Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Salamanca
José Ignacio Antón Pérez
Profesor Ayudante Doctor. Universidad de Salamanca
La decisión del Gobierno de España de congelar los salarios de los
empelados públicos por quinto año consecutivo ha vuelto a llevar a los
titulares de los periódicos la cuestión del tratamiento salarial de este
colectivo y su situación vis a vis con el resto de los empleados. No
hace mucho tiempo, distintos medios de comunicación se hicieron eco de
una interesante noticia sobre las diferencias salariales entre empleados
públicos y privados calculadas por los servicios del INE a partir de la
Encuesta de Estructura Salarial de 2010 (EES 2010). Por ejemplo, el
diario
El Mundo (29 de octubre de 2012, página 34) encabezaba una
de sus noticias con el titular “Sueldos privilegiados en las CCAA
rescatadas”. Esta encuesta, la EES 2010, sin duda la más completa de las
disponibles en lo referente a información salarial, permitía, por
primera vez, realizar este tipo de análisis en nuestro país con una
solvencia de la que adolecían otras estimaciones realizadas con
anterioridad, que se apoyaban en datos de hace más de una década en el
mejor de los casos. Por otra parte, el momento de la publicación de los
datos, en pleno conflicto laboral de los empleados públicos afectados
por una bajada nominal de salarios en 2010, su congelación desde
entonces y una bajada puntual de la paga extraordinaria de Navidades en
2012, dotaba a los resultados de este trabajo de un cierto morbo
informativo: ¿eran razonables las demandas salariales de los empleados
públicos? O, por el contrario, ¿no eran los empleados públicos un
colectivo con unas condiciones laborales “injustificadamente buenas”
teniendo en cuenta las circunstancias del país, y por lo tanto sus
reivindicaciones y protestas cuestionables y egoístas? Por lo publicado,
podría deducirse un cierto consenso en torno a la segunda opción,
indubitable en aquellos medios que llegaron a hablar de “sueldos
privilegiados”.
Sin embargo, una lectura sosegada de los resultados de la encuesta
nos revela que tales conclusiones eran, a lo sumo, precipitadas. Cuando
se comparan variables como puedan ser los salarios de las personas
resulta importante, si se quieren sacar conclusiones científicamente
solventes, que la comparación se haga entre iguales. Si queremos
analizar las diferencias en las remuneraciones que perciben dos
trabajadores de dos grupos distintos, es importante que comparemos dos
personas tan iguales entre sí como sea posible, exceptuando su
pertenencia al grupo en cuestión, ya que de no hacerlo así podríamos
acabar achacando a esta pertenencia una diferencia en salarios que
explica la edad, la antigüedad, la formación, el sector en el que se
emplea o cualquier otra característica que influya en la determinación
de los salarios. Pues bien, desafortunadamente el análisis del INE, y,
en particular, la interpretación mediática que se hizo de unos
resultados que no tenían cuenta las diferencias en distintas
características (experiencia, antigüedad o nivel educativo, por ejemplo)
entre ambos colectivos que afectan a la productividad de los
trabajadores, tomaban sólo muy parcialmente en consideración este
problema. Del mismo modo, las menciones a la brecha de género que obvien
cuáles son las características de los trabajadores no reflejan
necesariamente la situación de las mujeres en términos de
discriminación. Si, por ejemplo, las mujeres tuviesen un mayor nivel de
escolaridad que los hombres, a igualdad en el resto de condiciones, la
brecha bruta calculada a partir de los salarios medios subestimaría el
nivel de desigualdad de género en el mercado laboral.
Con el objetivo de profundizar en el nivel y características de las
diferencias salariales entre empelados públicos y privados en España y
desentrañar si las conclusiones mencionadas eran correctas, hemos
acudido a la misma encuesta utilizada por el INE, pero poniendo el
máximo cuidado en realizar la comparación entre iguales, utilizando para
ello las técnicas estadísticas más actuales empleadas en la literatura
científica. De la aplicación de esta rigurosa metodología a la encuesta
arriba señalada se obtienen algunos resultados muy interesantes entre
los que destacan:
1) Efectivamente, tomados en su conjunto y sin mayores
consideraciones, los trabajadores públicos tienen un salario hora
—antes de impuestos— más elevado que los trabajadores del sector
privado. Esa diferencia se sitúa en el entorno del 23% en el caso de los
hombres y en el 40% en el de las mujeres.
2) Tal diferencia se explica, en gran medida, por las diferentes
características de los trabajadores de uno y otro sector. Así, por
ejemplo, los trabajadores del sector público son normalmente mayores en
edad (y por lo tanto han acumulado mayor antigüedad) y tienen más
estudios (el 52% de las mujeres y el 40% de los hombres del sector
público tienen estudios universitarios frente al 28 y 22% en el sector
privado, respectivamente), circunstancias que están asociadas a mayores
sueldos.
