Cuando la (presunta) corrupción hizo metástasis en un Gobierno

Las últimas imputaciones en la instrucción que sigue el caso Gürtel en Valencia hacen llegar a 51 el número de imputados en diversos casos de corrupción que formaron parte del organigrama de la Generalitat que presidió Francisco Camps de 2003 a 2011 

JUAN E. TUR


Que si los diputados populares o expopulares imputados del Parlamento valenciano se constituyeran en un grupo propio formarían la tercera fuerza política del País Valencià es una verdad que, a fuerza de conocida, parece llamar cada vez menos la atención. Sin embargo, más allá del titular llamativo, las instrucciones judiciales que investigan los diversos casos de presunta corrupción que asolaron la región en la última década siguen su curso. Y sumando imputados.
Los últimos, los cuatro ex altos cargos (cuatro ex directores generales) de la Conselleria de Sanitat agregados la pasada semana en la pieza número cinco de las seis que sigue el caso Gürtel en el País Valencià. Que ninguno fuera un diputado autonómico a añadir a la lista célebre -aunque uno de ellos (Luis Rosado) fue, después de los hechos que se le imputan, ascendido a conseller del ramo- no convirtió las imputaciones en noticia estatal. Sin embargo, fue con esas cinco con las que se superó la cincuentena de políticos o altos cargos de la Generalitat Valenciana subordinados a Francisco Camps -entre 2003 y 2011- imputados en presuntos casos de corrupción con investigación en curso.
El expresidente valenciano no es, no obstante, ninguno de ellos, aunque sólo observando esta pieza número cinco del caso Gürtel, la que investiga más de 70 contratos de cuantías menores (o bien troceados en contratos de menos de 12.000 euros para -según la fiscalía- poder adjudicarlos a dedo a empresas de la trama Gürtel esquivando los concursos de contratación), no cuesta percibir cómo la presunta corrupción se extendió cual metástasis por todas las conselleries y organismos (fundaciones, empresas públicas etcétera) dependientes de su Gobierno.

Suma y sigue

Veinticuatro de los 31 imputados de esa pieza, o lo que es lo mismo, todos menos los cabecillas y empleados externos de la trama (Cándido Herrero, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Felisa Isabel Jordán y Mónica Magariños) y un funcionario, fueron cargos de la Generalitat Valenciana. Una, Salvadora Ibars (directora general de Promoción Institucional desde 1998 hasta su recién destitución), solo un escalón por debajo de Camps; el resto, en su mayoría responsables de instituciones públicas, altos cargos de conselleries o secretarios autonómicos de áreas como Bienestar Social, Deporte, Familia y Solidaridad, Sanidad, o Educación.
Y lo que no acontecía en estas parcelas se hacía en el resto. Quince imputados más -uno de ellos, el ex secretario autonómico de Deportes y diputado en Les Corts, David Serra, haciendo doblete- pueblan las otras cinco piezas que investigan asuntos muy localizados, como las irregularidades en la contratación de RTVV con la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 (con cuatro imputados, entre ellos el exdirector general de RTVV y antes secretario de Comunicación del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García); o las adjudicaciones del pabellón de la Generalitat en Fitur entre 2005 y 2009.
Esta última pieza, centrada en la Conselleria de Turismo, espera la apertura del juicio oral con siete altos cargos acusados. Entre ellos, las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such, todavía diputadas populares a pesar de la cacareada "línea roja" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. En cambio, la lista de imputados podría ampliarse, en las piezas relativas a los contratos por la visita del Papa, a delitos electorales, y a otras presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat y la trama Gürtel, después de que el magistrado José Ceres, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, abriera nuevas diligencias en ellas tras la irrupción de un nuevo testigo aportando nuevos documentos que podrían resultar relevantes para la investigación.

