diumenge, 22 de desembre del 2013

PAISATGES DEL NOSTRE TERRITORI. EL MONTSIANELL






Marea Verde, de la reacción a la proposición

Les escoles públiques estaven als baixos de l'ajuntament.
Matías Escalera Cordero
Autor de Memorias de un profesor malhablado (Amargord, 2013)

La Marea Verde, ese conglomerado de asambleas de todo tipo y carácter, de organizaciones ciudadanas, de padres, de estudiantes y de profesores, e incluso políticas y sindicales, que defienden una Escuela Pública vertebradora del sistema educativo, y no reducida al papel de mero componente degradado y subsidiario en una red educativa privatizada, es el resultado de la confluencia de tres factores aparentemente dispares. Uno es la labor de resistencia y persistencia, durante años, de las plataformas en defensa de la escuela pública, que como la de Vallecas (de donde surgen precisamente los símbolos que la identifican, la camiseta verde y el lema “una escuela de tod@s para tod@s” ) aportan memoria y fundamentos; otro lo constituye el 15M, no sólo en cuanto tal fenómeno arrebatador y catalizador de acciones y energía, sino también, y sobre todo, por lo que supuso en términos prácticos y efectivos, al reintroducir la asamblea y la horizontalidad como métodos de lucha y de auto/movilización, si pudiese ser expresado así, en los movimientos de masas, después de décadas de olvido; en concreto, desde la Transición y la posterior consolidación del sistema político y social surgido de la misma, el actual régimen. Y el tercer factor –y no sería el menos importante– es la torpeza estratégica que supusieron las famosas instrucciones de julio de 2011, de la Consejería de Educación de Madrid, encabezada por Lucía Figar; cuyos efectos provocadores y reactivos se encargó luego de incrementar con su conocida impericia uno de los políticos más ineptos de los últimos tiempos, el ministro Wert.
En efecto, es a sus respectivas inepcias personales, que se sumaron a las de sus respectivos equipos de asesores, que no lograron –amparados en el dato objetivo de su mayoría absoluta– prever la reacción que provocarían unas mediadas tan groseras y brutales contra la escuela pública (en Madrid, primero, y, luego, en el resto del estado), a lo que debemos el surgimiento de este movimiento de protesta y denuncia, cuando de haber continuado con la política de goteo que habían seguido hasta ese momento los equipos del PP, minando poco a poco los cimientos de la escuela pública y desviando fondos subrepticiamente, es posible que la cosa hubiese continuado en las mismas coordenadas en las que estaba desarrollándose este proceso hasta ese momento: una reacción minoritaria entre los profesores afiliados a los sindicatos y entre los padres y alumnos más concienciados, y punto.
Es, pues, a esta falta de análisis y de previsión de Figar, Wert y sus equipos a la que debemos, en gran medida, la reacción tan inesperada como contundente de uno de los colectivos más pasivos y acomodaticios de las dos últimas décadas, un gremio, el de los docentes, que había permanecido prácticamente paralizado desde los movimientos huelguísticos de finales de los años ochenta, frente a la progresiva y paulatina degradación de sus condiciones de trabajo.
Pero por qué fueron tan provocadoras y frutos de la incapacidad política aquellas instrucciones y todas las medidas que vinieron después y que han culminado en la desastrosa tramitación de ese despropósito que es la LOMCE. Porque aquellas instrucciones, y sus secuelas, llegaron en un momento paradójicamente inoportuno, a pesar de lo que entonces se creía, a la espera, como estaba el Partido Popular y toda su tropa mediática, de la ansiada mayoría absoluta que conseguirían, en efecto, unos meses después; y lo era, inoportuno, no tanto por ello, la mayoría absoluta estaba cantada (y todos la dábamos por descontado), sino porque esas medidas tan extremas y groseras contra la Escuela Pública madrileña se dieron en un momento de repolitización efectiva y de recuperación del poder de movilización ciudadana, que se había puesto en marcha durante las primeras grandes asambleas del 15M; tan frescas aún, por entonces, en la memoria colectiva. Y porque esas medidas fueron percibidas por ese mismo profesorado, que llevaba desmovilizado más de dos décadas (e inmediatamente después, por los padres y por los estudiantes), como un cambio no ya sólo cuantitativo, sino cualitativo en las políticas contra lo público, en general, y contra la escuela pública, en particular, que los gobiernos del Partido Popular habían estado llevando a cabo hasta ese momento.
