divendres, 29 de novembre del 2013
El PP prepara otra ley del silencio
Juan Carlos Escudier
Que el PP valora el silencio es una evidencia palmaria. Rajoy, por ejemplo, es una persona lacónica, sucinta y escueta. Si se le pregunta por la contabilidad B de su partido puede enmudecer durante largos períodos de tiempo o, en su defecto, acuñar frases antológicas del estilo “la segunda y tal” que es la versión moderna del “a otra cosa, mariposa” pero sin rima. El mutismo es tan apreciado por el Gobierno que en su búsqueda incesante ha llegado a preparar una ley de Seguridad Ciudadana tipo punto en boca, cuyo complemento necesario es la regulación del derecho de huelga que ahora se nos anuncia.
La iniciativa se ha suscitado después de que una huelga, la de limpieza en Madrid, haya evitado pese a todos sus inconvenientes y a la estulticia de la alcaldesa el despido de más de mil operarios y, paralelamente, haya revitalizado el papel de los sindicatos. Tan estruendosa ha sido la victoria de los trabajadores que el Ejecutivo ha tenido que darse prisa en anunciar esta segunda ley de silencio, no fuera a ser que cundiera el ejemplo y los llamados a ser carne del INEM se decidieran a alterar esta paz de cementerio tan conveniente.
Es verdad que en España se regula la huelga con un decreto anterior a la Constitución y que ésta prevé que una ley orgánica habría de regular “las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Pero también lo es que el citado decreto fue convalidado en 1981 por el Tribunal Constitucional y que toda la jurisprudencia posterior ha llenado cualquier vacío.
Existe una relación exhaustiva de cuáles son los servicios esenciales a preservar en caso de huelga, desde la sanidad a los transportes y comunicaciones, pasando por la producción de energía, agua o la higiene pública. Está prefijado a quién corresponde fijar los servicios mínimos, cuál ha de ser su porcentaje y a qué sanciones daría lugar su incumplimiento, incluidos los despidos. A mayores, está prevista la figura del arbitraje obligatorio, que faculta a la Administración para obligar a reanudar la actividad laboral en caso de que el paro sea gravemente perjudicial para la economía del país. Es obvio que regular sobre lo regulado sólo puede pretender constreñir el derecho de huelga.
No ha sido el único intento. La UCD, allá por 1980, elaboró un anteproyecto y llegó a redactar un capítulo específico del Estatuto de los Trabajadores, que finalmente fue aparcado. Igual ocurrió con un borrador que preparó el Gobierno del PSOE en 1987, un año de alta conflictividad laboral, en el que se incluían duras restricciones al ejercicio de la huelga. Cuatro años más tarde se llegó a preparar una ley, que fue contestada por las centrales con una código de autorregulación. De la negociación entre Gobierno y sindicatos surgió un proyecto que fue debatido y aprobado en el Congreso y tuvo luz verde del Senado. La disolución de las Cámaras lo dejó en el limbo primero y en el olvido después.
La gran novedad del texto era que obligaba a detallar en el plazo de un año, ya fuera mediante acuerdos o laudos, los servicios mínimos aplicables a cada sector y hasta las fechas en las que no podrían convocarse huelgas por los trastornos que podría ocasionar a los ciudadanos y a la economía nacional. Los sindicatos se avinieron al acuerdo por dos grandes razones: la primera era evitar la fijación arbitraria de los servicios mínimos, abusivos en muchos casos, y para los que sólo cabe acudir a los tribunales y esperar años a que te den la razón, algo que sigue ocurriendo en la actualidad; la segunda, desactivar a sindicatos corporativos del estilo del Sepla.
Conviene en este punto recordar cuál ha sido la posición de la CEOE, que nunca vio urgente regular la huelga salvo ahora, en la confianza, o más bien en la certeza, de que el PP lo dejará todo atado y bien atado para sus intereses.
Báñez, auxiliada como viene siendo habitual por la Virgen del Rocío, a la que se encomienda ante las dificultades, ha iniciado ya los contactos con UGT y CCOO para advertirles de lo que les depara. Al Gobierno le gustan las mayorías silenciosas y los ciudadanos callados y quietos. La contrarreforma avanza a la chita callando.
Que el PP valora el silencio es una evidencia palmaria. Rajoy, por ejemplo, es una persona lacónica, sucinta y escueta. Si se le pregunta por la contabilidad B de su partido puede enmudecer durante largos períodos de tiempo o, en su defecto, acuñar frases antológicas del estilo “la segunda y tal” que es la versión moderna del “a otra cosa, mariposa” pero sin rima. El mutismo es tan apreciado por el Gobierno que en su búsqueda incesante ha llegado a preparar una ley de Seguridad Ciudadana tipo punto en boca, cuyo complemento necesario es la regulación del derecho de huelga que ahora se nos anuncia.
La iniciativa se ha suscitado después de que una huelga, la de limpieza en Madrid, haya evitado pese a todos sus inconvenientes y a la estulticia de la alcaldesa el despido de más de mil operarios y, paralelamente, haya revitalizado el papel de los sindicatos. Tan estruendosa ha sido la victoria de los trabajadores que el Ejecutivo ha tenido que darse prisa en anunciar esta segunda ley de silencio, no fuera a ser que cundiera el ejemplo y los llamados a ser carne del INEM se decidieran a alterar esta paz de cementerio tan conveniente.
Es verdad que en España se regula la huelga con un decreto anterior a la Constitución y que ésta prevé que una ley orgánica habría de regular “las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Pero también lo es que el citado decreto fue convalidado en 1981 por el Tribunal Constitucional y que toda la jurisprudencia posterior ha llenado cualquier vacío.
