DANIEL G. SASTRE -BARCELONA -
Se habla poco de ella, porque las elecciones del 27-S han deparado un resultado que obliga a negociar,
pero la «hoja de ruta hacia la independencia » suscrita por Junts pel Sí centrará el debate en Cataluña
tarde o temprano. La accesible condición que sus promotores se habían puesto para aplicarla –que
hubiera tras los comicios «una mayoría de diputados a favor de la independencia »– se ha cumplido, así
que sería una sorpresa que el documento quedase aparcado cuando se despeje el futuro político de
Artur Mas.
Podría pensarse que toda la «hoja de ruta» es un castillo en el aire, porque se desarrolla bajo la impensable
hipótesis de que el Gobierno no va a hacer nada para evitarla. Ya está claro que no va a quedarse
con los brazos cruzados: basta recordar que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar la
reforma del Tribunal Constitucional, que ahora podrá frenar la creación de estructuras de Estado
y de una eventual declaración de independencia.
Pero, por deseo de Esquerra –uno de los integrantes de Junts pel Sí, junto a CDC y a varias entidades
soberanistas– el documento incluye un punto que busca impedir cualquier marcha atrás. «En el caso de que el Estado español, mediante decisiones políticas y/o jurídicas, bloquease el autogobierno de Cataluña, el
Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley
de Transitoriedad Jurídica».
Ese párrafo, que apunta a una declaración unilateral de secesión, ¿podría suscribirlo la CUP? El partido
anticapitalista fue el único actor entre los partidos soberanistas que el mismo 27-S reconoció que el independentismo no había ganado su plebiscito y que, en consecuencia, quedaban aparcadas las
acciones inmediatas. Pero falta ver si la formación consideraría esa medida justificada como parte de
la «desobediencia» que promueven si el Gobierno trata de frenar los movimientos de la Generalitat.
Pese a que en el debate sobre la Presidencia de la Generalitat es difícil que Junts pel Sí y la CUP se
pongan de acuerdo, porque los anticapitalistas de Antonio Baños se pasaron toda la campaña asegurando
que no votarán la investidura de Mas y sus votos son ahora decisivos, ya han propuesto soluciones intermedias como la «Presidencia coral » o la «Presidencia rotatoria» que podrían desbloquear la situación.
En cuanto a la «hoja de ruta», no parece difícil que la CUP asuma la mayoría de los postulados de CDC y ERC.
En síntesis, el documento establece que se declarará inmediatamente en el Parlament el «inicio del proceso de independencia». A partir de ese momento se formará un «Govern de concentración» –que CDC y Esquerra ya negocian, y en el que la CUP probablemente no participará– que se centrará en «crear las estructuras de Estado necesarias». Posteriormente, se hará una «proclamación» efectiva de secesión, que «supondrá la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español vigente» mediante dos normas fundamentales: la Ley de Transitoriedad Jurídica –que mantendrá como válidas las normas actuales hasta que se sustituyan por unas propias– y la Ley del Proceso Constituyente. Mientras, se irá redactando una
Constitución catalana. En una segunda fase, se celebrarán «unas elecciones constituyentes» de las
que saldrá el nuevo Parlament y se ratificará la Constitución mediante un referéndum. La duración de todo
el proceso, establece la «hoja de ruta», no superará los 18 meses.
La filosofía que rodea al documento es la que expresan en privado los promotores de la independencia:
«No podemos esperar a una propuesta del Estado, nosotros tenemos que ir dando pasos». Sin embargo, la colisión con la legalidad vigente es segura, y el texto de Junts pel Sí ya propone una vía de salida: «La fase de negociación con el Estado para hacer efectiva la independencia se abrirá manteniendo una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña».
Por lo demás, la «hoja de ruta»como la permanencia en la UE –se afirma que habrá «continuidad del derecho de la UE y del derecho internacional»– o en la negociación de activos y pasivos con el Estado.
Durante la campaña, Mas amenazó con que Cataluña no se haría cargo de su parte de la deuda pública
española si el Gobierno no negocia la secesión. Además, Junts pel Sí propone «intensificar la diplomacia y la negociación para obtener el reconocimiento internacional de los estados », a pesar de los pronunciamientos
en sentido contrario de, entre otros, Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron.
Para el escenario seguro de enfrentamiento con Madrid, la «hoja de ruta» propone que «organizaciones
internacionales en materia de paz, valores democráticos y derechos humanos medien en caso de la previsible intensificación de la tensión política en torno al procés, o de una conculcación de los derechos democráticos de los ciudadanos de Cataluña».
Sin embargo, también este punto parece poco realista. La prensa internacional reseñó la victoria independentista en escaños el 27-S, pero también su fracaso a la hora de alcanzar el 50% de los votos con
los que, al menos, se ganan los plebiscitos.
No parece que vaya a cambiar de posición la opinión pública internacional, expectante ante el caso catalán pero también recelosa de que el conflicto se pueda reproducir en otros países.
