Arturo González
Si hay alguna afirmación ridícula, gratuita y peregrina es sostener
que la imputación de una Infanta puede acarrear el resquebrajamiento de
los pilares del Estado. ¿Alguno de ustedes ha notado que desde ayer las
estructuras del Estado se hayan agrietado como consecuencia de la
imputación de la infanta Cristina, ya para siempre y pase lo que pase en
la posteridad y la fama más indeseables?
La mezcla de lo político, lo jurídico y lo morboso de todo lo
monárquico incrementa a nivel máximo el interés público como sustento y
alimento social. Ya hay tema de conversación nacional para varios meses,
años si no se anula la imputación. La Infanta es una pieza a cobrar o a
salvaguardar, no hay término medio.
Desde luego los pilares del Estado no se sustentan en esta
imputación, que debiera ser un hecho irrelevante. Ni siquiera la
Monarquía es un pilar del Estado. No hay más pilar, cimiento o base que
los ciudadanos, organizados en democracia. Si mañana mismo España pasar a
ser república como forma de definición, el Estado permanecería incólume
y sin la menor fisura. Incluso hay quienes dicen, muchos, muchísimos,
que antes bien los soportes del Estado se reforzarían.
El juez le ha hecho a la Infanta el favor de imputarla, con lo que
está facultada para mentir, no decir la verdad o simplemente, si le
conviene, guardar silencio, a diferencia de si la hubiese llamado como
testigo con la obligación perentoria de decir la verdad.
Pero además también le ha hecho favor a la Monarquía, al Rey y a toda
su familia. No haberla imputado, con el cúmulo de indicios existentes,
los dejaría a todos en situación de sospecha permanente y trato de
favor. Habría sido el epitafio político tanto del Rey como de la
institución.
Con la misma convicción hay que mantener que si la imputación no se
revoca por la Audiencia, no tiene por qué ser condenada en el juicio
oral correspondiente, pues en contra de la creencia desgraciadamente
generalizada de que todo imputado es culpable, es necesario demostrar
inequívocamente en el juicio la comisión de los delitos de los que se le
acusa, – sin que valga alegar que en España todo el que tiene una
sociedad le ha cargado gastos indebidos y personales -, y en todo caso
el crédito de la familia real se vería renovado. Aunque evidentemente el
tiempo para lo morboso aumentaría de modo exponencial durante la
preparación del juicio, celebración y sentencia. Una inmensa mayoría
disfrutaría enormemente con tal
diversión. El interés mediático alcanzaría cotas supinas.
En mi opinión, lo peor y más triste de este asunto es, de un lado, la
actitud de la propia Infanta no solicitando acudir voluntariamente a
declarar, y del otro la circunstancia personal en la que queda como
mujer objeto, florero, rehén de su marido y negadora de los derechos de
la mujer. Queda convertida en el viejo estereotipo de la mujer sin
responsabilidad ni capacidad de independencia en su vida. En tal sentido
es pasmoso que los movimientos feministas no se lo hayan exigido, en
una clara connivencia de sexo. Claro que si a la ministra de Sanidad,
Ana Mato, no la han imputado por actitudes y actuaciones similares, ¿por
qué han tenido que imputar a la Infanta?
¿Se atreverá la Audiencia a anular la imputación, como en la ocasión
anterior, se mantendrán ternes el fiscal y el abogado del Estado, que
teóricamente defienden los intereses de los ciudadanos? En todo caso,
creo que el juez, Castro de apellido, y leído su muy extenso auto de
imputación, ha dado lección de honestidad judicial: No la condena. La
imputa. Desea interrogarla. Este pilarcito del Estado se mantiene firme.
Ésta es la realidad, lo demás es literatura.
Mi predicción: 1. Sería inverosímil que la Audiencia Provincial de Palma no confirmase la imputación.
2. Creo que el juicio oral se celebrará.
3. En cuanto a su culpabilidad o inocencia
no me atrevo a pronunciarme. No tengo elementos de juicio bastantes.
Pero creo que tanto si la condenan como si la absuelven no será porque
los magistrados que compongan el tribunal sean pusilánimes ni mucho
menos corruptos, sino porque su decisión, unánime o por mayoría, será la
de la razón jurídica.
4. Y no obstante, si me amenazaran con la
horca si no me pronuncio, diría que creo que condenarán a Urdangarin y a
su socio Torres, y absolverán a la Infanta y a la mujer de Torres. Pero
creo que al menos deberían condenarla a devolver lo indebidamente
cobrado. Una estúpida e inconsistente predicción.
