Máster en Corruptología Comparada

Antonio Aveldaño

Caso Bárcenas. Caso ERES. ¿Cuál de ellos es más escandaloso, cuál más repugnante? ¿Quién sale peor parado en la comparación, el Partido Popular o el Partido Socialista? ¿La dirección de Génova 13 o la dirección de la Junta de Andalucía? Los hoolligans de uno u otro bando no tienen dudas: ¡Por supuestísimo que la corrupción de los adversarios es infinitamente más grave y escandalosa! Dónde va a parar, por favor. Seamos serios. Donde esté Luis Bárcenas con sus cuentas en Suiza que se quite Javier Guerrero con su suegra prejubilada. Donde esté en dinero detraído a los pobres parados que se quite el dinero robado al pobre Partido Popular…
Los ciudadanos nos hemos visto obligados a hacer a toda velocidad un máster en Corruptología Comparada. Nuestros profesores han sido gente de primera línea, con grandes currículum, expertos con una sólida formación teórica y sobre todo práctica, principalmente políticos y banqueros con un alto grado de solvencia en sus respectivas trayectorias de latrocinio y formados todos ellos en una de las universidades con mayor reconocimiento internacional en la materia, una universidad conocida indistintamente por los nombres de España, Estado español o Este País.
¿Bárcenas o ERES? ¿ERES o Bárcenas? Difícil decisión. Se trata de dos buenos trabajos y no es fácil premiar a uno de ellos. Nos pasa con esto como con los Oscar de Hollywood en esos años con una cosecha cinematográfica especialmente buena. Bárcenas es un maestro en su género y Guerrero lo es en el suyo. En todo caso, a ambos los han pillado de carambola, casi por casualidad, por una mala jugada del destino, como ocurría en ‘Atraco perfecto’. Con un poco más de suerte ni Luis ni Javier tendrían ahora problemas con la justicia. Ni estarían pasando la vergüenza y los apuros que están pasando tantos militantes del Partido Popular y del Partido Socialista.
Con un poco más de suerte los ciudadanos no tendríamos que vernos obligados a elegir entre uno y otro caso. Con un poco más de suerte, con un país un poco mejor, con unos medios de comunicación un poco más ecuánimes, con una ética civil un poco más severa ni siquiera se plantearía este sucio debate que tanto gustan de plantear muchos dirigentes de ambos partidos en un vano intento de convencer a los ciudadanos de que el otro ha sido más corrupto. Los dirigentes del PP y el PSOE que hacen tal cosa tienen el siguiente problema: que no están entendiendo nada ni están sabiendo leer los labios resecos y el corazón cansado de los españoles.
Con un poco más de suerte y algo de voluntad simplemente nos avergonzaríamos por igual de ambos casos, simplemente querríamos que los jueces hicieran su trabajo bien y pronto, simplemente habríamos exigido a los dos partidos que hicieran algo práctico y decente para que nada de lo ocurrido pueda repetirse. No queremos oírles decir que la corrupción del de enfrente es mucho más grave y repugnante que la propia. Queremos oírles decir: este partido está profundamente avergonzado de lo ocurrido y por eso ha decidido hacer esto y esto y esto otro para asegurarse de que eso que ha ocurrido no vuelva a ocurrir jamás. Mientras tanto, ¡ay mientras tanto! Mientras tanto ¡ay de España, ay del Estado español y ay de Este País! Mientras tanto ¡ay del PSOE y ay del PP! Mientras tanto !ay de todos nosotros!

SENSE DATA DE CADUCITAT

Encara que es diu que la memòria és efímera, segurament recordareu que els primers productes que van portar data de caducitat van ser els iogurts.

Segurament va ser així perquè els productes làctics són dels que més ràpidament perden les seves propietats i que, a simple vista més difícil és d’apreciar l’anomalia,  diferència per exemple d’altres productes peribles com la carn, la fruita o la verdura que es veu a simple vista.

Ara, l’actual Ministre d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del govern espanyol Miguel Árias Cañete, ha decidit substituir la data de caducitat per una data màxima recomanada per al consum, tal i com ja porten d’altres productes (consumir preferentment abans de...)

Certament, conec casos de consum de iogurts després de la data de caducitat sense que s’hagi hagut de lamentar cap tipus indigestió; ara bé, no sé si segueixen conservant les propietats (vitamines, proteïnes, etc.) que tenen els productes làctics. Caldria conèixer l’opinió dels experts sobre el tema.  

El tema m’ha fet recordar la Ràpita de finals del segle passat. Si la mamòria no em falla, a les eleccions municipals de l’any 1999, ningú preveia una victòria àmplia de Miquel Alonso al cap davant de la candidatura del PSC-ICV. L’anterior legislatura havia estat molt convulsa i, sinó recordo malament, fins i tot s’havia fet una moció de censura al alcalde convergent. Tot feia presagiar un govern d’unitat entre la majoria de les forces polítiques que concorrien a les eleccions(PSC-ICV, ERC i independents, quedant exclosos, per motius obvis, CiU i el PP que es va autodescartar) Però els resultats electorals van alterar totes les previsions i van fer reconciliar enemics (no rivals) acèrrims com eren alguns membres de CiU i alguns dels independents. Finalment hi va haver un pacte de tots contra un, es a dir, tots els partits polítics es van posar d’acord per a relegar el PSC-ICV a l’oposició. El pacte va comportar la successió dels diferents caps de llista al front de l’alcaldia. Només ERC hi va renunciar i va preferir mantenir la primera tinència d’alcaldia durant tota la legislatura. Per tant, els diferents alcaldes coneixien de forma anticipada que el seu mandat tenia data de caducitat. Pe això els hi dient l’alcalde iogurt.