No solo Gürtel

Pero no solo el caso Gürtel nutre de imputados la lista de altos cargos enredados en asuntos de presunta corrupción de la estructura gubernamental dirigida por Francisco Camps. Donde más cerca ha estado el ex presidente de la imputación ha sido en el caso Nóos, instruido en Mallorca por el juez Castro, que -debido al aforamiento de Camps- derivó al TSJ valenciano la posibilidad de abrir diligencias contra él, lo que el tribunal desestimó provisionalmente. Pese a ello, en la causa mallorquina sí están imputados tres ex altos cargos dependientes de su gobierno: los ex directores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela (su hermano, José Manuel Vela, fue el conseller que se vio forzado a dimitir por su filtración de un documento a otro diputado imputado del PP ), y su directora de gestión, Elisa Maldonado. De ellos, solo esta última ha derivado las responsabilidades de sus contrataciones con el entramado empresarial de Iñaki Urdangarin en sus superiores en el Gobierno, aunque esto no se ha traducido hasta ahora en más imputaciones.
Por otro lado, también suma siete imputados a la lista el caso Cooperación, que investiga el saqueo de dinero público destinado a la cooperación y el desarrollo a través de la extinta Conselleria de Solidaritat. De ellos, solo el ex conseller Rafael Blasco  (el único de los diputados imputados que siguen en Les Corts expulsados del grupo popular por Alberto Fabra), mientras que el resto lo componen una funcionaria y cinco cargos de libre designación.
Todo esto sucedió a cobijo del Gobierno de Francisco Camps -quedan fuera de la suma las decenas de políticos valencianos imputados en corrupción pero dependientes de otras administraciones provinciales y locales-, un presidente que, según han determinado los tribunales hasta la fecha, no tiene relación con lo sucedido, lo que no quita que no estableciera mecanismo alguno para impedirlo.
"La proliferación de funcionarios eventuales o cargos de confianza con fidelidades personales o partidistas facilitan la irrupción de conductas desviadas", advirtió esta misma semana la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, señalando la raíz de la enfermedad que hizo metástasis en el Gobierno valenciano. Pese a ello, cabe recordar que el destinatario del aviso, Alberto Fabra, aumentó el número de asesores y altos cargos heredados de Francisco Camps.
Esta sobredosis de altos cargos con elevada retribución contrasta, sin embargo, con la anemia de los organismos encargados de juzgar la presunta corrupción. El TSJ valenciano, saturado de causas abiertas, recibía esta semana del Consejo General del Poder Judicial sólo uno de los tres jueces de refuerzo solicitados para hacer frente a todas las investigaciones y los juicios de inminente apertura. Entretanto, los imputados, diputados o no, siguen a lo suyo.
 

Caso Nóos:

José Manuel Aguilar: Ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre 2003 y 2005.
Jorge Vela: Ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre 2005 y 2006.
Elisa Maldonado: Directora de Gestión de Cacsa entre 2003 y 2008.

Caso Cooperación (Pieza 1):

Rafael Balsco Castany: Conseller de la Consellería de Solidaritat y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
Alejandro Catalá Bas: Subsecretario de la Conselleria de Solidaritat.
María Agustina Sanjuan Ballesteros: Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Solidaritat.
Marcos Antonio Llinares Picó: Jefe del Área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat desde
José María Felip Sardá: Director General de Cooperación.
Francesc Xavier Llopis Bauset: Director del Gabinete del Conseller de la Conselleria de Solidaritat.

Caso Cooperación (Pieza 2):

Rafael Blasco Castany: Conseller de la Consellería de Solidaritat y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
María Agustina Sanjuan Ballesteros: Secretaria General Administrativa de la Conselleria de Solidaritat
Marcos Antonio Llinares Picó: Jefe del Área de Cooperación de la Conselleria de Solidaritat desde noviembre de 2008 a octubre de 2011.
María Dolores Escandel Domenech: Jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación
José María Felip Sardá: Director General de Cooperación

Caso Gürtel (Piezas 1 y 2):

Vicente Rambla: Vicepresidente Generalitat
Ricardo Costa: Diputado autonómico
David Serra Cervera: Secretario autonómico de Deportes.
Yolanda García Santos: Diputada y ex tesorera del PP de la Comunitat Valenciana

Caso Gürtel (Pieza 3):

Milagrosa Martínez: Consellera de Turismo.
Angélica Such: Consellera de Turismo.
Rafael Betoret: Jefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo.
Isaac Vidal Sánchez: Jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT.
Jorque Miguel Guarro Monllor: Jefe del servicio de Promoción de la Agencia.
Juan Bover Fernández de Palencia: Jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat.
Ana María Grau Ábalos: Coordinadora de ferias de la AVT.

