LA FOTO DEL DIA 27-09-2013

S'està apropant el dia del bateig de la colla castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta.

Los cuatro paladines del PP en el Constitucional: quién es quién entre los que han rechazado la petición de Garzón contra Pérez de los Cobos

Pedía la nulidad de la inadmisión del amparo por su inhabilitación debida al 'caso Gürtel'

Cuatro magistrados conservadores y cercanos al Partido Popular forman parte de la sala segunda del Tribunal Constitucional que rechazó ayer la petición del juez Baltasar Garzón de que se declarase nula la inadmisión del recurso de amparo contra su condena de inhabilitación. Garzón pedía la nulidad debido a la militancia en el PP del presidente del tribunal Francisco Pérez de los Cobos quien había formado parte de la sala que rechazó su inicial petición. La sentencia cuya nulidad pedía Garzón era la dictada por las escuchas del caso Gürtel, que afecta al Partido Popular.
Enrique López, Francisco Hernando, Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano son cuatro de los seis jueces de la sala segunda del Tribunal Constitucional (la sala se completa con Adela Asúa promovida en su día por el PNV y Fernando Valdés cuyo nombramiento fue propuesto por el PSOE) que rechazaron ayer la petición del juez Baltasar Garzón para que se declarase nula la resolución por la que, el pasado 29 de octubre, se inadmitió el recurso de amparo que presentó contra la sentencia de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo.
“Clamorosa ausencia de imparcialidad de Pérez de los Cobos”
En su escrito ahora denegado, sus abogados explicaban: “Además, en el caso de Baltasar Garzón, la apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de Pérez de los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa, ya que en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se cuestionaba la condena de Baltasar Garzón por unas escuchas acordadas por él en una investigación criminal dirigida contra dirigentes y miembros del PP”.
Enrique López, el cuñado Gürtel
Quienes han rechazado estos argumentos son en su mayoría también magistrados próximos al PP. Enrique López no parece negar esta simpatía, son conocidos sus artículos en La Razón y sus colaboraciones en tertulias como las de Intereconomía. Ha participado en numerosos seminarios de la Fundación FAES que preside el expresidente del Gobierno popular José María Aznar. Pero sobre todo destaca en este caso que hasta hace sólo dos años era cuñado de Miguel Manovel García, número dos del holding que dirige José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en el caso Gürtel y a quien Garzón, afectado en todo este asunto, señaló como ejemplo del o “modus operandi” de la presunta trama corrupta.
Ni Estatut ni matrimonio homosexual
Enrique López se ha mostrado en contra de la ley integral sobre la violencia de género, a la reforma del Estatut catalán o al matrimonio homosexual. De hecho, junto a su compañero el magistrado Francisco Hernando aprobaron con sus votos un informe que encontró 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas entre personas del mismo sexo.
Hernando y la ‘Brunete judicial’
Francisco Hernando ha sido presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo entre 2001 y 2008. Se señala de él que se ha alineado de forma habitual con las tesis del PP, tanto en el Gobierno como en la oposición. Tuvo notables desavenencias con el tema de los nacionalismos vasco y catalán. Pasqual Maragall comentó que era como la Brunete judicial en comparación con la Brunete mediática.
Expedientar a Garzón por la guerra de Irak
Arzalluz por su parte comentó que era un chollo para el Gobierno y que no había visto nada igual desde los tiempos de Franco. No es la primera vez que se opone a Garzón. En 2003, al frente del CGPJ, promovió expedientar al juez ahora inhabilitado por criticar la guerra de Irak.
González Trevijano, subdirector con Aznar
Por su parte, Pedro González Trevijano fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el Gobierno de Aznar y ha sido rector durante 11 años de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, una pública muy orientada a la derecha y que tiene entre sus profesores a Francisco Marhuenda o Edurne Uriarte. Su nombramiento le pilló sin experiencia en la carrera judicial y encuadrado claramente en el sector conservador. Colabora con columnas de opinión en el diario ABC y en el derechista diario de Intereconomía, La Gaceta.
Juan José González Rivas, propuesto por el PP
El cuarto magistrado que ha rechazado la petición de Garzón de recusar a Pérez de los Cobos por su militancia popular, es Juan José González Rivas. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura, de línea conservadora. También fue propuesto por el PP para el cargo que ejerce en el Constitucional. Anteriormente fue magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
El matrimonio y las uniones de hecho no son equivalentes
González Rivas se opuso a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno de Zapatero. Entre las sentencias de que fue ponente se cuenta una en que se denegó a una magistrada de Cantabria una licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho. El matrimonio y este tipo de uniones no son equivalentes, según expresó la sentencia.
“Resulta inviable” dar la nulidad
Esta sala del Constitucional se negó a la petición de nulidad de la resolución contraria a su recurso por parte de Baltasar Garzón con el argumento de que “resulta inviable” porque la ley no prevé la revisión o nulidad de las resoluciones del Constitucional una vez que son firmes. “Ni siquiera el TC puede dejarlas sin efecto”, añade.
Se remiten al auto contra la recusación de la Generalitat
Sobre la declarada militancia en el PP del presidente del Tribunal y miembro de la sala que rechazó el recurso de Garzón contra su sentencia por las escuchas Gürtel, el Constitucional refiere el auto del pasado día 17, por el que inadmitió a trámite la recusación de Pérez de los Cobos por parte de la Generalitat de Cataluña.
“Los magistrados del Constitucional pueden afiliarse”
“La Constitución no prohíbe a los magistrados constitucionales la afiliación a partidos políticos o sindicatos, sino que tan solo establece que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el desempeño de funciones directivas en un partido o en un sindicato…”, afirman los magistrados.
El presidente sí pero un juez de pueblo, no
En su recurso, la representación legal de Baltasar Garzón hablaba de que a los miembros del Constitucional debía aplicárseles sobre todo “la misma prohibición de pertenecer a partidos políticos que prevé categóricamente el art. 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cualquier Juez o Magistrado, careciendo de sentido que el más humilde Juez de pueblo no pueda ser militante de un partido y que sí lo pueda ser el Presidente del Tribunal Constitucional”.

