dimecres, 3 d’abril del 2013
AGBAR o el escarnio del liberalismo compasivo
Lluís Rabell
Presidente de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)
Antaño, las familias adineradas se daban buena conciencia sentando un pobre a su mesa por Navidad. Hoy en día, algunas empresas multinacionales, cuanto más acumulan desposeyendo a la ciudadanía de sus bienes comunes, mayor necesidad tienen de enmascarar esas tropelías con gestos caritativos. Algo que sólo es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación… y la connivencia —por corrupción o pusilanimidad política— de quienes deberían representar nuestros intereses en las administraciones públicas. El proceso de privatización del ciclo del agua que estamos viviendo en Catalunya constituye un escandaloso expolio al que sólo esa conspiración de silencio consigue, por ahora, poner sordina.
Tomemos el ejemplo de Aguas de Barcelona —que, como su nombre no indica, nunca ha sido un ente público, sino una empresa privada, perteneciente al grupo multinacional francés Suez y participada por La Caixa, fiel exponente del capitalismo financiero rentista. AGBAR constituye todo un paradigma de la dejación de funciones de la administración —en este caso, municipal y de la conurbación barcelonesa—, poniendo la gestión de un bien común en manos de una empresa privada que actúa con total opacidad. Sería inútil preguntar al Ayuntamiento de Barcelona cómo calcula AGBAR sus tarifas, cuáles son sus márgenes comerciales, qué inversiones ha realizado, qué amortizaciones…
Hay que decir que el caso de Barcelona es excepcional. AGBAR, que distribuye el agua en la capital catalana y en la mayoría de municipios del área metropolitana, ha operado durante años sin licencia alguna. Hasta tal punto que, en 2010, una sentencia judicial declaraba por ello sus recibos ilegales. Pues bien, andábamos en la Federación sopesando lanzar una campaña para reclamar la municipalización del servicio de aguas de la ciudad – inspirándonos en el exitoso ejemplo de París, cuyo municipio ha recuperado hace poco esa gestión con una mejora del servicio y una disminución de las tarifas… cuando AGBAR y sus cortesanos se nos adelantaron. El pasado mes de Noviembre, con los votos favorables de CiU y del PSC, se constituía por atribución directa, sin mediar concurso alguno, una nueva sociedad mixta (85 % AGBAR y 15 % pública) a nivel de toda el área metropolitana. Por si fuera poco, ese nuevo ente absorbía la empresa municipal de saneamiento… y la inclusión de la participación pública en dicha sociedad suponía, además, la entrega a AGBAR de 190 millones de euros. ¿A cuenta de qué, exactamente? Nadie lo sabe. Nadie se ha molestado en pedir una auditoría. Semejante procedimiento ha motivado que distintas entidades – Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras y la propia FAVB – presentásemos hace un mes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, considerando que hay indicios razonables de prevaricación por parte de las administraciones urbana y metropolitana, y de apropiación indebida por parte de AGBAR.
Con ocasión del Día Mundial del Agua —fecha que, muy acertadamente, la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a convertir en una jornada internacional de lucha contra la privatización del ciclo del agua en la UE—, AGBAR ha lanzado una operación publicitaria, ampliamente difundida por todos los medios. Rodeado de alcaldes, su director general, Ignacio Escudero, anunciaba que la empresa, sensible al sufrimiento de numerosas familias, aplicaría una bonificación de 27 euros en la factura bimestral a los hogares más necesitados que sean atendidos por los servicios sociales. Páginas enteras en los diarios de mayor difusión nos recordaban que, durante el pasado ejercicio, AGBAR había destinado un millón de euros a un fondo de ayuda social y había firmado un convenio de cooperación con Caritas. Según la empresa, su generosidad beneficiaría próximamente a unas 6.000 familias. (Aunque no hay que fiarse mucho de tales anuncios: el año pasado dijeron que ayudarían a 11.400 familias y, según nuestros datos, esa ayuda llegó tan sólo… a 51 hogares).
Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que durante el último año, en el conjunto de municipios dependientes de AGBAR, se han iniciado 72.039 expedientes de corte de suministro por impago de recibo (frente a 27.359 en 2011). ¿Cuántos cortes se han hecho efectivos? Los ayuntamientos no lo saben —sólo pueden tener noticia de ello a través de los usuarios que lo comuniquen a los servicios sociales. Una consecuencia más de la opacidad a que nos referíamos. Y la zona gris sigue ensanchándose: hace un par de semanas, el reestructurado Consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal. Lo que sí sabemos es que el incremento del canon del agua – correspondiente a los gastos del saneamiento de acuíferos y caudales hídricos que realiza la administración – será íntegramente repercutido en el recibo que nos extenderá la compañía suministradora. El contribuyente pagará así dos veces por lo mismo… para mayor beneficio de la multinacional. La dinámica de incrementos tarifarios, abusivos e incontrolados, no ha hecho más que empezar.