Caso Gürtel (Pieza 4):

Pedro García Gimeno: Director General de RTVV.
Luis Sabater: Jefe del departamento técnico RTVV.
Antonio José de la Viuda González: Jefe de Antena RTVV.
Ricardo Calatayud Darocas: Jefe económico de RTVV

Caso Gürtel (Pieza 5):

Salvadora Ibars: Directora general de Promoción Institucional.
Clara Abellán García: Directora general de la conselleria de Bienestar Social.
Aranzazu Valles Testera: Gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.
Rafael Peset Pérez: Director de Asistencia Sanitaria.
Juan Alfonso Bataller: Subsecretario autonómico de Sanidad.
Auxiliadora Hernández Miñana: Secretaria autonómica de Educación.
Silvia Caballer Almela: Directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, y secretaria general del Institut Valencià de la Joventut.
David Serra Cervera: Secretario autonómico de Deportes.
Inmaculada García Pardo: Directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.
Carmen Díez Quintero: Gerente de la Fundación pública La Luz de las Imágenes.
Joaquin Fernando Tomás Font de Mora: Director del gabinete jurídico de Vaersa.
María de la Paz Aviñó Primo: Secretaria general de la Conselleria de Agricultura y alto cargo de la conselleria de Sanidad.
Niurka Montalvo Amaro: Secretaria autonómica de Deporte.
Enrique Navarro Alejandro: Decretario autonómico de Familia y Solidaridad.
Enrique José Bort Bargues: Director de gabinete del Sepiva.
Juan Miguel Bellver Ribes: Director general de la empresa pública Vaersa.
Jose Manuel Vidal Vidal: Alto cargo en varias consellerias de la Generalitat.
Paula de Cubas Carrasco: Asesora de prensa de Vicepresidencia de la Generalitat.
Alicia de Miguel: Consellera de Bienestar Social.
Manuel Cervera: Conseller de Sanidad.
José Enrique Clerigues: Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.
Pilar Ripoll Feliu: Directora general de Calidad y Atención al Paciente.
Maria Luisa Carrera Hueso: Directora general de Asistencia Sanitaria.
Luis Eduardo Rosado Bretón: Director general de la Agencia Valenciana de Salud.