Demanda ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Ahora a Baltasar Garzón le queda un único recurso: demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha tenido reparos en censurar abiertamente las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en otras ocasiones

“Delito a la medida”

Baltasar Garzón ha sostenido siempre que la sentencia del Tribunal Supremo se ha producido “por ir en contra de los criterios particulares de los magistrados que le han condenado, y que, en definitiva, el TS ha construido “a la medida” el delito de prevaricación por el que se le ha condenado, y que supone la puerta abierta a cualquier juicio y condena por prevaricación por cualquier discrepancia jurídica seria de cualquier Juez con el TS, acabando así con la independencia judicial”.

El atraco de las pensiones

Rajoy tomó el pelo descaradamete a los jubilados cuando juró, durante la última campaña electoral, que para él las pensiones eran “sagradas”. Y pretende tomárselo de nuevo ahora haciéndoles creer que la reforma planteada por el Gobierno garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo.
Zapatero fue quien primero suspendió, hace dos años, la revalorización automática de las pensiones prevista por ley desde 1998. Pero es Rajoy quien ha puesto sobre la mesa un mecanismo que acaba con ella y que tendrá como consecuencia el progresivo empobrecimiento de nuestros mayores.
Hasta ahora, el Gobierno procedía en enero a una subida general del 2% en las pensiones, que en diciembre eran actualizadas si la inflación superaba ese porcentaje. La costumbre, sin embargo, no se respetó ni en 2011 ni en 2012, so pretexto de la crisis, y está por ver qué ocurre a finales del presente año.
Para el futuro, el mecanismo que ha ideado el Gobierno establece que las pensiones suban, como mínimo, un 0,25%. Pero también hay un máximo: el IPC más 0,25%, al que sólo se llegara en el caso de que concurran ciertas circunstancias, entre ellas que el sistema presente un saldo favorable entre ingresos y gastos.
Estos topes podría parecer equitativos si no fuera por un pequeño detalle: según los cálculos del propio Gobierno, no habrá superávit hasta 2022. Lo que significa que, mientras tanto, las pensiones difícilmente mantendrán su poder adquisitivo y en ningún caso recuperarán el que hayan perdido.
El quebranto para los jubilados ya está cuantificado: 33.000 millones de euros en los próximos nueve años, que es el ahorro previsto con la reforma. Algunas fuentes, no obstante, consideran que la cifra seguramente será mayor, porque esos 33.000 millones corresponden a una improbable inflación anual del 1%.
Eso significa que cada pensionista perderá en el conjunto se dicho periodo una media de, al menos, 3.600 euros en números redondos o, lo que es lo mismo, 400 euros al año. He ahí la factura que deberán pagar quienes votaron a Rajoy y también quienes no le votaron. Un atraco.

CATALUNYA VA BÉ I AL FUTUR ANIRÀ MILLOR

Aquest sembla ser el missatge que va voler donar ahir el M H President de la Generalitat durant el seu discurs d’obertura del debat de política general.

Pressionat pel seu company de singladura i, paradoxalment cap de l’oposició, però també per altres forces fàctiques extraparlamentàries, sembla ser que l’única obsessió de Mas sigui la consulta sobiranista per al 2014. El preu que s’hagi de pagar per assolir-ho, a hores d’ara sembla que és intranscendent.

I a veure, no dic que no s’ha de fer. S’ha de fer allò que demana una majoria de la societat catalana i no em serveix per a res el terme que ha emprat el PP de majoria silenciosa. La majoria silenciosa, senzillament, no es manifesta, per tant, a l’hora de la veritat tindrà tres opcions per a decidir-se: votar a favor, en contra, en blanc o quedar-se a casa i no acudir a votar. HI haurà de tot.

Tret d’ERC, la resta d’oposició (permeteu-me un cop més que me’n rigui al qualificar els republicans d’oposició) han criticat a Mas la manca d’autocrítica. Si fem un anàlisi en detall dels discursos dels distints dirigents de CiU (inclosos càrrecs menors) veurem que la manca d’autocrítica ha estat sempre una constant. Quan un fa les coses molt bé, no pot fer-les millor, com a molt, pot adornar-les una mica per a que semblin perfectes.

Mas va prometre que de cara l’any 2014 no hi haurà noves retallades. Ep! Quedeu-vos amb el vocable noves, perquè mantindrà les retallades que ja està aplicant (amb la complicitat d’ERC) per aquest any de 2013. Això sí, diu Mas que si de Madrid paguen no se què que està pendent, es podrà tornar a pagar la paga extraordinària que s’està suprimint any rere any a la majoria dels treballadors que depenen del DOGC. I si al final no es pot pagar, l’excusa (com sempre) serà culpar a Madrid o a l’herència rebuda dels socialistes...    

Evidentment, quan Catalunya esdevingui un estat independent, tot aquest panorama millorarà ostensiblement. A partir del dia següent ja començarem a notar la millora. Fins i tot no m’estranyaria que ens diguessin que el sol sortirà dues vegades.