La España oficial y la España real

Sostiene que la brecha entre políticos y ciudadanos es similar a la del franquismo

Dice que falla la rendición de cuentas de los representantes y la igualdad ante la Ley.

CREO QUE HAY que remontarse al final del franquismo para encontrar una brecha tan amplia entre la España real y la España oficial como la que pone de relieve la reciente encuesta del CIS, así como otras muchas realizadas a finales de 2012, incluida la encargada por este mismo periódico. Una brecha que va en aumento, lo mismo que el desafecto por la clase política que, asombrosamente, pretende no darse por enterada o, a lo sumo, habla de planes de Secretaría General Técnica o tira de BOE para enfrentarse a una Crisis Política con mayúsculas. Otro tanto empieza a ocurrir con la Monarquía, muy alejada en el fondo y en la forma de las nuevas generaciones que no vivieron la Transición. Mientras tanto, los pobres ciudadanos ya no dan crédito ni al discurso oficialista, ni a las entrevistas oficialistas (véase la reacción frente a la concedida por el Rey a Jesús Hermida) ni a los medios oficialistas, dudando entre lanzarse a la calle o al exilio. Un panorama desolador. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y lo más importante ¿Cómo salimos de aquí?

En cuanto a lo primero, las causas de esta separación entre la España oficial y la España real son muy variadas pero podríamos resumirlas así: mientras la España oficial vive cada vez más ensimismada, aislada en una auténtica burbuja política, mediática y empresarial que amortigua los ruidos que llegan de la España real, bunkerizándose a ojos vista para defender sus intereses, la España real lo está pasando cada vez peor y no sólo económicamente. La España oficial parece abocada -como bien ha explicado el profesor Luis Garicano- a un proceso creciente de «peronización» muy preocupante, en que se combina la defensa a ultranza de los intereses propios de la partitocracia (confundidos interesadamente con la defensa de lo público) con la creciente confusión entre lo privado y lo público, con la inevitable corrupción que este modelo genera. Conviene recordar que hay estudios que hablan de la correlación positiva entre el incremento de la presencia de políticos en empresas y la corrupción de un país

En este proceso se intercambian todo tipo de favores: desde los normativos hasta los económicos, pasando por las colocaciones de políticos y ex políticos algunos de ellos con trayectorias que darían miedo en cualquier país serio. En todo caso, esta situación impide que en la España oficial se perciba con nitidez la realidad, que se identifiquen correctamente los problemas y, lógicamente, que puedan resolverse. Quizá el caso más llamativo es la posición del Gobierno central respecto a la situación en Cataluña, un problema político de gran magnitud que se pretende resolver como si fuera un problema ordinario de naturaleza jurídica, pero hay innumerables ejemplos. En este contexto, los españoles de a pie, la España real que sufre la crisis económica, política y moral en sus carnes está entre perpleja e indignada. Y se siente -con razón- estafada. Como en un juego de magia, ven como se les están escamoteando no sólo los productos de muchos años de esfuerzo y trabajo, sino también la confianza que depositaron en la democracia y sus valores. Valores como el de la igualdad de oportunidades, esencia de la meritocracia en que fueron -fuimos- educados la mayoría, ciertamente al menos dos o tres generaciones de españoles. Así los españoles a los que se nos educó en la confianza de que el estudio, el esfuerzo, el trabajo, la honradez, la competencia, la capacidad, el mérito, el talento, eran las claves para conseguir una mejora de las condiciones de vida y también las claves para el éxito y el prestigio laboral o profesional no entendemos nada. Porque las claves del éxito laboral o profesional resulta que ahora son otros. En estos tiempos importa más a quien se conoce que el qué se conoce, o qué se sabe hacer. En la España del 2013 se progresa (o se sobrevive dado los tiempos que corren) mucho más fácilmente si se ha hecho carrera en un partido político, o a la sombra de un cargo público, o si se es pariente o protegido de alguien importante, o si se tiene un cargo o responsabilidad pública desde el que se pueda hacer favores que después sea posible cobrar. Y las reglas en algunas empresas importantes del Ibex no parecen muy distintas, la verdad.

