En primer lugar no hace falta notar que el retraso es notable: el Plan, que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2010. No lo hará, sin embargo antes de agosto de este año. El 2015 es el horizonte de aplicación de este plan, que apenas tendrá poco más de un año para aplicarse en toda su extensión.
El Plan de la demarcación hidrográfica del Ebro tiene cosa positivas. Se ha estudiado el Ebro exhaustivamente, ahora conocemos mucho mejor cuales son los problemas que tiene.
Según el Plan el 74,2% de las masas de agua o tramos de los ríos está en buen estado. La noticia sería buena si no tuviera trampa. La mayoría de esas masas de agua son las cabeceras de los ríos, que lo lógico es que estén mejor que los ríos más abajo cuando reciben vertidos y contaminación. Además hay muchos más de este tipo de tramos por la propia naturaleza de los ríos, que se van juntando hasta formar un único río, el Ebro. Y básicamente, el eje del Ebro y los grandes afluentes no están bien.
Los objetivos tampoco son para echar cohetes. En este horizonte de aplicación, el 2015, se aspira a mejorar solo un 10% y pasar al 85,3% de tramos de ríos en buen estado. Eso es todo, porque no se plantean mejoras en las masas tipo lagos o embalses ni en las masas subterráneas.
El gran problema del Plan es que aunque debería ser un plan de objetivos ambientales, en España se ha decidido que los planes tengan dos caras como Jano, el dios griego. Por un lado los objetivos ambientales y por otro los de satisfacción de las demandas. La vieja política hidráulica sigue imponiéndose a la nueva gestión fluvial. Las demandas siguen mandando más que los ecosistemas. Los usuarios siguen limitando el alcance de los objetivos ambientales a largo plazo.
Para este horizonte (2015) no se plantea aumento en el consumo de agua, que se calcula es del 34% de las aportaciones medias. Este agua es la que ya no vuelve al cauce después de su uso. Es decir, ahora le quitamos al río un tercio de sus aportaciones medias. Se usa mucha más agua, pero retorna de una manera o de otra a los cauces fluviales. Pero el objetivo de consumo de agua a largo plazo se sitúa en el 50% de las aportaciones medias de los ríos. Quizás para quien no conozca mucho de gestión hidrológica esto no le parezca algo exagerado (al fin y al cabo el otro 50% pasa por el río ¿no?). Eso mismo es lo que dice el Plan. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, el dato resulta muy preocupante, no solo para los ríos, sino también para los usuarios que no parecen ser conscientes del riesgo que asumen. Nos olvidamos siempre que estamos hablando de aportaciones medias, una entelequia, un número inventado que nos ayuda a pensar y a calcular, pero corremos el riesgo, como en este caso, de olvidarnos de qué estamos hablando. Las aportaciones en el río no son todos los años las mismas, unos años llueve y nieva más, y los ríos llevan más agua y otros años llueve y nieva menos y los ríos llevan menos agua. En los ríos mediterráneos como el Ebro, las diferencias entre los años secos y los años húmedos pueden ser muy grandes. Y aquí es donde tenemos el problema, porque no es raro que en los años secos las aportaciones no lleguen a la mitad de la media calculada. Sin embargo los usos no tienen esa variabilidad, 100 hectáreas de regadío consumen la misma agua sea un año seco o húmedo (es posible que más incluso los años secos) , el consumo de las ciudades varia muy poco año a año. Por lo tanto ese objetivo de consumir el 50% en distintos usos, aunque también es un valor medio, no tiene la variabilidad que tienen las aportaciones. Así, nos encontraremos con que, si se plantea poner en marcha todas las demandas previstas, habrá años en los que será literalmente imposible satisfacerlas todas.
A esto hay que añadir dos cosas. Primero, se trata de valores medios de toda la cuenca que no tienen que ser uniformes por subcuencas o afluentes, que además pueden no estar conectadas. Puede sobrar agua en el Segre pero eso no compensa si en el Jalón se da escasez. El otro punto a añadir es que en las aportaciones medias se cuenta toda el agua que fluye por los ríos, pero parte de ese agua no es aprovechable, ni siquiera aunque se construyeran todos los embalses imaginables, uno detrás de otro en cada uno de los ríos de la cuenca. Las crecidas, las puntas torrenciales, seguirán escapando aguas abajo, ya que es imposible retenerlas en su totalidad. Este año lo hemos visto, ha llovido y ha vuelto a llover cuando los embalses estaban llenos. Ni cien embalses más habrían podido retener una mínima parte de las crecidas. Así pues los caudales medios están sobre-valorados, ya que estamos contado como agua disponible un agua que no está disponible, no lo estará ni lo puede estar nunca.
Espero que quede claro por qué nos asusta tanto ese objetivo de consumo del 50% de las aportaciones, por la misma razón que la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que una región tiene estres hídrico cuando consume alrededor del 20% de sus recursos, con situaciones de grave escasez cuando se supera el 40%. El Plan del Ebro se lanza hacia un futuro con cada vez más problemas de escasez los años secos, problemas que no resuelven los embalses, que necesitan, lógicamente, que llueva para ser útiles.
