Seguimos en el túnel

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Persiste un intolerable desempleo. Según la EPA del tercer trimestre de 2013, 5,9 millones de personas continúan paradas. El Gobierno ha puesto el énfasis en la disminución de 72.800 parados en el último trimestre. Junto con el dato del incremento del 0,1% del PIB ha redoblado su campaña embellecedora de la salida del túnel de la crisis y el cambio de tendencia, con el inicio de la recuperación económica y del empleo. Nada más lejos de la realidad. Hay algunos indicadores parciales menos negativos, pero los principales rasgos de la dinámica económica nos indican que el estancamiento económico y, sobre todo, el alto volumen de desempleo (una cuarta parte de las personas activas, la mitad en el caso de los jóvenes) van a permanecer más de cinco años, al menos hasta el 2018, según el propio FMI.

Las graves consecuencias del paro masivo y prolongado
Veamos el conjunto de datos con rigor, especialmente su impacto en las personas. Es imprescindible para rebatir la pretensión gubernamental sobre la supuesta eficacia de su estrategia de ajustes y austeridad para salir del túnel de la crisis y, especialmente, para impedir el intento de legitimar su gestión liberal-conservadora y justificar su proyecto de sociedad desigual y mayoritariamente empobrecida y subordinada. En ese sentido, la dinámica económica y política dominante no nos lleva hacia la luz, solo al enriquecimiento de unos pocos (bien reflejado en el contento de banquero Botín).
Para la gran mayoría de la población el paro es el principal problema socioeconómico. Es el prisma a través del cual enjuiciar la situación. No hay recuperación significativa del empleo; en variación anual se sigue destruyendo. Como se ha avanzado, en el último trimestre ha disminuido ligeramente el paro (casi la mitad -33.300- han pasado a la ‘inactividad’) y ha aumentado un poco el empleo (39.500 ocupados más), aunque se profundiza su precarización (146.300 contratos indefinidos menos y 169.500 temporales más).
Los terceros trimestres, por motivos estacionales, son los más favorables para la ocupación; para analizar las tendencias reales las comparaciones principales han de ser, como mínimo, anuales. Si aumentamos la perspectiva, resulta que en el último año se han producido 126.700 parados más, contando con que hay 370.400 activos menos (que ya no buscan empleo o han salido de España), y el empleo ha bajado en casi medio millón (497.100 ocupados menos, casi todos asalariados). La tasa de desempleo está en el 25,98% (casi un punto más que hace un año; la tasa de actividad en el 59,59% (unas décimas inferior), y la tasa de empleo en el 44,11% (también disminuye casi un punto). Además, 1,8 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.
Desde el comienzo de la crisis se han destruido 3,7 millones de empleos (de 20,5 millones hace seis años a los 16,8 actuales). Es decir, incluso valorando este dato positivo de incremento trimestral de empleo, a ese ritmo la economía española necesitaría veinticinco años (hasta 2038) para recuperar el mismo nivel de ocupación que antes de la crisis. O, respecto del desempleo, para llegar a tasas medias europeas del 10% (superiores a la de España en 2007) y dejarlo por debajo de dos millones, a este ritmo, se necesitarían quince años (hasta 2028). Esas mejorías son insignificantes y además se deben a factores estacionales. La continuidad del alto volumen de paro, con el agravamiento de sus consecuencias sociales, junto con la ineficacia de las políticas económicas dominantes, es el aspecto principal. Esa dinámica es inaceptable.
Además, cuatro millones de personas desempleadas (dos tercios del total, con datos EPA) no tienen prestaciones por desempleo; disminuye la cobertura protectora pública que solo alcanza a un tercio, desprotección que se agrava para parados de larga duración (con más de dos años de paro la tasa de cobertura es inferior a la cuarta parte). Así mismo, se agotan de los recursos personales y familiares, materiales y relacionales, lo que está dejando en la vulnerabilidad y el riesgo de pobreza y exclusión social a millones de personas, situación a la que ya llegaba al 27% de la población en el año 2011 (según los últimos datos de Eurostat-AROPE).
