades y posiciones a que se haga realidad la nueva respuesta política que necesitamos, muy plural y abierta, transversal, generosa, radicalmente democrática y regeneradora, deliberativa pero contundente y eficaz, rigurosamente alternativa y transformadora, republicana, en el sentido más auténtico y amplio del término, y profundamente libre y ciudadana. La única capaz de acabar con las agresiones y los recortes que se ceban y hacen sufrir especialmente con las personas más desprotegidas y necesitadas de nuestra sociedad.
Si lo queremos hacer, vamos a poder hacerlo.