El uso fundamental que produce y producirá ese consumo es el regadío. En el Plan se plantea crear 445.000 hectáreas de nuevos regadíos, que se suman a las 965.700 que ya existen actualmente. El regadío consume aproximadamente el 80% del agua de la cuenca, con el añadido de que la que retorna a los ríos vuelve contaminada. Los nutrientes de los abonos, los pesticidas y herbicidas, las sales que arrastra, son problemas que agravan y empeoran el estado de nuestros ríos y de nuestras aguas subterráneas.
Esto además tiene sus consecuencias sobre la posibilidad de alcanzar el buen estado, porque hay que dejar que fluya agua por los ríos para que estén vivos. Un río en buen estado necesita agua, de ahí la importancia de los caudales ambientales. Los caudales ecológicos son aquellos caudales mínimos que permiten mantener los ecosistemas fluviales en buen estado. Además debería seguir un régimen de variación para imitar en lo posible al natural, ya que a ese régimen de variaciones están adaptados los seres que viven en los ríos. En nuestros ríos mediterráneos, este régimen es de más agua en invierno y primavera, que es cuando llueve y deshiela, y mucha menos en el caluroso verano. La Ley de Aguas española señala que estos caudales ecológicos son un condicionante previo a las demandas de agua. No son un uso que deba competir por el agua con los otros usos como el regadío o la producción de electricidad. Se han de asegurar previamente. La excepción, naturalmente es el abastecimiento, en el caso extremo que haya que decidir entre beber o dejar agua al río.
El Plan plantea asegurar los caudales ambientales solo en 55 de puntos, que coinciden con algunas de las estaciones de aforo de las 919 masas de agua naturales de la cuenca. Se encargó por parte del Gobierno un costoso y completo estudio para determinar cual debería ser ese régimen de caudales ambientales. Curiosamente, en el Delta del Ebro (la prueba del algodón para los caudales ambientales puesto que los suma a todos) coincide con los caudales que quedan después de satisfacer todas las demandas actuales y futuras. Esto además fue reconocido implícitamente en el Consejo del Agua, por parte del presidente de la CHE y también del vicepresidente Federico Trillo, representante de la Federación de Regantes, al afirmar ambos que caudales ecológicos mayores en el Delta, (como propone la Generalitat y la Comisión de Sostenibilitat de las Terres del Ebre) pondrían en grave aprieto los usos en la cuenca, dejando así meridianamente claro que para ellos los uso están por delante de los objetivos ambientales a pesar de lo que diga la Ley de Aguas.
Este "increíble método de cálculo" de la Confederación, hace que haya ríos donde los mayores caudales ecológicos coincide con la época de estiaje como pasa en los afluentes de Euskadi y Navarra, otros ríos que tienen mayores caudales en cabeceras que aguas abajo, con reducciones de hasta el 90% de su caudal, o ríos donde esos caudales ecológicos aprobados apenas llegan a 5% de su caudal medio, como el Gállego en Zaragoza por ejemplo. Si comparamos los caudales ambientales con el régimen natural en el mismo punto podemos observar mayoritariamente valores inferiores al 10% que marcaba el anterior Plan de Cuenca. En las zonas afectadas por los grandes regadíos como el río Aragón con los riegos de las Bardenas, Jalón y río Gállego con los riegos de los Monegros, el valor disminuye al 4%, estos valores no obedecen a ningún estudio técnico riguroso de caudales sino a la demanda de las 1.410.000 ha de regadío previstas en el plan.
Para incrementar los usos el Plan propone destinar un enorme esfuerzo y una enorme inversión en construir más embalses. Un largo listado de hasta 79 nuevas propuestas de embalses para intentar satisfacer los desproporcionados crecimientos en el regadío. De muchas de ellas, incorporadas a propuesta del gobierno de Aragón, solo existe el nombre y se deja la puerta abierta para añadir más propuestas. Algunas, calificadas en el Borrador del Plan de dudosa viabilidad económica y medioambiental, por arte de magia han dejado de ser dudosas en el documento aprobado.
Muchos de esos embalses planteados, si no todos, son inviables ambientalmente, o económicamente o hidrológicamente o socialmente o incluso técnicamente.
Muchos se plantean en espacios de la Red Natura 2000, espacios declarados por las Comunidades Autónomas que contienen ecosistemas o especies de interés europeo y que Europa, los estados y las CCAA han decidido proteger. El proyecto de Mularroya está en medio de una zona de Especial Protección para las Aves, el proyecto de embalse de Aguaviva inunda un río que es Lugar de Interés Comunitario.
Si se repercutiera a los demandantes de estas infraestructuras su coste completo no se llevarían a cabo ya que supone inversiones que no pueden asumir la mayor parte de los regantes de la cuenca del Ebro.
Las propuestas muchas veces son incompatibles entre si, sobre todo porque los ríos ya no dan para llenar más embalses. Por ejemplo, la propuesta de embalse del Valladar, en la cabecera del Jalón es incompatible con el de Mularroya (si se pretende llenar uno no se puede llenar el otro).