Y -esto es quizá es lo más grave desde el punto de vista político- los españoles también se sienten estafados porque hay otros valores consustanciales a la democracia, como la igualdad política o la igualdad de todos ante la Ley, o la obligación de los representantes de rendir cuentas a sus representados que tampoco se respetan. Porque lo cierto es que en España ya no es verdad que la Ley sea igual para todos, para gobernantes y para gobernados, para poderosos y para débiles, para ricos y para pobres. Sin necesidad de poner ejemplos concretos, el que nuestra democracia pueda coexistir con una enorme cantidad de cargos públicos imputados, o el que se indulte tranquilamente a condenados por delitos contra las Administraciones Públicas, se incumplan las sentencias del Tribunal Supremo cuando a los políticos no les gustan o se cambien las leyes cuando una persona poderosa lo necesita, o asuste tanto la transparencia deja claro donde estamos. En cuanto a la rendición de cuentas de nuestros representantes, qué vamos a decir cuando se asume con tranquilidad que una vez que se celebran las elecciones, los electores se tienen que estar muy quietecitos durante los años que medien hasta las siguientes, y cuidadito con preguntar nada sobre las promesas electorales que se hicieron para atraerles a las urnas o con exigir cualquier tipo de responsabilidad jurídica por la mala gestión, las corruptelas o el despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Creo que estas son algunas de las claves de la divergencia entre la España real y la España oficial, que no es la primera vez que se produce, como recordarán los lectores de la obra del mismo nombre de Julián Marías, escrita al comienzo de la Transición, en cuyo título me he inspirado para este artículo. En aquel libro Don Julián sostenía que la España oficial, concebida en oposición a la España real, no puede ser otra cosa que la España de la irrealidad.

En cuanto a lo que se puede y se debe hacer, ya lo explicó él en su momento, con el optimismo que le caracterizaba, más necesario que nunca. Él confiaba en que la España real tenía mucho más empuje, valor, fuerza y sentido común que la oficial. Por ello, ¿qué tal si en vez de esperar que nos caiga de la España oficial la solución a nuestros problemas nos ponemos nosotros a ello? Podemos hacer y decir muchas cosas de aquí a las siguientes elecciones o a la siguiente encuesta que impidan a la España oficial seguir ignorando por más tiempo a la España real.

¿Complicado librarse de la costra, que diría Ortega, de la España oficial? Sin duda, por eso hay que hacer un esfuerzo de imaginación, de voluntad, de actividad. De forma que cada uno de nosotros, sin pensar en lo que le pueda costar o en la incomodidad que le pueda suponer, haga en el espacio público -esto es importante- lo que considere correcto, no lo conveniente. En el trabajo, en la Administración, en los foros, en la calle. Y hay que decir la verdad, aunque sea a los políticos, sobre todo a los políticos.

¿Ejemplos concretos? Desde denunciar los abusos y conductas irregulares de los que tenemos cerca y conocemos bien -siempre más difícil de hacer que denunciar los abusos y corruptelas lejanos, pero bastante más efectivo- hasta dejar de comprar periódicos que silencian casos de corrupción por motivos económicos, pasando por respetar las normas también cuando nos viene mal. Seguro que a ustedes se les ocurren muchas más. ¿Que no sirven para nada? Prueben a hacerlas y ya verán si sirven.

En definitiva, si no queremos que la España oficial siga diciendo que es la España real no dejemos que se confundan hasta que sean indistinguibles. 

 

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, fundadora de claves y editora del blog ¿Hay derecho?

EQUIPAMENTS "INSOLVENTS"

El passat 10 de gener, l’arxiver comarcal del Montsià s’acomiadava dels càrrecs polítics de l’Ajuntament d’Amposta anunciant-los que el dia 15 de gener li caducava el contracte i no sé li renovaria.

Això vol dir que l’Arxiu Comarcal també tancava les seves portes ni que fos de forma provisional, ja que un arxiu sense arxiver no pot funcionar mai de la vida.  

Quan vaig saber la notícia, només feia uns dies que un polític de la veïna ciutat de Tortosa m’havia dit que l’Ajuntament d’Amposta anava a tancar de forma imminent el centre d’arts visuals, batejat com lo Pati per ocupar el pati de recreo de les modernistes escoles públiques.     

És dóna la circumstància que tant l’Arxiu Comarcal com el centre d’arts visuals van ser inaugurats el mateix dia pel qui era Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Joan Manuel Tresserres, en el darrer temps del govern d’Entesa.  

Aquests dos equipaments, juntament amb l’edifici polivalent que hi al recinte firal, eren la joia de la corona de la primera legislatura de l’alcalde Manel Ferré. Tret de l’edifici polivalent, els altres dos són edificis molt sobris, amb línies rectes i molt de formigó. No obstant havien d’exercir funcions molt concretes, però no per això han estat exempts de polèmica.

