Los actuales pensionistas como el resto de la población ya contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del Sistema Público de Salud, por lo que la ministra Dolors Montserrat trata de aplicar un impuesto añadido, esta vez sobre los enfermos, cuando retiran sus medicamentos en la farmacia: un repago sobre la enfermedad
GASPAR LLAMAZARES
Da la impresión de que cada ministro/a de Sanidad viene con el pan de las maniobras de distracción debajo del brazo. No es la primera vez tampoco que esta maniobra disuasoria versa sobre el llamado copago farmacéutico, convenientemente aderezado con retórica hueca sobre su distribución justa entre diferentes niveles de renta.
GASPAR LLAMAZARES
Da la impresión de que cada ministro/a de Sanidad viene con el pan de las maniobras de distracción debajo del brazo. No es la primera vez tampoco que esta maniobra disuasoria versa sobre el llamado copago farmacéutico, convenientemente aderezado con retórica hueca sobre su distribución justa entre diferentes niveles de renta.
Lo primero que resaltar y recordar es que tanto los actuales pensionistas como el resto de la población ya contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del Sistema Público de Salud. Por tanto, lo que trata la ministra Dolors Montserrat es aplicar un impuesto añadido, esta vez sobre los enfermos, cuando retiran sus medicamentos en la farmacia. Se entiende entonces que sería un repago sobre la enfermedad y que afectaría, precisamente, a aquellos sectores de la población que padecen por su avanzada edad afecciones y dolencias crónicas unidas a diversas patologías, pero que también, por esa misma condición de edad, son los sectores que han contribuido a lo largo de décadas de su vida a la financiación de un sistema sanitario del que justo ahora necesitan más atención.
Últimamente los pensionistas no ganan para sustos ya que hace bien pocas fechas han visto cómo el Gobierno no atiende siquiera a la revalorización de sus pensiones. Por si no fuera suficiente, ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy los convierte en los chivos expiatorios de una nueva maniobra de distracción, con el argumento de que las pensiones de cien mil euros pagan lo mismo que las de más de dieciocho mil. Como si no fuesen una absoluta minoría los pensionistas ricos y aún menos los que además recurren a la sanidad pública.
Por otra parte, llama la atención que se pretenda racionalizar el gasto farmacéutico haciendo hincapié en el papel del paciente, cuando quien de verdad decide no es él sino el médico que prescribe. Y, por encima de ambos, la Administración la que autoriza e incorpora los fármacos a la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público.
A todo ello se suma el hecho de que el gasto farmacéutico se incrementa en mayor medida en el ámbito hospitalario, y fundamentalmente con los fármacos novísimos, los oncológicos, los antivirales, los biológicos… sobre cuyos precios finales las compañías farmacéuticas y la Administración –y no ya el paciente– tienen una influencia determinante, cuando no exorbitante.
Pero, si no se trata de recaudación por lo reducido de la población afectada, ni de moderar la demanda que se genera en otros ámbitos, ¿cuál es la intención del Gobierno? ¿Qué pretenden el PP y sus ministras de Sanidad en cada maniobra recurrente sobre el copago farmacéutico?
Pienso que se busca en primer lugar introducir una sostenibilidad financiera en el sistema y la alternativa de su mercantilización y privatización, como hace el PP con la gestión en aquellas CCAA donde gobierna. Aunque parece también que la intención es la de mantener los copagos actuales ante la previsible ofensiva de la oposición, por aquello de "¡virgencita que me quede como estoy!". Recordemos que mantener los copagos y la exclusión sanitaria son dos cuestiones que llevan el marchamo del PP a través del funesto decreto 16/2012.
Además, el Ejecutivo de Rajoy también está lanzando un mensaje a las instituciones neoliberales: las contrarreformas no se tocan. Pero, sobre todo, el Gobierno busca eludir su responsabilidad en la medicamentalización del sistema de salud y en las relaciones de subordinación de la Administración respecto a la industria multinacional de la farmacia y las tecnologías sanitarias.
