El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Alfred Bosch, ha enviado una misiva al ministro principal del Peñón de Gibraltar, Fabian Picardo, en la que se “solidariza por el abuso y el bullyng al que el Gobierno de España somete a los gibraltareños”. Explica que los votantes de ERC y muchos otros catalanes quieren mostrar su solidaridad con los gibraltareños y “condenar los métodos usados por el poder español”. ERC se solidariza con “las 30.000 personas muy respetables que son los ciudadanos de Gibraltar y que han decidido, votando dos veces si había dudas, que ellos no quieren pertenecer al Reino de España”. Después de otras frases del mismo jaez, que ahorro a los lectores, concluye diciendo “Vuestra libertad es nuestra libertad.” Se refiere a la de los catalanes que también quieren votar para independizarse de España.
No es de extrañar que España sea el país, de cuarenta desarrollados analizados, que posea una de las ratios más pequeñas de psiquiatras por habitante. Entre los 30 psiquiatras por 100.000 habitantes que posee Suiza y los 6 de España por la misma población, existe una distancia tan grande como entre la salud mental y los razonamientos del señor Bosch.
Gibraltar fue cobrado por los británicos en 1713, precisamente en aquella guerra que tanto duele en Catalunya, y que significó la pérdida de los fueros catalanes al haber apoyado su gobierno al rey austríaco. Cuestión aparte, pero no menos decisiva, este era el más reaccionario de los pretendientes en aquel lejano siglo XVIII. En consecuencia, desde hace trescientos años, la rapaz Gran Bretaña tiene una colonia en territorio europeo contraviniendo todos los principios y declaraciones de Naciones Unidas. Puede que al señor Bosch, y sus conjurados, no les importen las resoluciones de Naciones Unidas cuando no les convienen -bien que la alegan cuando les parecen favorables a sus tesis- pero este enclave anglo en el extremo sur de España se encuentra dentro de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité de Descolonización. Atendiendo al artículo X del Tratado de Utrecht, el puerto, el castillo y el territorio de la ciudad de Gibraltar en 1713 (el límite norte actual sería la rotonda de Devil’s Tower) sería una propiedad a perpetuidad de la Corona inglesa en territorio de jurisdicción española, debiendo retornar a España si Reino Unido renunciase o enajenase de alguna manera dicha propiedad.
Exactamente lo que se llama en Derecho moderno internacional la apropiación de territorios extranjeros para su aprovechamiento y explotación, por parte de otra potencia de ocupación. En resumidas cuentas, la colonización. Situación condenada por la ONU desde que se aprobaron todas las legislaciones internacionales, sobre todo después de la II Guerra Mundial. Es decir, el caso de Gibraltar es único en el continente europeo. Pero inamovible desde que el gobierno de su Majestad Británica organizó, con evidente mala fe, referéndums de autodeterminación para asentar definitivamente sus reales en el peñón. Referéndum que no apoya, por ejemplo, en el Sáhara, uno de los casos más sangrantes de apropiación militar de un territorio por parte de Marruecos, contra la voluntad de sus habitantes y las normas de descolonización aplicadas en todos los países.
Al parecer, para el señor Bosch cualquier referéndum es bueno, por el hecho de así denominarlo. De tal modo, los que organizó, y ganó Franco con el cien por cien de los votos, deben de ser válidos para él. Por lo visto, para el señor Bosch, esos espúreos referéndums ratifican la “independencia” de la población de ese trozo de montaña que es la vigía del Estrecho desde que los continentes se formaron. Una de las columnas de Hércules. Lo que supone no solo insania mental sino también una ignorancia profunda, que supongo interesada. Porque esa población gibraltareña no es más que la sucesora de los emigrantes importados por el Reino Unido para justificar y defender la propiedad del Peñón, de la misma manera que transportaron a miles de ingleses a Irlanda del Norte, el desgraciado Ulster, para justificar que ese territorio pertenecía al Reino Unido. Y ya conocemos la desgraciada historia de ese trozo Irlanda robado a mano armada al resto de la República, donde la población de origen inglés, los Unionistas, siguen manteniendo, a sangre y fuego, el poderío de la Corona británica, a mayor honra y gloria de los restos del imperio.
En el Peñón no se dan las condiciones del Ulster, porque en Gibraltar erradicaron totalmente a la población española originaria, porque durante la dictadura no cabía duda de que era mucho más beneficioso tener la nacionalidad británica que la española y caer bajo la férula de Franco, y sobre todo porque las condiciones que han implantado allí los ingleses son enormemente rentables para los llanitos. Todos los que viven de la rapiña, el contrabando, el narcotráfico y la evasión de capitales que están impunes desde hace siglos, con el beneplácito y la inducción de los gobiernos británicos.