La Iglesia solo admite que fue víctima y niega que también fue verdugo

Francisco Espinosa Maestre
Historiador

Decía hace poco el obispo de Tarragona, Jaume Pujol, que cuando “ve la memoria histórica” se da cuenta de que le faltan “sus sacerdotes y el obispo”. Según él, se dijo que en esa lista iban a estar “los dos bandos”. Pero rápidamente añade que los suyos “no son de un bando, son otra cosa…”, ya que hay que distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Mantiene Pujol que la persecución religiosa venía ya de antes, de los años treinta, aunque tenga que afinar más y dejarlo en “los años 34”, donde dice que ya hubo más de cien muertos. De ahí que se permitan hablar de “los mártires del siglo XX”. Al contrario que otros, la Iglesia, por supuesto, no abre heridas sino que las cura. Pero hay más. Según el obispo, los asesinos de los 522 mártires no han pedido aún perdón, al contrario que la Iglesia: “El papa Juan Pablo II ya pidió perdón en el 2.000 por toda la Iglesia”, lo cual parece que incluye, aunque no nos enteráramos, a la Iglesia española.
Por su parte, el jesuita y jesuítico exportavoz Martínez Camino se mostró partidario de abrir las fosas comunes. Sería “una obligación de piedad y humanidad”, declaró. Y añadió: “Y lo decimos con toda el alma: no se debe olvidar a ninguna víctima inocente”. Martínez Camino también ha dejado perlas como estas: “[El acto de Tarragona es] ejemplo de perdón al enemigo”, “Los cristianos no queremos tener enemigos” o “La Iglesia no olvida ninguna de las víctimas de los totalitarismos”.
Uno lee con cierto asombro estas declaraciones. No solo debemos soportar que la Conferencia Episcopal organice actos como el de Tarragona sino las justificaciones que dan sus responsables, amplificadas por sus múltiples medios. El obispo debe saber que los religiosos asesinados, tanto durante la revolución de Asturias como a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, no tienen por qué estar en lista alguna de la memoria histórica, porque esto sería repetir sus nombres. Además rebosa cinismo al echar de menos en dichas listas a “sus” sacerdotes y al obispo. A todas las víctimas de la Iglesia se las lleva conmemorando como mínimo desde 1939. Todas las diócesis y órdenes publicaron sus martirologios y la Iglesia se encargó a lo largo de la dictadura de que sus nombres no se olvidaran. Lo que llama la atención es que el señor obispo no eche de menos al diezmado rebaño. Precisamente a sus ovejas degolladas, olvidadas durante décadas, va dedicada la memoria histórica. ¿De dónde saca que “en la lista” iban a estar “los dos bandos”? Los suyos, Sr. Obispo, ya estaban en las listas de la memoria histórica del franquismo, mucho más antigua que la que surgió la década pasada. Esa es su memoria y allí sí que solo estaban los suyos.
Los que de verdad no hemos olvidado a nadie somos los historiadores. No los eclesiásticos como Montero, García Cárcel o Martín Rubio, que como Pujol solo tienen ojos para los suyos, sino los que hemos sacado a la luz la matanza fundacional del fascismo español, bendecida por la Iglesia. En nuestras obras constan también las víctimas de derechas y, por tanto, las de la Iglesia. Sabemos por otro obispo, el citado Antonio Montero, que el número de víctimas que la Iglesia considera suyas anda en torno a las seis mil ochocientas en todo el país. Un número altísimo sin duda que representa el 14 % del total de víctimas de derechas. Pero, en todo caso, un número similar al número de víctimas causado por el fascismo en una provincia como Huelva, inferior al de Córdoba o la mitad o menos del que hubo en Sevilla o Badajoz. El terror rojo acabó con más de doscientas religiosas, muchas de ellas beatificadas. Pero sólo entre las cuatro provincias mencionadas el fascismo católico acabó con más de dos mil mujeres, incluidas embarazadas. ¿Las recordarán alguna vez, Sr. Obispo?
El montaje de la Iglesia española con sus “mártires del siglo XX”, que viene de lejos, exige separarlos de la “guerra civil” y convertirlo en un fenómeno especial ajeno a esta. La Iglesia prefiere hablar de “persecución religiosa” y asociarla a la República, más por el intento de modernización que se llevó a cabo en relación con la Iglesia y en el campo de la enseñanza que por la persecución religiosa en sí. Pujol habla de más de cien muertos antes del golpe militar pero, si nos atenemos a la investigación histórica, no hay manera de pasar de los 34 causados por la revolución asturiana. Y en este caso, la mayor parte de los historiadores, incluso los más  moderados, coinciden en que fueron hechos puntuales que no respondían a ningún plan establecido ni a persecución alguna. De hecho, la inmensa mayoría del personal religioso fue respetada.
Lo que busca la Iglesia al llevar el origen de la “persecución” al 34 es lo mismo que los “Moas” al trasladar el “origen de la guerra civil” a octubre de ese mismo año: despegarse del golpe militar y de sus complicidades. La Iglesia sabe que desde el momento en que se produjo la sublevación tuvo lugar un doble proceso: en la zona en que fracasó provocó un movimiento revolucionario que en unos meses se llevó por delante la vida de miles de personas, y en la zona en que se impuso y en los territorios que las columnas van ocupando un calculado plan de exterminio que deja pequeño al otro. En este plan la Iglesia participa de diferentes formas y eso es lo que nunca ha reconocido. La Iglesia solo admite que fue víctima y sigue ocultando y negando que también fue verdugo.
