Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el
Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo
con mayor intensidad la política de recortes de gasto público,
incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales
orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha
perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria
electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa
electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como
también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en
España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que
la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido
gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en
la UE, y no la ha tenido en Catalunya?
Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los
mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya
Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del
apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso
en promover el mensaje de que “
no hay alternativas” a tales
políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno
tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó
al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que
había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de
Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al
déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la
diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya
contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través
del gasto público.
De esta lectura de las causas del problema financiero de tal
Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido
liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la
Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica
de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el
mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto
(además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así
corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de
partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una
redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y
la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a
desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País
Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S
(que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y
medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del
Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de
Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni
tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para
tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en
la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es
obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y
que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera
sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme
enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se
intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU,
sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU
ha tenido en el desarrollo de sus políticas.
Las contradicciones del argumentario de CiU
En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o
ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7%
del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito)
al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito).
Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos
del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en
esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros
por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en
los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir
257 euros por habitante menos.
En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar
tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad
no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se
disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los
mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la
Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas
pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de
la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos
vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en
Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org).
Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP
(aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante
en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy
marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad
económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una
vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico,
tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de
las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se
hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido
que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales
deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”,
El Plural, 22.10.12).
Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la
bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había
llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de
impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado
(y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la
Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de
Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el
apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a
los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos
(equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos
que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas
superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al
Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las
noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya.
Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit
público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de
Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento
económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de
la burbuja inmobiliaria.
Cómo respondió CiU a la crisis
Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue
apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los
gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de
Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según
declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a
Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”,
homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal
como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en
España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había
otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de
información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había
alternativas. Veámoslas.
CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero
de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones
catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a
reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras
medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría
haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual
se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo,
como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que
respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de
euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que
había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al
año, consiguiendo 2.500 millones.
Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más
intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy.
Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han
impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública,
que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio
público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de
impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas
que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un
0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300
millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de
Catalunya).
O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del
subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia
de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a
fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a
los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y
dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber
reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de
Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el
Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del
Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el
gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama
de EEUU intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio
50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un
presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha
hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes
fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así
el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base
de recortes.
El mayor problema del retraso social de Catalunya y de
España es la escasez de recursos del Estado, incluyendo de la
Generalitat de Catalunya
El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si
hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es
pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto
público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si
fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se
gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber
recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes
medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista
progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el
Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los
beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido,
paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de
euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a
base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para
centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y
sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa
sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o
institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países
nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5
euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un
largo etcétera.
Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría
de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en
sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y,
naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme
fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y
en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada
por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es
en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios
técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en
las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado
o apoyado medidas correctoras de tal fraude.
Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que
hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de
impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200
millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para
Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades
laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de
atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y
que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230
millones de euros).
Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en
las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y
que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es
decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y
económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse.
Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los
políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que
más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las
poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La
respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la
Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones
de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP)
hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto
plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat
habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU
podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse
como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la
evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no
sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría?
La respuesta es el argumento del “expolio”.
El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de Catalunya
En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término
belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español
reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de
Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de
transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona),
en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad,
cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un
indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que
existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del
primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo
españolista”.
Sistema, 05.10.12). La constante oposición del
establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la
plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en
grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento
que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar
puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la
población catalana.
Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta
por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían
aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término
ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la
propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del
Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un
factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia
el Gobierno central.
Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del
PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal
Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en
Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El
Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra
el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya,
de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad
democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya.
Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan
añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado
las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están
causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido
precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza
política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y
regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están
desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un
Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la
ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o
especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del
trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello
acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la
represión.
Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat
de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor
sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de
instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la
inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de
España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit
social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de
gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos
disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran
el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB
catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la
Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría
lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de
riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de
compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de
compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente
nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los
8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La
mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del
subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro
El subdesarrollo Social de España),
es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el
Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se
ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las
Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones
políticas están agitando las banderas con fines electorales.
Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en
España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran
responsabilidad en el retraso social de las clases populares de
Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán,
convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario,
enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar
siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño.
Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el
11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto),
deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a
tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura
Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy,
con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la
misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso
social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha
salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la
Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de
mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la
dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en
una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta
Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras
dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya.
Llegit a
PÚBLICO.