Si els fets passessin ara, se’ls hi hauria de canviar el qualificatiu...    

18è ASSAIG DE XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA IV

AGBAR o el escarnio del liberalismo compasivo

Lluís Rabell
Presidente de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

Antaño, las familias adineradas se daban buena conciencia sentando un pobre a su mesa por Navidad. Hoy en día, algunas empresas multinacionales, cuanto más acumulan desposeyendo a la ciudadanía de sus bienes comunes, mayor necesidad tienen de enmascarar esas tropelías con gestos caritativos. Algo que sólo es posible con la complicidad de los grandes medios de comunicación… y la connivencia —por corrupción o pusilanimidad política— de quienes deberían representar nuestros intereses en las administraciones públicas. El proceso de privatización del ciclo del agua que estamos viviendo en Catalunya constituye un escandaloso expolio al que sólo esa conspiración de silencio consigue, por ahora, poner sordina.
Tomemos el ejemplo de Aguas de Barcelona —que, como su nombre no indica, nunca ha sido un ente público, sino una empresa privada, perteneciente al grupo multinacional francés Suez y participada por La Caixa, fiel exponente del capitalismo financiero rentista. AGBAR constituye todo un paradigma de la dejación de funciones de la administración —en este caso, municipal y de la conurbación barcelonesa—, poniendo la gestión de un bien común en manos de una empresa privada que actúa con total opacidad. Sería inútil preguntar al Ayuntamiento de Barcelona cómo calcula AGBAR sus tarifas, cuáles son sus márgenes comerciales, qué inversiones ha  realizado, qué amortizaciones…
Hay que decir que el caso de Barcelona es excepcional. AGBAR, que distribuye el agua en la capital catalana y en la mayoría de municipios del área metropolitana, ha operado durante años sin licencia alguna. Hasta tal punto que, en 2010, una sentencia judicial declaraba por ello sus recibos ilegales. Pues bien, andábamos en la Federación sopesando lanzar una campaña para reclamar la municipalización del servicio de aguas de la ciudad – inspirándonos en el exitoso ejemplo de París, cuyo municipio ha recuperado hace poco esa gestión con una mejora del servicio y una disminución de las tarifas… cuando AGBAR y sus cortesanos se nos adelantaron. El pasado mes de Noviembre, con los votos favorables de CiU y del PSC, se constituía por atribución directa, sin mediar concurso alguno, una nueva sociedad mixta (85 % AGBAR y 15 % pública) a nivel de toda el área metropolitana. Por si fuera poco, ese nuevo ente absorbía la empresa municipal de saneamiento… y la inclusión de la participación pública en dicha sociedad suponía, además, la entrega a AGBAR de 190 millones de euros. ¿A cuenta de qué, exactamente? Nadie lo sabe. Nadie se ha molestado en pedir una auditoría. Semejante procedimiento ha motivado que distintas entidades – Ecologistas en Acción, Ingenieros sin Fronteras y la propia FAVB – presentásemos hace un mes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, considerando que hay indicios razonables de prevaricación por parte de las administraciones urbana y metropolitana, y de apropiación indebida por parte de AGBAR.
Con ocasión del Día Mundial del Agua —fecha que, muy acertadamente, la Confederación Europea de Sindicatos ha llamado a convertir en una jornada internacional de lucha contra la privatización del ciclo del agua en la UE—, AGBAR ha lanzado una operación publicitaria, ampliamente difundida por todos los medios. Rodeado de alcaldes, su director general, Ignacio Escudero, anunciaba que la empresa, sensible al sufrimiento de numerosas familias, aplicaría una bonificación de 27 euros en la factura bimestral a los hogares más necesitados que sean atendidos por los servicios sociales. Páginas enteras en los diarios de mayor difusión nos recordaban que, durante el pasado ejercicio, AGBAR había destinado un millón de euros a un fondo de ayuda social y había firmado un convenio de cooperación con Caritas. Según la empresa, su generosidad beneficiaría próximamente a unas 6.000 familias. (Aunque no hay que fiarse mucho de tales anuncios: el año pasado dijeron que ayudarían a 11.400 familias y, según nuestros datos, esa ayuda llegó tan sólo… a 51 hogares).
Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que durante el último año, en el conjunto de municipios dependientes de AGBAR, se han iniciado 72.039 expedientes de corte de suministro por impago de recibo (frente a 27.359 en 2011). ¿Cuántos cortes se han hecho efectivos? Los ayuntamientos no lo saben —sólo pueden tener noticia de ello a través de los usuarios que lo comuniquen a los servicios sociales. Una consecuencia más de la opacidad a que nos referíamos. Y la zona gris sigue ensanchándose: hace un par de semanas, el reestructurado Consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua excluía a la representación del movimiento vecinal. Lo que sí sabemos es que el incremento del canon del agua – correspondiente a los gastos del saneamiento de acuíferos y caudales hídricos que realiza la administración – será íntegramente repercutido en el recibo que nos extenderá la compañía suministradora. El contribuyente pagará así dos veces por lo mismo… para mayor beneficio de la multinacional. La dinámica de incrementos tarifarios, abusivos e incontrolados, no ha hecho más que empezar.
Los expoliadores nos echan su caridad a la cara como quien arroja puñados de arena a los ojos. Ha llegado el liberalismo compasivo. Pero no necesitamos limosna, sino justicia. Y por razón de justicia social y medioambiental, un bien – y un derecho humano – como el agua requieren más que nunca una gestión pública, participada por la ciudadanía y transparente. No cejaremos, pues, en nuestro empeño.