La agresión vino del fascismo y fue con este con el que la Iglesia se alineó. La guerra civil fue consecuencia del fracaso parcial del golpe. La Iglesia formaba parte del poder, era mantenida por el Estado y controlaba desde el siglo XIX sectores básicos de la enseñanza. Este orden fue el que vino a trastocar la República. Para nadie era un secreto la ideología política de la Iglesia ni el privilegiado estatus de que había gozado hasta entonces. La República, al poner fin a la monarquía,  acabó con la vieja alianza entre el Trono y el Altar y convirtió la religión en un asunto privado al que cada uno era libre de dar la importancia que quisiera. El panorama resultó alarmante para la Iglesia. Sólo que en vez de reflexionar sobre las razones por las que tanta gente vivía ajena por completo a ella y a sus preceptos, prefirió culpabilizar a la República. En 1931 eclosionó una moral laica que se había ido forjando desde finales del XIX. Pero esta situación, acorde con los tiempos, suponía una provocación para la Iglesia, que no podía ver cómo la sociedad seguía su marcha sin tenerla en cuenta para nada.
Pujol dice que los religiosos asesinados no son de un bando, pero al obispo hay que decirle que, quisieran o no quisieran, el hecho de pertenecer a la Iglesia los convertía en parte principal del único bando que existió: el de los sectores que propiciaron, alimentaron y se sumaron al golpe militar cuyo objetivo no era otro que acabar con la República. Fueron muchos en todo el país los religiosos detenidos tras el fracaso del golpe. Pero no por la “persecución religiosa”, sino dentro de las medidas que los comités tomaron para controlar la situación. Parroquias, sacristías y depósitos varios albergarán a propietarios, derechistas destacados, falangistas, curas, obreros serviles, etc. Y allí donde se abrió la vía al crimen morirán todos juntos. Sus asesinos los matan por ser enemigos de clase y por representar una institución reaccionaria. Pero le diré algo al Sr. Obispo: si todos los curas detenidos tras el golpe hubieran sido asesinados, el número de víctimas religiosas habría que duplicarlo al menos. ¿Y sabe por qué no llegó a ocurrir tal cosa? Porque el respeto por la vida estuvo más cerca de los comités que se constituyeron para la defensa de la República que de los que se sublevaron y contribuyeron a su destrucción, Iglesia inclusive. Enerva que con este pasado la Iglesia ejerza de defensora de la vida.
Entre las afirmaciones de Pujol una de las más provocadoras es la de que los asesinos de los 522 mártires no pidieron perdón, pero el papa polaco sí. El obispo debe saber que por cada muerte de estas cayó luego mucha gente y que el sistema judicial franquista no se caracterizaba precisamente por el respeto a las garantías procesales. ¿Sabe acaso lo que dijeron antes de morir los culpables que fueron ejecutados? ¿Ha pensado alguna vez el obispo cuántos inocentes cayeron por cada uno de sus mártires? ¿No se ha fijado nunca en el apartado de la Causa General dedicado a los culpables y su paradero? El perdón pedido por Wojtyla en nombre de toda la Iglesia, ¿se refería a las barbaridades cometidas por la Iglesia en el siglo XX o a lo largo de su historia, en Europa o en el mundo? Pues sí que le salen baratos los pecados a la Iglesia. Y para colmo salen los de aquí diciendo que ese perdón incluía el mal que pudo hacer la Iglesia en España. Asunto resuelto. A algunos nos hubiera gustado que el perdón lo hubiera solicitado la Conferencia Episcopal no sin antes haber especificado los pecados cometidos a partir de julio de 1936. Así, en relación con la Iglesia, además de sus “mártires del siglo XX”, podríamos hablar de sus “pecados del siglo XX”.
Sorprende la llamada que hizo el ya exportavoz Martínez Camino a favor de la apertura de fosas comunes. Pues desde su cargo de secretario de la CEE y como experto en los “mártires del siglo XX” podría haber sido de gran utilidad favoreciendo el acceso a la documentación eclesiástica relacionada con la represión franquista. Por ejemplo, las memorias e informes de carácter interno y los expedientes personales de capellanes, párrocos, obispos, etc. Al fin y al cabo son archivos cuyo mantenimiento pagamos todos y que deberían regirse por la Ley de Patrimonio Histórico. Y digo que deberían porque hasta la fecha ellos deciden qué y quién lo puede ver.
La Iglesia española tiene la creencia de que todas sus víctimas eran inocentes, de lo cual yo no dudo, si bien en lo referente a las provincias que he estudiado hay casos en los que podría aportar  inquietantes matices. Sin embargo, los enemigos de la memoria histórica, entre ellos algunos eclesiásticos, han planteado más de una vez dudas sobre la inocencia de las víctimas del franquismo. Dejando caer: ¿y quién dice que estos que estáis recuperando fueron víctimas inocentes? Ya dijo el cura falangista Martín Rubio que la justicia franquista siempre castigaba por delitos concretos. En definitiva estamos ante lo de siempre. La inocencia de unos se da por supuesto; la de los otros habría que probarla.
Finalmente asombra que Martínez Camino afirme que la Iglesia nunca olvida a las víctimas de los totalitarismos. Se ve que el jesuita debe ser de la escuela del sociólogo Juan José Linz, al que tanto debe el franquismo, y que lo que ha querido decir es que no olvidan a las víctimas del nazismo y del comunismo. Como el franquismo, según Linz, fue un régimen autoritario, pues no hace falta recordar a sus víctimas. Quizás por eso la Iglesia no lo ha hecho nunca. Olvidan la frase con la que el historiador Herbert Southworth cerraba su obra El mito de la cruzada de Franco: “Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era gamada”.