La construcción de grandes embalses plantea problemas de desestructuración del territorio, de alejamiento de las inversiones, o incluso de impedir y cercenar las actividades económicas que sostienen el territorio, como en el caso del proyecto de embalse de Biscarrués, en donde se privilegian unas actividades económicas (el regadío) frente a otras más sostenibles y que asientan población en el territorio, como el turismo y los deportes de aventura relacionados con el río.
Finalmente están los problemas técnicos que uno no se explica como "aparecen" después de todos los trámites y estudios que se supone que llevan estos proyectos. Así el embalse de Cigudosa-Valdeprado no se puede hacer porque los materiales con los que se planteo hacerla presa no sirven, o el recrecimiento del embalse de Yesa cuya construcción a acabado de desestabilizar las laderas donde se asienta la presa actual provocando un problema de seguridad en la presa actual de carísima solución.
Es frecuente oír, incluso a responsables políticos la opinión de que los embalses son buenos, que está bien almacenar el agua para cuando haga falta en verano, que el agua es necesaria y que si no se pierde en el mar. Como cualquier estudiante de bachillerato sabe, el agua forma parte de un ciclo geofísico y vital y no se pierde en ningún sitio. Lo que es más desconocido son las funciones fundamentales que cumplen los ríos en el mar y en la costa, aportando nutrientes que alientan a la fauna marina, con importantes consecuencias para la pesca, y aportando materiales para las playas.
El haber incorporado a las cuencas la zona de influencia en el mar y en la costa tiene por objeto incorporar estos valores en la gestión de la cuenca. En nuestro Plan no hay nada de esto.
El Plan tiene otra pega que puede convertirlo en papel mojado. Hay que saber si las medidas han tenido el efecto para el que se diseñaron. Para ello es necesario utilizar unos indicadores que nos señalen si ese objetivo se ha cumplido. Pero esos indicadores tienen que ser específicos para cada medida, porque su número es enorme, muchas de ellas tiene el mismo objetivo, y actúan sobre los mismos tramos de río. Es importante saber cual de ellas es la que provoca el efecto beneficioso si se da o el negativo si se produce, para desechar a las segundas y reincidir en las primeras. Además hay medidas con costes muy dispares, unas que valen poco dinero y otras mucho. Pero estos indicadores no existen. Lo único que hay es el análisis del estado de las masas de agua, que nos dan el resultado final de todo lo hecho, de todas las medidas en su conjunto, y me temo mucho que no podamos saber cuales de ellas son realmente eficaces y cuales no lo son en absoluto.
El Plan supone una inversión pública desmesurada en nuevas infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, y a pesar de "la crisis", no se realiza un mínimo análisis económico previo que justifique la viabilidad pública de estas inversiones. Se incumple reiteradamente el requisito de la DMA de acompañar el plan de un análisis económico de los servicios del agua. No se muestran los costes reales de los proyectos incluyendo todas sus partes: proyecto, expropiaciones, dirección de obra, construcción, explotación y mantenimiento. No se analizan los costes medioambientales ni de recurso. En consecuencia, no hay una sola medida en el plan en que se contemplen adecuadamente ni los costes ni la recuperación de costes. Contrariamente a lo que se dice en el plan, las infraestructuras no se repercuten a los usuarios (en su mayor parte regantes) más que en una mínima parte en el mejor de los casos. Al contrario, estas infraestructuras se financian a fondo perdido con dinero público, y con una falta absoluta de transparencia.
A pesar de la dificultad de analizar objetivamente la recuperación de costes en todo el plan, se han analizado algunos proyectos que ejemplifican lo que se repite constantemente en las medidas vinculadas a obras hidráulicas. De esta manera por ejemplo nos encontramos con el embalse de Biscarrués, que según argumenta el Ministerio tiene como objetivo principal la laminación de avenidas y como tercera prioridad el mantenimiento de caudales ecológicos mínimos. Esta justificación de la obra, cuando se camufla su objetivo principal que es la mejora y ampliación del sistema de Riegos del Alto Aragón, hace que el Estado asuma el 70% del coste de la obra proyectada, a lo que hay que sumar obras paralelas necesarias (por ej. Restitución Territorial del Embalse), los costes de explotación presupuestados, los de la puesta en servicio de los nuevos regadíos, etc. Asumiendo de nuevo el Estado el coste de muchas de estas obras paralelas, justificando que "dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes". Este hecho puntual se repite constantemente en infinidad de obras presentadas en el actual proyecto, asumiendo en muchas de ellas una recuperación de coste inferior al 20% e incluso nula.
El plantear el mantenimiento de los caudales ecológicos como uno de los objetivos de los embalses es un insulto a la inteligencia que se repite en todos los proyectos. Si los caudales ambientales son un condicionante previo a los usos, el Estado no debería pagar porque los embalses los mantuvieran. Si lo hace es porque considera que los usos son previos y como estos tienen que ceder parte de su concesión para los objetivos ambientales el Estado les paga por ello.
A pesar de las bonitas palabras es evidente que este Plan del Ebro es más de lo mismo. Fundamentalmente reparto de agua para los usos económicos, inversión en obras de depuración que también son negocio, y un poco de pintura verde a ver si cuela en Europa.
* Julián Ezquerra Gómez es presidente de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases.