3) Cuando se tienen en cuenta estas diferencias, las brechas
salariales entre los trabajadores de uno y otro sector se reducen de
forma muy significativa. La forma de hacer este cálculo es estimar qué
parte de esa divergencia salarial está explicada por diferencias en las
características de las personas que trabajan en el sector público y en
el privado y qué parte no desaparecería aunque se tuvieran en cuenta
dichas disparidades. De acuerdo con los resultados obtenidos, en el
caso de los hombres, la prima salarial favorable a los empleados
públicos se reduce a alrededor del 7%. Ello significa que las dos
terceras partes de la prima salarial bruta “observable” a la que nos
referíamos más arriba se explican por diferencias en las características
de los empleados públicos. En el caso de las mujeres, una vez
consideradas estas diferencias la prima salarial se reduce al 16%, un
valor todavía significativo, pero sensiblemente inferior de la
diferencia bruta observada.
4) La pregunta natural que genera esta última constatación es
qué razones pueden estar detrás de la mayor prima salarial no explicada
en el caso de las mujeres con respecto a los hombres empleados en el
sector público. La respuesta tiene que ver, posiblemente, con la mucho
mayor brecha de género que existe en el sector privado (esto es, la
diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras a igualdad de
características), que asciende al 24% frente a menos del 11% en el
sector público (15% y 11% cuando se tienen en cuenta las características
de los trabajadores). En definitiva, una de las razones que explican
los mayores salarios del sector público, donde las mujeres tienen un
mayor peso, es la menor brecha de género. Este resultado se observa
también para otras economías desarrolladas.
5) La información disponible nos permite dar un paso más
adelante en nuestro conocimiento de las diferencias salariales entre
sector público y privado. Los valores “netos” de brecha , esto es
teniendo en cuenta las diferentes características de los trabajadores y
trabajadoras de uno y otro sector, a los que nos hemos referido más
arriba, corresponden a la diferencia promedio, es decir, para el
conjunto de los trabajadores. Tan interesante como este dato es conocer
cómo se distribuye esa brecha para los distintos tipos de trabajadores
de la administración pública con diferente nivel de remuneraciones. Pues
bien, en el caso de los hombres lo que se obtiene es que la prima
salarial es ligeramente mayor en el supuesto de los trabajadores con
bajos salarios y va disminuyendo hasta convertirse en negativa para el
5% de los trabajadores del sector público con salarios más elevados.
Esto es, los trabajadores de mayor cualificación en el sector público
estarían peor remunerados que en el sector privado. En el caso de las
mujeres, la prima es siempre positiva aunque con valores sensiblemente
menores en el caso de las trabajadoras de mayor salario.
Resumiendo, las para muchos obscenas diferencias salariales entre
empleados, y sobre todo empleadas, públicos y privados no lo son tanto
cuando se tienen en cuenta las diferentes características en términos de
edad, educación, sector de actividad, ocupación, etc. de unos y otros
trabajadores. En segundo lugar, lo que es válido para el trabajador
medio no lo es para los trabajadores de mayor nivel salarial del sector
público, cuyas primas salariales con respecto a sus colegas del sector
privado son mucho menores, pudiendo llegar a ser negativas (esto es, una
penalización). Por último, si tenemos en cuenta que la comparación
salarial se ha realizado con datos correspondientes a hace tres años y
que desde entonces los empelados públicos han visto congelados sus
salarios y aumentada su jornada laboral es muy probable que en la
actualidad la brecha salarial no explicada por las características de
los trabajadores en uno y otro sector en la actualidad haya
prácticamente desaparecido.
Yendo más allá de los datos podemos preguntarnos qué explica esas
diferencias. Un factor claro es la menor (que no ausencia) brecha de
género existente dentro del sector público. Por decirlo de forma brusca,
si el objetivo aplaudido por muchos es que en el sector público los
trabajadores ganen lo mismo que en el privado, una de las cosas que
habría que hacer es aplicar la misma brecha de género, algo que no se
nos hace muy aceptable ni como principio moral ni como eslogan político.
Por último es importante reflexionar por qué debería ser el sector
privado el que se tome como
benchmark o umbral de lo que es
adecuado o lo que es un privilegio. Durante mucho tiempo el sector
público ha utilizado su capacidad como gran empleador para marcar pautas
de empleo que consideraba adecuadas para el conjunto de la sociedad,
como forma de marcar un objetivo que con el tiempo fuera abarcando
también, ya por imitación ya por regulación, al sector privado. Desde
esta perspectiva, lo que para algunos son privilegios para otros pueden
ser modelos a generalizar. Salvo que creamos en la existencia de los
mercados perfectamente competitivos y las economías idealizadas de los
libros de texto de microeconomía no hay ninguna razón por la que el
salario de mercado tenga que ser el “salario” correcto o justo ni, desde
luego, el salario deseable. Pero esto es harina de otro costal.