Rajoy tomó el pelo descaradamete a los jubilados cuando juró, durante
la última campaña electoral, que para él las pensiones eran “sagradas”.
Y pretende tomárselo de nuevo ahora haciéndoles creer que la reforma
planteada por el Gobierno garantiza el mantenimiento de su poder
adquisitivo.
Zapatero fue quien primero suspendió, hace dos años, la revalorización automática de las pensiones prevista por ley desde 1998. Pero es Rajoy quien ha puesto sobre la mesa un mecanismo que acaba con ella y que tendrá como consecuencia el progresivo empobrecimiento de nuestros mayores.
Hasta ahora, el Gobierno procedía en enero a una subida general del 2% en las pensiones, que en diciembre eran actualizadas si la inflación superaba ese porcentaje. La costumbre, sin embargo, no se respetó ni en 2011 ni en 2012, so pretexto de la crisis, y está por ver qué ocurre a finales del presente año.
Para el futuro, el mecanismo que ha ideado el Gobierno establece que las pensiones suban, como mínimo, un 0,25%. Pero también hay un máximo: el IPC más 0,25%, al que sólo se llegara en el caso de que concurran ciertas circunstancias, entre ellas que el sistema presente un saldo favorable entre ingresos y gastos.
Estos topes podría parecer equitativos si no fuera por un pequeño detalle: según los cálculos del propio Gobierno, no habrá superávit hasta 2022. Lo que significa que, mientras tanto, las pensiones difícilmente mantendrán su poder adquisitivo y en ningún caso recuperarán el que hayan perdido.
El quebranto para los jubilados ya está cuantificado: 33.000 millones de euros en los próximos nueve años, que es el ahorro previsto con la reforma. Algunas fuentes, no obstante, consideran que la cifra seguramente será mayor, porque esos 33.000 millones corresponden a una improbable inflación anual del 1%.
Eso significa que cada pensionista perderá en el conjunto se dicho periodo una media de, al menos, 3.600 euros en números redondos o, lo que es lo mismo, 400 euros al año. He ahí la factura que deberán pagar quienes votaron a Rajoy y también quienes no le votaron. Un atraco.
Zapatero fue quien primero suspendió, hace dos años, la revalorización automática de las pensiones prevista por ley desde 1998. Pero es Rajoy quien ha puesto sobre la mesa un mecanismo que acaba con ella y que tendrá como consecuencia el progresivo empobrecimiento de nuestros mayores.
Hasta ahora, el Gobierno procedía en enero a una subida general del 2% en las pensiones, que en diciembre eran actualizadas si la inflación superaba ese porcentaje. La costumbre, sin embargo, no se respetó ni en 2011 ni en 2012, so pretexto de la crisis, y está por ver qué ocurre a finales del presente año.
Para el futuro, el mecanismo que ha ideado el Gobierno establece que las pensiones suban, como mínimo, un 0,25%. Pero también hay un máximo: el IPC más 0,25%, al que sólo se llegara en el caso de que concurran ciertas circunstancias, entre ellas que el sistema presente un saldo favorable entre ingresos y gastos.
Estos topes podría parecer equitativos si no fuera por un pequeño detalle: según los cálculos del propio Gobierno, no habrá superávit hasta 2022. Lo que significa que, mientras tanto, las pensiones difícilmente mantendrán su poder adquisitivo y en ningún caso recuperarán el que hayan perdido.
El quebranto para los jubilados ya está cuantificado: 33.000 millones de euros en los próximos nueve años, que es el ahorro previsto con la reforma. Algunas fuentes, no obstante, consideran que la cifra seguramente será mayor, porque esos 33.000 millones corresponden a una improbable inflación anual del 1%.
Eso significa que cada pensionista perderá en el conjunto se dicho periodo una media de, al menos, 3.600 euros en números redondos o, lo que es lo mismo, 400 euros al año. He ahí la factura que deberán pagar quienes votaron a Rajoy y también quienes no le votaron. Un atraco.
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