La tasa de desempleo, según casi todas las previsiones, continuará superando la cuarta parte de la población activa otro lustro más. El desempleo y la inseguridad afecta especialmente a los jóvenes, cuya tasa de paro se mantiene por encima de la mitad; sus procesos vitales están sometidos a un desempleo desprotegido o a una inserción laboral bajo la precariedad y la subordinación, sus cualificaciones y capacidades se desvalorizan y, particularmente, el futuro de los pertenecientes a capas populares está lleno de incertidumbres, afectando a sus propias identidades y proyectos de vida. Es una pérdida para toda la sociedad.
Por tanto, las consecuencias sociales del prolongado y enorme desempleo se agravan. Se consolida el empobrecimiento y la desprotección para las personas desempleadas. Se profundizan las brechas sociales, y se amplían la fractura social y la desvertebración de la sociedad.
No caben apaños estadísticos o administrativos (como dar de baja del registro de paro por alguna deficiencia burocrática), ni deformación interpretativa de los datos, ni presiones para generar una corriente de personas ‘desanimadas’ que dejen de buscar empleo, rebajen la población activa y dejen de considerarse desempleados. La resignación ante el paro masivo y la pobreza no es solución para millones de familias. Toda la publicidad engañosa sobre el buen camino que representan los actuales recortes sociales, como sacrificio necesario e inevitable para las capas populares, con el pretexto de un futuro nebuloso de creación de empleo, no puede esconder esa persistente y grave realidad social. Y así lo sigue constatando la mayoría de la población, para contrariedad de la derecha política y el poder económico y financiero que redoblan sus esfuerzos para tergiversar las problemáticas tendencias reales. Intentan neutralizar el justo descontento popular contra su política regresiva y conservar el apoyo de sus propias bases sociales, una parte de la cual ya ha iniciado su desafección.
Por otra parte, sigue bajando el poder adquisitivo de los salarios, se intensifica la transferencia de rentas hacia los excedentes empresariales y se consolidan y amplían los recortes sociales, tal como anuncia el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (ajustes de 17.000 millones para los dos próximos años). Para completar el análisis podemos citar otras tres reformas regresivas: la reforma laboral, con el nefasto impacto en los derechos sociolaborales de trabajadores y trabajadoras; la Ley Wert, con las consecuencias de segmentación escolar, debilitamiento de una escuela pública integradora y ampliación de la desigualdad de oportunidades educativas, que ha recibido el masivo rechazo ciudadano, y el nuevo plan de recorte de las pensiones, con mayor desprotección y empobrecimiento de actuales y futuros pensionistas. El panorama socioeconómico es sombrío para la mayoría de la sociedad. El camino que nos ofrece el PP lo acentúa y prolonga, y es necesario apostar por un cambio progresista de políticas y gobernantes.
Acabar con la austeridad y los recortes sociales
La perspectiva para los próximos cinco años, según incluso organismos internacionales como el FMI, es de mantenimiento de un volumen similar de desempleo. La actual política económica de austeridad, junto con el deficiente aparato productivo, no favorecen que la economía española pueda ser capaz de generar empleo de forma significativa y menos ‘decente’, ni garantizan el poder adquisitivo de los salarios y la equidad en los derechos sociolaborales. Los riesgos de la ampliación de una crisis social son importantes, pero parece que hasta que no se hagan más evidentes y sus efectos más descontrolados, la política dominante es seguir con la austeridad. Pero también afecta a la desafección popular hacia la clase política gobernante, dinámica que precisa de una orientación y alternativa progresista y de izquierdas, que ponga en riesgo la hegemonía institucional de las derechas.
Es verdad que algunos indicadores económicos son menos malos (exportaciones, turismo…), pero son muy secundarios en relación con la dinámica económica general y, especialmente, respecto de las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la sociedad. Están bien los mayores ingresos por turismo (sector agotado y que ha gozado de algunas ventajas por la inestabilidad de otros países), o la mejora del tradicional déficit comercial (aunque el sector exportador solo tiene un pequeño impacto en la economía española). La mejora en la estabilidad financiera y de los mercados de deuda (aunque pueden dar sustos relevantes) y la ligera flexibilidad europea (y alemana) son también aspectos favorables.
