Para reflexionar:
El viernes, 13 de julio de 2012, el Gobierno suprimió la paga extra de Navidad a todos los empleados públicos y redujo los moscosos a 3 días al año. Esta decisión se suma a la bajada del 5% del sueldo que había adoptado el anterior gobierno en mayo del 2010 y a los múltiples recortes que en los últimos meses sufrieron los funcionarios y demás empleados públicos de las diferentes comunidades autónomas. Evidentemente, todas estas decisiones no son medidas aisladas que se produzcan únicamente con el objetivo de atajar el déficit (¿qué tiene que ver la reducción de los moscosos con el déficit?). Son recortes que se producen en un contexto de estigmatización de los funcionarios públicos, a los que se quiere presentar ante la sociedad como los principales culpables del gasto público. El objetivo es desviar la atención del despilfarro causado por quienes ejercen el poder para que de esa forma la casta política siga manteniendo intacta su desmesurada dimensión y sus enormes privilegios.
En esta situación, el recorte de derechos del 13 de julio es sólo un paso más en el objetivo último de acabar con la función pública de calidad. Más claro no lo pudo decir el ministro de Administraciones Públicas en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que aprobó las medidas: Vamos a hacer que el régimen de los empleados públicos se asemeje al de los trabajadores de la empresa privada. Lo que se pretende es liquidar la función pública tal como la conocemos para conseguir una administración que no esté primordialmente al servicio del ciudadano sino al servicio del partido gobernante en cada momento. Hasta llegar a esa meta, las medidas para alcanzar el propósito se adivinan en el horizonte: sueldo variable en función de objetivos (¿quién los define y con qué criterios se controla el cumplimiento?), jornada laboral de cuarenta horas semanales, movilidad geográfica, etc, etc.
Quienes entramos a trabajar en las administraciones públicas lo hicimos tras superar un duro proceso bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Lo hicimos para trabajar en una organización que sirve al ciudadano con objetividad e imparcialidad, cumpliendo unas normas públicas que son iguales para todos. A cambio de remuneraciones menores que en el sector privado, con subidas salariales siempre inferiores al IPC, nos conformamos con disfrutar de derechos de otra índole: trabajo fijo, moscosos, jornada laboral ligeramente más corta que en el sector privado, etc. Todos creímos que al acceder a la función pública nos bastaría con desempeñar perfectamente nuestro trabajo para conservar esos derechos que son los que definen nuestra propia condición de funcionarios. Hoy vemos que no es así. Hoy comprendemos que para conservar nuestra condición de funcionarios no nos queda más remedio que luchar contra las intenciones del gobierno (de éste y de cualquier otro gobierno que haga lo mismo con nosotros).
Por ello, quienes queremos seguir siendo funcionarios realmente (y no sólo de forma nominal) vamos a apoyar todas las medidas pacíficas de protesta, espontáneas o planificadas, que se lleven a cabo contra las últimas decisiones del gobierno. Resignarnos a los recortes o no conseguir que nuestra indignación y nuestro rechazo inunde las calles supone transmitir un mensaje suicida. Equivale a aceptar ante la sociedad que somos los culpables del déficit, que la bajada de nuestro sueldo y el recorte de nuestros derechos es merecido y que, por tanto, el gobierno nos puede seguir recortando en el futuro.
Somos casi tres millones de empleados públicos. Con nuestra unión tenemos suficiente fuerza para conseguir echar abajo estas medidas y detener una agresión que no ha hecho más que empezar. En el desarrollo de nuestra protesta pacífica contra los últimos recortes hay algunas cosas que podemos hacer:
- En los tiempos de internet podemos utilizar todos los medios que las nuevas tecnologías nos ofrecen para articular nuestra protesta con medidas ágiles y efectivas, con nulo o escaso coste económico para quienes las secundamos, pero con una gran repercusión social.
- Podemos denunciar por todos los medios a nuestro alcance cuanto despilfarro y cuanto privilegio político detectemos. Es necesario que la sociedad conozca donde está la principal causa del déficit público.
- Podemos constituir un fondo de resistencia para hacer frente a las sanciones que se impongan a cualquier empleado público en el curso de las protestas (por cortar calles o por motivos similares). Con que cada empleado público aporte 1 euro podremos hacer frente a toda contingencia de este tipo.
- Si los sindicatos que nos representan quieren realmente ayudarnos en esta lucha, les pedimos que constituyan una plataforma en la que estén representados todos para respaldar nuestras medidas.
