La Guardia Civil pone contra las cuerdas a Cristina Cifuentes y al PP de Madrid

IGNACIO ESCOLAR

La presidenta que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto insinuando motivos políticos tras los informes de la Guardia Civil

1. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, señala directamente dentro del caso Púnica a la presidenta de Madrid y la acusa de dos delitos muy graves: prevaricación continuada y cohecho. No hay todavía una imputación en firme, y aún no es seguro que eso vaya a suceder. Cifuentes es aforada, solo la puede imputar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y antes lo debería pedir la Audiencia Nacional, que es quien lleva la investigación. Pero el informe de la UCO sí acusa muy duramente a Cristina Cifuentes y la implica en la financiación ilegal del PP: una maquinaria electoral que  hizo trampas en todas las campañas que ganó y que, según la Guardia Civil, atentó contra "el pluralismo político".

2. Cristina Cifuentes formó parte del patronato de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que ejerció como una de las bases de operaciones de la financiación ilegal del partido. Por medio de Fundescam, el PP recaudaba dinero de empresarios amigos: unos donativos ilegales, porque los donantes contrataban con la administración y no podían aportar fondos al partido. Después el PP empleaba ese dinero en sus campañas electorales, manipulando las facturas para esconder su verdadero destino y ocultando esos gastos ante el Tribunal de Cuentas. En varias de las elecciones, gracias a estos trampas, la candidatura de Esperanza Aguirre gastó más del doble del dinero que declaró.

3. Cristina Cifuentes fue patrona en Fundescam y también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en los años en los que uno de los donantes de esta fundación se llevó varios contratos públicos del parlamento madrileño. Cifuentes presidía la mesa de contratación que adjudicó a la empresa de Arturo Fernández –expresidente de la patronal madrileña y uno de los condenados por las black– el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid entre 2009 y 2013.

4. Aquella adjudicación, según la Guardia Civil, huele mal. La UCO señala hastasseis irregularidades en ese concurso y uno de ellos apunta directamente a la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes estaba al mismo tiempo en dos sitios supuestamente incompatibles: en la comisión de expertos que repartía los puntos de ese concurso público y en la presidencia de la mesa de contratación que daba la adjudicación. Según la Guardia Civil, compaginar estos dos puestos es "contrario a la legalidad" y "vulnera la imparcialidad" del concurso.

5. En esos años, Cifuentes también estaba en el comité de campaña del PP de Madrid. Es decir, en el lugar en el que presuntamente se gastaban esos fondos irregulares que recaudaba Fundescam y que donaba, entre otros, Arturo Fernández.

6. El juez Eloy Velasco, que lleva el caso Púnica, descarta pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación de Cristina Cifuentes, a pesar de estos informes de la Guardia Civil. Su opinión es relevante, pero no salva del todo a la presidenta de Madrid porque Velasco dejará el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en cuestión de semanas. Casi con seguridad –así lo cree el propio juez– Velasco se irá con un ascenso y mejor sueldo a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un nuevo e importante tribunal que será clave en la justicia española. En este artículo Elisa Beni explica muy bien qué es esta nueva sala y por qué tenemos que temernos lo peor.

7. El nuevo juez que sustituya a Velasco será entonces quien pida (o no) la imputación de Cifuentes. Y en su decisión habrá un factor que pese mucho: lo que opine sobre el tema la Fiscalía Anticorrupción.

8. Las fiscales del caso Púnica son Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Las dos han tenido ya serios enfrentamientos con sus superiores cuando han intentado actuar contra un dirigente importante del PP. Fueron ellas quienes pidieron imputar en la Púnica al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez; sus jefes no les dejaron. Y García Cerdá también está en el caso Lezo. Es una de los dos fiscales a los que  Manuel Moix intentó parar algunos de los registros de esta operación que afectaba a la gestión del Canal de Isabel II en los años de Alberto Ruiz-Gallardón.

9. Las dos fiscales que llevan el caso sí ven irregularidades en esta adjudicación a Arturo Fernández, en la que la UCO considera que Cifuentes participó "de manera indubitativa". No opina igual su jefe, Manuel Moix. El fiscal jefe de Anticorrupción no tiene intención de pedir la imputación de Cifuentes. Moix es coherente con toda su trayectoria anterior; con toda una carrera de decisiones muy amables con el PP.

10. Moix, en una entrevista, ya criticó algo que aparece en estos informes: que la Guardia Civil detalle los presuntos delitos que se deducen de sus investigaciones. Según Moix, este es un trabajo de la Fiscalía y no de la Guardia Civil. No duden que las críticas del PP y la Fiscalía a la UCO desde ahora arreciarán.

11. Independientemente de lo que decida la Fiscalía y el nuevo juez de instrucción que sustituya a Eloy Velasco, el informe de la Guardia Civil ya es lo bastante contundente como para que Cristina Cifuentes al menos comparezca en la Asamblea de Madrid y ofrezca una detallada explicación. La máxima exigencia obliga siempre a la máxima ejemplaridad. La presidenta que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto  insinuando motivos políticos tras los informes de la Guardia Civil.