L’Arxiu Comarcal que es va ubicar prop de la plaça de la Castellania d’Amposta, és un equipament dotat de la tecnologia més moderna per a permetre tractar qualsevol tipus de documents per a que no es deteriori durant el pas del temps. Una altra cosa és si calia fer-lo tan gran per la documentació que, en un principi, havia d’emmagatzemar. Tret d’uns quants documents locals i el fons personal del gran escriptor del delta de l’Ebre Sebastià Juan i Arbó, poca cosa més hi contenia. Una de les poblacions de la comarca amb més documents és Ulldecona, a priori, candidata a albergar un equipament així, però el pes polític d’Amposta va acabar per fer decantar la balança cap a la capital del Montsià.

El centre d’arts visuals va néixer a partir del festival Strobe de videocreació. Però també podia albergar altre tipus d’exposicions, com per exemple la Biennal Amposta (BIAM), així com exposicions diverses que fins ara es feien a la biblioteca comarcal o al museu de les Terres de l’Ebre, dintre del mateix complex cultural. Ara bé, la pregunta és: Tenia Amposta por capacitat per tenir ocupat lo Pati la major part dels dies de l’any?

La megalomania dels diferents equips governants de la nostra ciutat ens ha portat a aquesta situació insostenible. No s’ha d’esperar que la cultura sigui rendible, però si es dota la ciutat d’equipaments culturals, el que no pot ser, és que els acabis tancant abans de dos anys d’haver-los inaugurat. D’això se’n diu manca de previsió i possiblement també malversació de diner públic; perquè, com és lògic, els equipaments que es construeixen a les ciutats i pobles no els paguen els polítics de torns, sinó que els paguem tots els ciutadans gràcies als impostos que tributem pels diferents conceptes.

Donaria les gràcies si tots els mals de la nostra ciutat acabessin aquí. Desgraciadament, els diferents governs de CiU, han deixat pel camí molts de cadàvers: l’escorxador municipal, la zona lúdica de Tosses, el centre comercial Futuro Ciudad Amposta... Uns equipaments que s’han hagut de tancar o funcionen molt per sota de les seves previsions inicials.

Com diu la dita: no és or tot el que rellueix, encara que ens ho vulguin vendre com a tal i, si és possible, adornats amb pedreria preciosa.  

ASSEMBLEA OBERTA DELS GRUPS DE SUPORT A LES CUP DE LES TT.E.

¿Una Infanta en el banquillo?

De las informaciones periodísticas, y dicho con toda prudencia, se desprende que el caso Nóos se complica, y alarga posibles responsabilidades a personas que por el interés institucional no sería grato que ocurrieran.
No es temerario afirmar lo anterior en razón a la nueva imputación que se ha efectuado en el juzgado competente contra Iñaki Urdangarin por dos delitos de fraude fiscal, ya que se da la circunstancia de que dichos delitos se cometieron en un alarde de ingeniería financiera a través de una sociedad denominada Nóos cuyo capital se reparten al 50% entre el referido imputado y su esposa, la Infanta doña Cristina.
Examinando detenidamente todas las circunstancias que establece el Código Penal para eximir de responsabilidad criminal a un autor, no se aprecia ninguna que sea de aplicación a la actuación de la Infanta. Pues por muy al margen que estuviera en la práctica de las andanzas de su marido, no cabe la menor duda que tuvo que firmar escrituras, transferencias y declaraciones a Hacienda. Si a esto añadimos la actuación eficiente del asesor real de las infantas, nos encontramos ante un inevitable aprieto procesal.
Resulta comprensible que si es doloroso para la Familia Real, como para cualquier otra familia española a la que imputen a alguno de sus componentes, mucho más penoso y grave es que esa imputación alcance y perjudique a una institución constitucional como es la Corona, ya que por esa causa podemos ser perjudicados moralmente todos los españoles.
Nos encontramos ante una situación de máxima incomodidad familiar y pública ante el pueblo español. Pero precisamente por ello el Rey y la Reina tienen que afrontar este serio problema, pues no en vano el Rey afirmó la necesidad de que la ley sea igual para todos.
Por eso afirmo que la Infanta debe ser encausada de dichos delitos fiscales e imputada. Y también digo que me gustaría que, después de un juicio oral, público y contradictorio, fuera absuelta.
La presunción de inocencia juega y debe jugar a favor de todo ciudadano, en cuya área está incluida la Infanta, pero ello no es óbice para mantener todo lo dicho, ya que también existe la figura de presunción de inocencia disminuida por la fuerza brutal de los hechos.
Es sabido que la justicia, con sus torpes vaivenes, no está bien valorada por los españoles. Sin embargo, estimo que en el presente caso una actuación justa, lógica y garantista haría subir el aprecio hacia este poder del Estado, entendiendo el mismo no solo como tal, sino como servicio público a favor de los ciudadanos.

Arturo González