Era tan claro el trasvase de recursos que se pretendía desde la esfera de lo público a lo privado (exactamente igual que sucedía en el ámbito de la sanidad), que una enorme masa de ciudadanos, ajenos a la comunidad educativa, una vez que se frenaron los efectos de aquella primera campaña de desprestigio contra los profesores, que el gobierno de Madrid y sus voceros orquestaron, cimentada en una ristra de mentiras, de medias verdades, insidias y calumnias insostenibles acerca de la supuesta pereza de los docentes, la mayoría social se sintió solidaria con ellos y con la lucha que representaban.
Así, pues, el desarrollo de la Marea Verde, desde esos primeros momentos hasta alcanzar su máxima expresión con las dos últimas huelgas generales educativas (históricas ambas por varios motivos: por la convocatoria unilateral de los padres, en una; y por la globalidad alcanzada, en la otra), ha estado marcado por la horizontalidad, por la versatilidad y por la universalidad, pues, por primera vez, desde que tengo uso de razón política y social, se puede afirmar con total verdad y rotundidad que hay “comunidad educativa”, que profesores, padres y estudiantes constituyen una comunidad no sólo de intereses, sino de emociones y proyectos compartidos, tal como se ha demostrado en la huelga indefinida de la escuela pública mallorquina, o se demostró en la “primavera valenciana”, o se ha demostrado en la persistente lucha de la escuela pública madrileña o catalana, por poner sólo algunos ejemplos relevantes de los últimos años. Y esta es la auténtica fuente de donde mana, creo, la fuerza y la eficacia movilizadora de la Marea Verde, y su capacidad de influencia social y política. Porque contra la impresión que algunos tienen, quizás por la natural fatiga acumulada en tantos meses de lucha, la Marea Verde ha alcanzado metas y ganado batallas importantísimas.
En primer lugar, hemos conseguido modificar e invertir la imagen social degradada y humillante que los gobiernos del Partido Popular y la caverna mediática pretendían dar del profesorado de la Escuela Pública con sus insultos y calumnias, en los primeros meses de conflicto en Madrid, sobre todo. Campaña durísima que motivó, en buena parte, mis Memorias de un profesor malhablado, librito concebido como herramienta de combate y de reflexión para todos aquellos que no conocen lo que es e implica ser profesor de la escuela pública en sociedades tan complejas como las actuales.
En segundo lugar, la marea Verde ha logrado algo impensable hace tan solo un año y medio; ha conseguido no sólo frenar la LOMCE, una ley que nace muerta, sino que ha logrado desacreditar socialmente las políticas y a los políticos que la han suscitado y apoyado.
Y, en tercer lugar, lo que considero más importante, la marea Verde ha conseguido incluir en la agenda política y en el debate social a la Educación, por primera vez, quizás, en la historia reciente de este país (al menos, desde los dos primeros años de la Segunda República española). De modo que, en los últimos meses, y esto es muy significativo de por dónde va e irá esta lucha a partir de ahora, las asambleas que constituyen la marea verde a lo largo de todo el estado, han pasado o están pasando de un estadio reactivo a un estadio propositivo; esto es, de la defensa cerrada de la escuela pública actual, a la reflexión acerca de la escuela pública que deseamos y necesitamos, elaborando diversas alternativas o “libros verdes” que confluirán necesariamente en una ley de iniciativa popular sobre la educación, que será un hito histórico en este país y que, por primera vez, expresará la idea que de la Escuela Pública tiene la mayoría social, sobre la que se podrá establecer, quizás, un definitivo pacto educativo que sustente el modelo de escuela y educación vigente durante las próximas generaciones. Y esto último justificaría, por sí solo, nuestra lucha y el largo y persistente esfuerzo de padres, estudiantes y profesores de la Escuela Pública en su defensa y dotación de sentido.