Con el mismo dato anunciado a bombo y platillo del crecimiento trimestral del 0,1% del PIB y comparado con el descenso de 7,5 puntos porcentuales desde el comienzo de la crisis costaría 75 trimestres (hasta el año 2032) llegar al nivel de producción de 2007. No podemos esperar.
Son algunos elementos positivos pero parciales y frágiles. El Gobierno y el poder económico los sobrevaloran para construir su interpretación sobre el comienzo de una recuperación económica sostenida, así como la justificación de su gestión de la austeridad y la validez de los recortes sociales, que serían dolorosos pero inevitables y necesarios para salir de la crisis. Pretenden crear una visión irreal y optimista que frene el descontento popular a su gestión regresiva, neutralice su fuerte deslegitimación social y, sobre todo, evite la conformación de una fuerte exigencia ciudadana de otra orientación socioeconómica y la democratización del sistema político. Su estrategia prioriza el incremento de las ganancias para el sector financiero, el disciplinamiento y la pérdida de derechos sociales para la mayoría de la sociedad y el reforzamiento de la hegemonía del poder político -liberal conservador- y empresarial. En vez de las personas, la sociedad, su prioridad son los beneficios privados de las grandes corporaciones; en vez de la democracia y el interés general, su apuesta son los privilegios de los ricos y poderosos.
Como dicen muchos analistas, las variables económicas principales indican, para España y el sur europeo, una prolongada fase de estancamiento o, en el menos malo de los supuestos, de un leve crecimiento. Son el flojo nivel de consumo público y privado, duradero por la fuerte pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población, la poca fluidez del crédito para empresas y familias, las deficiencias y dependencias de nuestro sistema económico, el fuerte endeudamiento, sobre todo privado y financiero, y la ausencia de una política estatal y europea de inversión y expansión económica. Es una dinámica incapaz de resolver los principales problemas de la economía española: expansión de empleo decente, modernización del aparato productivo, reforma fiscal progresiva con redistribución equitativa y consolidación del Estado de bienestar con mayor igualdad social. Esa realidad se impone al intento de creación artificial de ‘confianza’ para que consumidores gasten más o haya más inversiones productivas, o que los cuantiosos beneficios de las grandes fortunas y empresas reviertan en la expansión económica y del empleo.
Es falsa la idea de que hay un cambio relevante de tendencia económica y empezamos a caminar hacia la salida del túnel. Y menos que la luz que nos anuncian sea la solución. Pretenden hacer pasar por el conjunto de la realidad, lo que en el mejor de los casos son mejorías muy limitadas. El aspecto principal de su discurso es intentar legitimar su política de austeridad y sus ajustes y recortes (el eufemismo de sus ‘reformas estructurales) que de forma machacona la derecha intenta construir en la opinión pública. Ese supuesto camino apenas puede esconder sus rasgos antisociales; solo pretende justificarlos como el mal menor, con la venta de la ilusión de que es el único y eficaz medio para alcanzar la ansiada luz. Pero, ¿cuál es la estructura social y económica y el sistema político que nos ofrece la derecha en ese final del túnel?: Una sociedad más desigual, empobrecida y desarraigada, eso sí con una minoría oligárquica y de capas altas con mayores ventajas y privilegios; un aparato productivo y económico más dependiente (el 40% del valor de las empresas en la Bolsa ya está en manos del capital extranjero, aparte de las multinacionales foráneas), y un sistema político con una democracia débil y la completa hegemonía institucional de las derechas.
En definitiva, seguimos en el túnel, la política de austeridad y recortes sociales profundiza los problemas socioeconómicos para la mayoría de la sociedad, genera fuertes desigualdades y brechas sociales, afectando a la cohesión social, y debilita la democracia al alejarse las élites institucionales de la ciudadanía y no escuchar sus demandas. Es preciso otro camino y otra opción: un giro social a la política socioeconómica, una amplia participación ciudadana y un cambio político progresista.