LES INSINUACIONS DE MONTORO

Ho ha tornat a fer!

Si fa uns mesos Montoro va insinuar que els actors i cantants d’aquest país defrauden a l’erari públic, l’altre dia va insinuar que els principals diaris acumulen un gran deute amb Hisenda.

I els clubs de futbol... I moltes societats mercantils... I tants i tants d’altres Sr. Montoro. I els que no tenen deutes és que tenen els seu domicili en paradisos fiscals per a evitar contribuir al nostre país. Però no està bé que ho digui vostè i menys que els criminalitzi de la forma que ho fa només perquè no li complau el que publiquen. Els que s’hauria d’esperar de Montoro és que habilites les mesures necessàries per a evitar-ho. Si us heu fixat, he posat el condicional (s’hauria d’esperar), perquè personalment no ho espero ni d’ell ni de qualsevol ministre d’hisenda que pugui haver en aquest país.

Mireu, quan la crisi ens va agafar amb el peu canviat, el govern de Zapatero va decidir congelar l’oferta d’ocupació pública... Sí, el sou dels funcionaris també es va retallar.

Puc arribar entendre que les noves tecnologies estan suplantant els treballadors públics. Cada vegada es fa més ús d’Internet per a fer els tràmits, sobre tot les assessories i, de cara al 2014 encara se’n implantaran més. Si sabeu que és el PIN24, estigueu atents que qualsevol dia algú en parlarà.

Però hi ha feines que les màquines mai podran fer i departaments ministerials que precisen molts més efectius que els que tenen en l’actualitat. Un d’aquests departament és la inspecció tributària i financera. Espanya hi dedica molts menys efectius que la majoria dels països de l’OCDE. Una inspecció de finances més eficient i millor dotada permetria recaptar molt més i, sobre tot, dels sectors tradicionalment més defraudadors (que, evidentment, els hi ha) I si s’aconsegueix això, es poden fer dues coses: o destinar més diners als serveis públics com la sanitat, educació, infraestructures, etc. o abaixar impostos sobre tot als treballadors que, tradicionalment, han estat els que més han contribuït.

Les insinuacions de Montoto són un insult a la intel·ligència col·lectiva dels ciutadans d’aquest país. Perquè posats a insinuar... Nosaltres també ho poder fer sobre el, no?

Què té Montoro, demència senil? Segurament... I no seria un insult, simplement reflectiria una realitat que tothom veu.  

PRIMER CONCURS DE POSTRES DE XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA. L'Aldea 15-12-2013