dissabte, 21 de desembre del 2013

MÚTUES

Maçanet de Cabrenys.
Abans de començar a escriure, m’he posat a pensar sobre el poc que sé sobre aquestes entitats. No obstant això, penso que el que s’està intentant fer és un retorn cap el passat, millor dit, ens obliguen a retornar al passat. Imagineu-vos una de les pel·lícules de la nissaga de “Retorn al futur” de Robert Zemeckis amb Michael J. Fox com a protagonista principal. Segur que recordeu el film.
L’origen de les mútues o de les societats mútues es remunta a fa més d’un segle. Al Nord de Catalunya (què no a la Catalunya Nord) encara hi queden vestigis, ja que moltes mútues (normalment agràries) a l’hora de construir les seves seus, van optar pel modernisme i, per tant, aquests edificis, reconvertits en centres cívics, casals, etc., han sobreviscuts fins avui en dia.
Amb la creació de la Seguretat Social tal com l’hem conegut fis ara, ja sigui amb la denominació de Institut Nacional de Previsió o Instituto Nacional de la Seguretat Social, moltes d’aquestes mútues van desaparèixer, ja sigui per que van ser absorbides o bé perquè van fer fallida.
Però no tothom podia estar dintre dels sistema públic de l’INSS, ja que els funcionaris tenien un règim mutual diferent. Així n’hi havia un per als funcionaris de l’administració local, un altre per als militars de carrera i, també per als que, com jo, som funcionaris de l’Administració de l’Estat. MUFACE, tal i com es coneix la Mutualitat de Funcionaris de l’Estat, és, encara de les poques mútues que queden al sector públic.
El funcionament de MUFACE té considerables diferències amb l’INSS. Si bé és cert que el funcionament és bastant similar (tant l’empresa com el treballador paguen les seves quotes), l’atenció sanitària és un tant peculiar. En principi són mútues privades de salut les que donen el servei d’atenció sanitària. Antigament només n’hi havia tres: ADESLAS, SANITAS i ASISA. Però al llarg dels anys hi ha hagut moviments. Mentre unes sortien les altes entraven (DKV, MAPFRE...) El problema és que MUFACE paga poc a les mútues que té concertades i aquests, evidentment, als facultatius que li presten el servei sanitari.
Altres diferències és que els mutualistes som els que portem el talonari de receptes cada vegada que ens anem a visitar i quan s’està acabant, se’n ha de demanar un altre. També, al contrari del que passa amb la majoria dels treballadors, només paguem un 30% del cost del medicament, però a per vida. Es a dir, el dia que ens jubilem (es suposa que quan ets més gran també necessites més medicaments), seguim pagant un 30%. Però sense cap mena de dubte, la gran avantatge és que per acudir a un metge especialista no ens cal passar prèviament pel de capçalera i només ens cal demanar hora que se’ns donarà en un termini més o menys curt. Normalment no cal esperar-nos massa setmanes.
Però a partir de 2014 sembla que algunes d’aquestes coses canviaran i que, a la llarga, el nostre sistema sanitari pot arribar a convertir-se en uns sistema mixt, es a dir, entre públic i privat. De moment, la caixa dels trons ha estat iniciada per ADESLAS que traurà de la seva carta de serveis els facultatius amb més prestigi que, normalment, són els que més cobren. A partir d’aquest moment, els funcionaris haurem d’optar en acudir als metges de l’ICS o bé als que encara quedaran donant servei a la mútua.
Si un vol seguir amb l’antic facultatiu haurà de contractar una pòlissa complementaria i, evidentment, tindrà un gasto que abans no tenia. Si s’opta per aquesta segona opció, estaríem dintre dels sistema mixt del que abans us parlava.
És constata una vegada més la pèrdua de drets socials que venim patint els funcionaris en els darrers anys: retallada i congelació de sous, supressió de dies de vacances i assumptes propis per acabar amb el copagament sanitari.
Algú pensarà que ja ens està bé i que sempre hem estat uns privilegiats... Mireu, els funcionaris defensem el nostre status, com la resta dels treballadors haurien de defensar el seu. Aquell que pensi el contrari s’està equivocant i fent el joc als nostres dirigents que són els que ens han ficat en aquesta situació. Als uns i als altres!  

SOBRE LA RIFA DE DEMÀ



Segons diuen els venedors de Loteria Nacional, aquest anys a Catalunya s’hi juga menys diners que els anys precedents. De fet l’any passat ja se’n va jugar menys. Un dels factors sembla ser l’econòmic. La crisi fa que la gent destini a les necessitats vitals els pocs recursos que disposen. L?any passat, recordem-ho, tots els treballadors públics van patir la supressió de la paga extraordinària de Nadal i, aquest fet, va ser clau per a que s’hi jugués menys que mai. En el meu cas ho puc dir amb tota seguretat.
Per al 2014 la paga extraordinària només s’ha suprimit als treballadors de la Generalitat de Catalunya i, encara que amb menys incidència, segur que també ha estat determinant.
No obstant hi ha hagut un altre factor: la Grossa de Cap d’Anys que ha tret Loteries de la Generalitat. Està clar que no és el mateix que el dècim costi 20 euros que 5 i, a sobre, han estat molts els que, segur, s’ho han mirant en clau nacional.
Però la rifa de demà també serà la primera rifa de Nadal que patirà la retenció del 20% per a tots els premis superiors a 2.500 euros. Això ha fet que a moltes de les participacions que solen fer les entitats per a recavar fons per al seu finançament, s’hagi advertit que, en el cas de que toqui un premi superior a la quantitat mencionada, la retenció s’aplicarà proporcionalment al premi que hagi tocat per cada butlleta.
En el cas de les butlletes que hem venut la colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, no ho hem posat, però si la llei diu que ha de ser així, evidentment no ens queda cap d’altra solució que disminuir la quantia del premi proporcionalment.
Però segons informa avui el Periódico deCatalunya això no queda clar del tot. Hi ha experts que opinen que per a que s’hagi d’aplicar la retenció el premi ha de ser individual i no col·lectiu. Es a dir, suposem que toquin 3.000 euros per dècim i els 20 euros del cost s’ha repartit entre 15 persones, sembla ser que llavors no s’hauria d’aplicar sempre que es demostri que aquell dècim ha estat compartit, al menys que algú hagi comprat diverses participacions i que el premi total pugi més de 2.500 euros. I, en aquest darrer cas, cóm es demostra?  
Segons els experts sembla ser que valdria qualsevol prova admissible en dret per acreditar que un número és compartit. En el cas de les participacions sembla clar que es podria demostrar, però en el cas de que un grup d’amics decideixen comprar i compartir el mateix número o els treballadors d’una empresa... En aquest cas sembla que ser que seria valida una declaració o un contracte o algun tipus de document privat que així ho digui. Una mica complicat, no trobeu?
Quan he opinat sobre aquest tema sempre he dit una cosa. Si l’Estat destina a premis el 70% de la recaptació, no hauria estat molt més lògic dir que durant uns anys en lloc de ser el 70 seria el 60 o el 55?
De vegades ni ells mateixos saben amb certesa en quin conflicte s’acaben posan