Los expoliadores nos echan su caridad a la cara como quien arroja puñados de arena a los ojos. Ha llegado el liberalismo compasivo. Pero no necesitamos limosna, sino justicia. Y por razón de justicia social y medioambiental, un bien – y un derecho humano – como el agua requieren más que nunca una gestión pública, participada por la ciudadanía y transparente. No cejaremos, pues, en nuestro empeño.
Presidente de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)
Antaño, las familias adineradas se daban buena conciencia sentando un pobre a su mesa por Navidad. Hoy en día, algunas empresas multinacionales, cuanto más acumulan desposeyendo a la ciudadanía de sus bienes comunes, mayor necesidad tienen de enmascarar esas tropelías con gestos caritativos. Algo que sólo es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación… y la connivencia —por corrupción o pusilanimidad política— de quienes deberían representar nuestros intereses en las administraciones públicas. El proceso de privatización del ciclo del agua que estamos viviendo en Catalunya constituye un escandaloso expolio al que sólo esa conspiración de silencio consigue, por ahora, poner sordina.
Tomemos el ejemplo de Aguas de Barcelona —que, como su nombre no indica, nunca ha sido un ente público, sino una empresa privada, perteneciente al grupo multinacional francés Suez y participada por La Caixa, fiel exponente del capitalismo financiero rentista. AGBAR constituye todo un paradigma de la dejación de funciones de la administración —en este caso, municipal y de la conurbación barcelonesa—, poniendo la gestión de un bien común en manos de una empresa privada que actúa con total opacidad. Sería inútil preguntar al Ayuntamiento de Barcelona cómo calcula AGBAR sus tarifas, cuáles son sus márgenes comerciales, qué inversiones ha realizado, qué amortizaciones…
Hay que decir que el caso de Barcelona es excepcional. AGBAR, que distribuye el agua en la capital catalana y en la mayoría de municipios del área metropolitana, ha operado durante años sin licencia alguna. Hasta tal punto que, en 2010, una sentencia judicial declaraba por ello sus recibos ilegales. Pues bien, andábamos en la Federación sopesando lanzar una campaña para reclamar la municipalización del servicio de aguas de la ciudad – inspirándonos en el exitoso ejemplo de París, cuyo municipio ha recuperado hace poco esa gestión con una mejora del servicio y una disminución de las tarifas… cuando AGBAR y sus cortesanos se nos adelantaron. El pasado mes de Noviembre, con los votos favorables de CiU y del PSC, se constituía por atribución directa, sin mediar concurso alguno, una nueva sociedad mixta (85 % AGBAR y 15 % pública) a nivel de toda el área metropolitana. Por si fuera poco, ese nuevo ente absorbía la empresa municipal de saneamiento… y la inclusión de la participación pública en dicha sociedad suponía, además, la entrega a AGBAR de 190 millones de euros. ¿A cuenta de qué, exactamente? Nadie lo sabe. Nadie se ha molestado en pedir una auditoría. Semejante procedimiento ha motivado que distintas entidades – Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras y la propia FAVB – presentásemos hace un mes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, considerando que hay indicios razonables de prevaricación por parte de las administraciones urbana y metropolitana, y de apropiación indebida por parte de AGBAR.
Con ocasión del Día Mundial del Agua —fecha que, muy acertadamente, la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a convertir en una jornada internacional de lucha contra la privatización del ciclo del agua en la UE—, AGBAR ha lanzado una operación publicitaria, ampliamente difundida por todos los medios. Rodeado de alcaldes, su director general, Ignacio Escudero, anunciaba que la empresa, sensible al sufrimiento de numerosas familias, aplicaría una bonificación de 27 euros en la factura bimestral a los hogares más necesitados que sean atendidos por los servicios sociales. Páginas enteras en los diarios de mayor difusión nos recordaban que, durante el pasado ejercicio, AGBAR había destinado un millón de euros a un fondo de ayuda social y había firmado un convenio de cooperación con Caritas. Según la empresa, su generosidad beneficiaría próximamente a unas 6.000 familias. (Aunque no hay que fiarse mucho de tales anuncios: el año pasado dijeron que ayudarían a 11.400 familias y, según nuestros datos, esa ayuda llegó tan sólo… a 51 hogares).
Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que durante el último año, en el conjunto de municipios dependientes de AGBAR, se han iniciado 72.039 expedientes de corte de suministro por impago de recibo (frente a 27.359 en 2011). ¿Cuántos cortes se han hecho efectivos? Los ayuntamientos no lo saben —sólo pueden tener noticia de ello a través de los usuarios que lo comuniquen a los servicios sociales. Una consecuencia más de la opacidad a que nos referíamos. Y la zona gris sigue ensanchándose: hace un par de semanas, el reestructurado Consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal. Lo que sí sabemos es que el incremento del canon del agua – correspondiente a los gastos del saneamiento de acuíferos y caudales hídricos que realiza la administración – será íntegramente repercutido en el recibo que nos extenderá la compañía suministradora. El contribuyente pagará así dos veces por lo mismo… para mayor beneficio de la multinacional. La dinámica de incrementos tarifarios, abusivos e incontrolados, no ha hecho más que empezar.