Existe una relación exhaustiva de cuáles son los servicios esenciales a preservar en caso de huelga, desde la sanidad a los transportes y comunicaciones, pasando por la producción de energía, agua o la higiene pública. Está prefijado a quién corresponde fijar los servicios mínimos, cuál ha de ser su porcentaje y a qué sanciones daría lugar su incumplimiento, incluidos los despidos. A mayores, está prevista la figura del arbitraje obligatorio, que faculta a la Administración para obligar a reanudar la actividad laboral en caso de que el paro sea gravemente perjudicial para la economía del país. Es obvio que regular sobre lo regulado sólo puede pretender constreñir el derecho de huelga.
No ha sido el único intento. La UCD, allá por 1980, elaboró un anteproyecto y llegó a redactar un capítulo específico del Estatuto de los Trabajadores, que finalmente fue aparcado. Igual ocurrió con un borrador que preparó el Gobierno del PSOE en 1987, un año de alta conflictividad laboral, en el que se incluían duras restricciones al ejercicio de la huelga. Cuatro años más tarde se llegó a preparar una ley, que fue contestada por las centrales con una código de autorregulación. De la negociación entre Gobierno y sindicatos surgió un proyecto que fue debatido y aprobado en el Congreso y tuvo luz verde del Senado. La disolución de las Cámaras lo dejó en el limbo primero y en el olvido después.
La gran novedad del texto era que obligaba a detallar en el plazo de un año, ya fuera mediante acuerdos o laudos, los servicios mínimos aplicables a cada sector y hasta las fechas en las que no podrían convocarse huelgas por los trastornos que podría ocasionar a los ciudadanos y a la economía nacional. Los sindicatos se avinieron al acuerdo por dos grandes razones: la primera era evitar la fijación arbitraria de los servicios mínimos, abusivos en muchos casos, y para los que sólo cabe acudir a los tribunales y esperar años a que te den la razón, algo que sigue ocurriendo en la actualidad; la segunda, desactivar a sindicatos corporativos del estilo del Sepla.
Conviene en este punto recordar cuál ha sido la posición de la CEOE, que nunca vio urgente regular la huelga salvo ahora, en la confianza, o más bien en la certeza, de que el PP lo dejará todo atado y bien atado para sus intereses.
Báñez, auxiliada como viene siendo habitual por la Virgen del Rocío, a la que se encomienda ante las dificultades, ha iniciado ya los contactos con UGT y CCOO para advertirles de lo que les depara. Al Gobierno le gustan las mayorías silenciosas y los ciudadanos callados y quietos. La contrarreforma avanza a la chita callando.
dijous, 28 de novembre del 2013
MAREJADA A LA CÚPULA DE L’AEAT
Des de fa uns dies, per l'AEAT de Madrid
hi ha un gran revolt. Tan gran és que s’ha penjat un comunicat oficial
a la revista interna: La Ventana de la Agencia. No recordo cap precedent
similar.
El que us explicaré no vulnera el secret
professional al que estic obligat com a funcionari, ja que ha sortit als
mitjans de comunicació, com per exemple al diari el País.
Resulta ser que a l’oficina tècnica
de grans contribuents de Madrid es va destituir a una inspectora per no
acceptar un recurs de l’empresa Cemex. El fet va provocar la dimissió
del seu cap i un conat de dimissions en cascada que, finalment no es va
produir. Però el que deia abans, marejada n’hi ha...
Amb la poca informació que tinc, m’he
fet la meva pròpia pel·lícula. La empresa Cemex (Cementos de Mexico) va
tenir una inspecció i, segurament va sortir una milionada a pagar.
L’empresa no hi va estar d’acord i va presentar un recurs que la inspectora
cessada no va acceptar.
La gent del territori coneix Cemex per
la fàbrica que té al terme d’Alcanar. Si busqueu informació per Internet
veureu que la cimentera mexicana està present a 50 països i, fins i tot,
ha rebut diversos premis internacionals com per exemple el de Negocis del
Món del Programa de Desenvolupament de l’ONU (2006)i el The Corporate
Citizen of the Americas Award 2007 que li va atorgar l’OEA. Però a la
seva història també hi ha hagut pàgines fosques.
Possiblement, ara mateix, estem davant
d’una d’elles. L’empresa té repartides per la zona mediterrània i centre
d’Espanya gran quantitat de fàbriques de ciment i plantes de derivats;
per tant, estem davant d’una empresa poderosa i amb una plantilla gran
de treballadors. El xantatge està servit: ‘o em rebaixes la milionada
què pretens cobrar-me o presento un Ero i de sobte et trobaràs amb centenars
de treballadors al carrer’. Repeteixo, això és la pel·lícula que jo m’he
muntat, ja que no tic cap constància de que ha estat així precisament.
Quina conclusió hi traiem? Què una vegada
més els poderosos reben un tracte preferent de les administracions, mentre
que el humils, la gent corrent, davant d’una inspecció, hauran d’acabar
pagant, ja que les possibilitats que tenen d’eludir l’obligació són escasses.
Tornant a Cemex d’Alcanar, no sé si
sabeu que fa un temps van fer un Ero que va afectar la pràctica totalitat
de la plantilla. Uns mesos després van rebre una comanda important i van
tornar a contractar-los, això sí, amb una rebaixa de sou significativa.
La situació és un bon retrat de com funciona
actualment l’economia i l’acudit del Faro que il·lustra aquest escrit
ho explica gràficament de forma impecable.
Per acabar vull recordar que l'enrenou del DNI de la Infanta Cristina ja va provocar la destitució de la Directora General de l'AEAT.
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