Se habla poco de ella, porque las elecciones del 27-S han deparado un resultado que obliga a negociar,
pero la «hoja de ruta hacia la independencia » suscrita por Junts pel Sí centrará el debate en Cataluña
tarde o temprano. La accesible condición que sus promotores se habían puesto para aplicarla –que
hubiera tras los comicios «una mayoría de diputados a favor de la independencia »– se ha cumplido, así
que sería una sorpresa que el documento quedase aparcado cuando se despeje el futuro político de
Artur Mas.
Podría pensarse que toda la «hoja de ruta» es un castillo en el aire, porque se desarrolla bajo la impensable
hipótesis de que el Gobierno no va a hacer nada para evitarla. Ya está claro que no va a quedarse
con los brazos cruzados: basta recordar que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para aprobar la
reforma del Tribunal Constitucional, que ahora podrá frenar la creación de estructuras de Estado
y de una eventual declaración de independencia.
Pero, por deseo de Esquerra –uno de los integrantes de Junts pel Sí, junto a CDC y a varias entidades
soberanistas– el documento incluye un punto que busca impedir cualquier marcha atrás. «En el caso de que el Estado español, mediante decisiones políticas y/o jurídicas, bloquease el autogobierno de Cataluña, el
Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley
de Transitoriedad Jurídica».
Ese párrafo, que apunta a una declaración unilateral de secesión, ¿podría suscribirlo la CUP? El partido
anticapitalista fue el único actor entre los partidos soberanistas que el mismo 27-S reconoció que el independentismo no había ganado su plebiscito y que, en consecuencia, quedaban aparcadas las
acciones inmediatas. Pero falta ver si la formación consideraría esa medida justificada como parte de
la «desobediencia» que promueven si el Gobierno trata de frenar los movimientos de la Generalitat.
Pese a que en el debate sobre la Presidencia de la Generalitat es difícil que Junts pel Sí y la CUP se
pongan de acuerdo, porque los anticapitalistas de Antonio Baños se pasaron toda la campaña asegurando
que no votarán la investidura de Mas y sus votos son ahora decisivos, ya han propuesto soluciones intermedias como la «Presidencia coral » o la «Presidencia rotatoria» que podrían desbloquear la situación.
En cuanto a la «hoja de ruta», no parece difícil que la CUP asuma la mayoría de los postulados de CDC y ERC.
En síntesis, el documento establece que se declarará inmediatamente en el Parlament el «inicio del proceso de independencia». A partir de ese momento se formará un «Govern de concentración» –que CDC y Esquerra ya negocian, y en el que la CUP probablemente no participará– que se centrará en «crear las estructuras de Estado necesarias». Posteriormente, se hará una «proclamación» efectiva de secesión, que «supondrá la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español vigente» mediante dos normas fundamentales: la Ley de Transitoriedad Jurídica –que mantendrá como válidas las normas actuales hasta que se sustituyan por unas propias– y la Ley del Proceso Constituyente. Mientras, se irá redactando una
Constitución catalana. En una segunda fase, se celebrarán «unas elecciones constituyentes» de las
que saldrá el nuevo Parlament y se ratificará la Constitución mediante un referéndum. La duración de todo
el proceso, establece la «hoja de ruta», no superará los 18 meses.
La filosofía que rodea al documento es la que expresan en privado los promotores de la independencia:
«No podemos esperar a una propuesta del Estado, nosotros tenemos que ir dando pasos». Sin embargo, la colisión con la legalidad vigente es segura, y el texto de Junts pel Sí ya propone una vía de salida: «La fase de negociación con el Estado para hacer efectiva la independencia se abrirá manteniendo una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña».
Por lo demás, la «hoja de ruta»como la permanencia en la UE –se afirma que habrá «continuidad del derecho de la UE y del derecho internacional»– o en la negociación de activos y pasivos con el Estado.
Durante la campaña, Mas amenazó con que Cataluña no se haría cargo de su parte de la deuda pública
española si el Gobierno no negocia la secesión. Además, Junts pel Sí propone «intensificar la diplomacia y la negociación para obtener el reconocimiento internacional de los estados », a pesar de los pronunciamientos
en sentido contrario de, entre otros, Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron.
Para el escenario seguro de enfrentamiento con Madrid, la «hoja de ruta» propone que «organizaciones
internacionales en materia de paz, valores democráticos y derechos humanos medien en caso de la previsible intensificación de la tensión política en torno al procés, o de una conculcación de los derechos democráticos de los ciudadanos de Cataluña».
Sin embargo, también este punto parece poco realista. La prensa internacional reseñó la victoria independentista en escaños el 27-S, pero también su fracaso a la hora de alcanzar el 50% de los votos con
los que, al menos, se ganan los plebiscitos.
No parece que vaya a cambiar de posición la opinión pública internacional, expectante ante el caso catalán pero también recelosa de que el conflicto se pueda reproducir en otros países.
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