Los expoliadores nos echan su caridad a la cara como quien arroja puñados de arena a los ojos. Ha llegado el liberalismo compasivo. Pero no necesitamos limosna, sino justicia. Y por razón de justicia social y medioambiental, un bien – y un derecho humano – como el agua requieren más que nunca una gestión pública, participada por la ciudadanía y transparente. No cejaremos, pues, en nuestro empeño.
dimarts, 2 d’abril del 2013
ELS 100 DIES DEL NOU GOVERN DE MAS
El balanç dels 100 primers dies del govern
de Mas no pot ser més negatiu. De fet és una continuació dels primers dos
anys de govern.
Com sabem, a Mas li va sortir el tret
per la culata quan va voler avançar el procés electoral. Després de
l’exaltació independentista de l’11 de setembre, Mas esperava guanyar
les eleccions com el Barça d’Helenio Herrera: sense baixar de l’autocar.
Però els resultats electorals el van
fer tocar de peus a terra i, novament, enfrontar-se amb la dura realitat
diària.
Només el temps ens dirà si l’elecció
del seu soci serà o no positiva per a Catalunya. De moment, el paper d’ERC
fent de crossa al govern de CiU em deixa del tot indiferent. Els republicans,
van condicionar el suport a Mas a que es fes una consulta sobiranista,
preferentment, durant la legislatura actual. Després s’establia l’any
2014, aniversari de la caiguda de Barcelona davant les tropes de Felip
V, com a data de la consulta.
Mentre, ERC, des de fora del govern,
igual com van fer amb els diferents governs del Tripartit des de dintre,
jugant al gat i la rata (he volgut canviar el terme de la puta i la
ramoneta, però aquest seria exactament igual de vàlid): de vegades
donen suport a les iniciatives de CiU o impedeixen les compareixences del
seus més destacats membres i, de vegades, criticant certes polítiques portades
a terme pel govern, sobre tot en referència a les retallades (encara que
al final han acabat acceptant-les)
Ara Mateix, Mas, es troba en una disjuntiva
de difícil solució. Per una part la dependència econòmica de Madrid fa
que s’hagi de negociar amb el govern de Rajoy per a mirar de pal·liar
el dèficit fiscal endèmic que pateix l’economia catalana. La reunió no
tan secreta de Rajoy i Mas de fa dues setmanes seria un bon exemple de
les relacions bilaterals que mantenen. Per l’altre costat, no poden fer
un lleig a ERC, encara que, segurament, és el que desitjarien ara mateix
la majoria dels membres de la federació (sobre tot els d’Unió) I per l’altra
(i ja van tres) l’opció segurament més realista, la que encapçala Pere
Navarro al front del PSC que, sembla ser, s’ofereix com alternativa a
ERC sempre que CiU aparqui debats sobiranistes i es centre en resoldre
els temes més greus que pateix Catalunya.
Mireu, Catalunya per si sola no sortirà
de la crisi (o de l’estafa –tal i com van començar a dir els ecosocialistes-)
Per molt que digui Junqueras que la crisi de Catalunya només es podrà resoldre
des de la independència, el cert és que ningú pot certificar que això sigui
així. Tret d’Alemanya ( la gran beneficiada per l’actual conjuntura econòmica)
i, tal vegada els països nòrdics, cap país s’escapa de l’actual situació.
Ni França, ni la Gran Bretanya ni, evidentment Itàlia (que només fa uns
anys era la 8èna potència econòmica mundial) poden dir que la seva economia
creix el que es considera raonable pels experts.
La crisi actual és una crisi de model.
Més financera que una altra cosa. De vegades hi ha hagut crisis produïdes
per la gran dependència que tenen els països desenvolupats del petroli
i els seus derivats i per això s’han acabat superant quan s’ha augmentat
la producció o s’ha abaratit el preu. Però ara no és el cas. Com han dit
alguns experts (i jo mateix que no en sóc cap), la crisi acabarà quan qui
en hagi tret benefici així ho consideri. Mentre, l’atur seguirà pujant,
el salaris baixant, el joves hauran d’emigrar als països emergents, etc.
Tornant a Mas i els seu govern, no ho
tenen gens fàcil. Per res del món m’agradaria estar a la seva pell. Com
a solució immediata, els hi queda abaixar-se els pantalons davant del
govern del PP de Madrid o del PSOE si la situació no millora i hi ha
una alternança de govern.
La solució de la independència
s’haurà d’ajornar esperant temps millors.
Mas, com Rajoy, van enganyar els ciutadans
i per això, tant un com l’altre haurien de plegar o buscar una solució
que no passi per la provisionalitat i estigui supeditada als canvis d’humor
dels seus socis.
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