Gibraltar es la cueva de los piratas, instalada en el extremo sur del Continente europeo con la complacencia de los gobiernos de los muy democráticos gobiernos de esta Europa tan unida, sobre todo cuando se unen los depredadores de las clases trabajadoras y de los países del sur. Porque en Gibraltar se ha instalado una de las grandes bases militares de propiedad anglo-norteamericana, y, ¿quién se atrevería a oponerse al poder estadounidense unido al británico? En esa base, y en el mar que la rodea, se realizan anualmente unas llamadas operaciones de entrenamiento, con la participación de la Armada de su Majestad y de EEUU, para demostrarnos a todos quien manda en el mundo, poderío hoy tan inexpugnable como el Peñón, y advertirnos de que toda protesta será aniquilada. En esas maniobras se gasta el presupuesto de sanidad y educación conjuntos de media Europa y con ellas se contaminan las aguas, la pesca, y toda vida, de pestilentes vertidos, de municiones de todo tipo gastadas sin tasa y de los más deleznables valores humanos: la arrogancia militar, la agresividad, el desafío a la paz y la exaltación de las virtudes guerreras. Únicamente salen ganando los fabricantes de armamento.
En esa base militar se limpian los barcos y submarinos ingleses, incluso los nucleares, cuando tienen cualquier necesidad de reparación. Y así, durante meses, vierten al mar los residuos de sus operaciones, convirtiendo el Estrecho y las costas conlindantes en el basurero contaminado que se encuentra más cerca de las costas europeas, aunque lo suficientemente lejos de las británicas, a las que las broncas mareas del Atlántico preservan de la suciedad que su Armada dejan entre España y Marruecos.
La soberanía británica sobre ese trozo de tierra ha implantado su ley desde que se hizo con su propiedad: la de los piratas que tan gratos fueron siempre a la Corona inglesa. El narcotráfico y el contrabando de todo tipo están admitidos y protegidos por ese gobierno títere gibraltareño que el Sr. Bosch considera “independiente” y merecedor de protección. Por supuesto, con el beneplácito y la organización del gobierno de Londres, porque el señor Bosch ignora, al parecer, que los llanitos tienen la nacionalidad británica y que toda esa pamema de referéndums de autodeterminación solamente se organizaron para engañar a tontos como él. Y pocos más, porque la comunidad internacional nunca ha admitido la independencia de la población gibraltareña, como se puede leer en las resoluciones de Naciones Unidas. Que muy ciego y estúpido hay que ser para considerar que el gobierno del Peñón actúa en beneficio de sus habitantes y no en cumplimiento de las órdenes de Londres.
Pero sobre todo, Gibraltar es el paraíso fiscal más cómodo y cercano que tienen los evasores del mundo. De todo tipo. Los grandes inversores, las multinacionales, los pillos medianos y más chicos, la delincuencia organizada que lava el dinero del narcotráfico, del contrabando, del tráfico de personas para la explotación sexual y laboral, de las coimas y los cohechos de empresarios o políticos como los de la trama Gürtel. Las pérdidas fiscales para España son inconmensurables solo atravesando esa frágil frontera. En fin, Paraíso sin duda para el crimen.
Y de todo eso viven treinta mil aprovechados, y algunos más que se conectan con la Línea, que por lo visto para el señor Bosch merecen toda consideración.
También otros políticos y comentaristas se han dolido de las dificultades que están padeciendo los trabajadores que deben soportar largas colas en la frontera para ir a trabajar a uno u otro lado del Peñón, que semejantes lacrimógenas manifestaciones demagógicas siempre quedan bien. Pero pocos comprenden las dificultades de otros miles de pescadores que desde hace años están sufriendo el acoso –el buying que menciona el señor Bosch- de las autoridades del Peñón y del gobierno de su Majestad Británica. Las estrategias de los gobernadores de Gibraltar han sido eficaces y meridianas: Contaminando las aguas con el vertido de la limpieza de los submarinos nucleares y con la construcción de espigones de cemento con pinchos, que ya han impedido toda pesca en el extremo de Levante y que hace dos días iniciaron en el de Poniente, han arruinado a miles de familias que se ganaban el pan honradamente.
Porque de lo que para el Reino Unido se trata es de que en ese trozo del continente no se realice ningún trabajo decente. ¿Para qué pescar si se puede traficar con tabaco, con cocaína, con personas y con capitales? Si contamos que el paro en el Peñón es del 3% y en la Línea de la Concepción del 32, no puede cabernos ninguna duda de cuál puede ser la elección de los habitantes de ese sufrido trozo de tierra.
De modo, señor Bosch, que ya sabemos cuál es la suya: la de la impunidad de los bandidos. Igual podía haberle escrito a Alí Babá apoyándole por ser un depredador del sistema feudal y Al Capone felicitándole por su lucha contra una nación capitalista e imperialista. ¡Ah, por cierto! Al parecer al señor Bosch también le parece que pertenecer al dominio británico es menos imperialista que pertenecer al español.
Repito, una de nuestras graves carencias es la falta de una proporción de psiquiatras suficiente para garantizar la salud mental de nuestros ciudadanos, especialmente la de determinados políticos.
