Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Uno de los movimientos sociales más importantes que ha ocurrido en EEUU, que ha pasado desapercibido en los mayores medios de información españoles, ha sido el movimiento de los trabajadores de los establecimientos de comidas baratas (como McDonalds), conocidos como fast food, demandando un incremento salarial, para alcanzar lo que llaman un ”salario digno”. Estos trabajadores están entre los peor pagados en EEUU. Se considera, erróneamente, que la mayoría de estos trabajadores son gente joven, estudiantes la mayoría, que no trabajan por mucho tiempo en esos establecimientos.
Esta percepción, sin embargo, está equivocada. Dos de los expertos más importantes de EEUU en temas del mercado laboral, John Schmitt y Janelle Jones, han documentado que dicha percepción corresponde solo a un treinta por ciento de los trabajadores de tal sector. La mayoría son trabajadores adultos, que están estancados en su vida laboral en tales puestos de trabajo, que se pagan a nueve dólares por hora, solo ligeramente por encima del salario mínimo legal (7,25 dólares). Y como Schmitt y Jones muestran, estos salarios tan bajos están convirtiéndose en los salarios de grandes sectores del mercado laboral de EEUU. Son los tipos de salarios (low-paid jobs) que están creciendo más rápidamente en EEUU. Y la expresión “estancados” refleja el hecho de que no se estén creando trabajos mejor pagados que permitan a estos trabajadores realizar tareas mejor retribuidas. En realidad, la mitad de los empleados que tienen títulos universitarios indican que el trabajo que realizan no requiere los estudios universitarios que tienen.
Dos argumentos que se han dado para explicar este fenómeno han sido, por un lado, la introducción de avanzada tecnología en el proceso del trabajo que, supuestamente, lo simplifica, convirtiendo al trabajador (incluso al empleado cualificado con educación universitaria) en una pieza de una máquina o de un proceso automatizado. Otro argumento es la falta de articulación (mismatch) entre el sistema educativo y formativo, por un lado, y las necesidades del mundo empresarial por el otro. Ahora bien, ninguno de estos dos argumentos puede explicar la enorme polarización social y salarial, ni la enorme concentración de las rentas en EEUU (que, como en otros países, incluyendo España) ha estado ocurriendo.
La enorme concentración de las rentas
Como bien decía Mark Weisbrot en su artículo “Fast Food Workers are Fighting for the Majority of U.S. Employees”. Newsday (del cual extraigo la mayoría de estos datos), el 1% de la población de renta superior, con mayor capacidad adquisitiva, ha pasado de tener el10% de toda la renta nacional en el año 1980 al 22,4% en el año 2012. Ello quiere decir que el aumento de la riqueza consecuencia del aumento de la productividad no se ha distribuido equitativamente, sino que se ha ido concentrando en las rentas superiores, que derivan gran parte de sus ingresos de la propiedad del capital. Es decir, los capitalistas (término casi abandonado en la normativa mediática por considerarse “anticuado”) han visto sus rentas incrementadas a costa de las rentas del trabajo. Una situación idéntica ha ocurrido en España. En otras palabras, los salarios han ido bajando y los beneficios han ido subiendo tanto en EEUU como en España. Por primera vez desde la instauración de la democracia en España, las rentas derivadas del capital son mayores que las derivadas del mundo del trabajo.
Uno de los factores que ha facilitado esta realidad ha sido el estancamiento del salario mínimo legal. De hecho, si este salario en EEUU hubiera crecido de la misma manera que ha crecido la productividad y la inflación, el salario mínimo en EEUU debería ser de 17 dólares por hora en lugar de los 7,25 actuales. Y este estancamiento salarial se debe primordialmente a factores políticos, es decir, al debilitamiento de los sindicatos y fortalecimiento de la patronal. La evidencia es abrumadora en este sentido.
Una situación idéntica ocurre en España. Todas las reformas laborales que se presentaron con el supuesto objetivo de crear empleo, tenían, en realidad, el propósito de bajar los salarios mediante la destrucción de empleo, creando desempleo, el mejor instrumento que la patronal tiene para atemorizar a los sindicatos y al mercado del trabajo y forzarles a que acepten lo que debería ser inaceptable (una consecuencia de lo cual ha sido el espectacular crecimiento del endeudamiento de la población, tema que he desarrollado en otros artículos). Se olvida con excesiva frecuencia que la tasa de desempleo es una variable más política que económica. El desempleo es el arma que utiliza el mundo del capital para debilitar y atemorizar al mundo del trabajo. De ahí que las políticas actuales (que deliberadamente están destruyendo empleo) sean parte de un proyecto político que está logrando sus objetivos.
Por eso la respuesta a la bajada de salarios y al desempleo que la facilita, debería ser más política que económica: la movilización política en contra del desempleo, la precariedad y bajos salarios. Puesto que la mayoría de la ciudadanía deriva sus ingresos del trabajo, este movimiento social en EEUU de los “low-paid workers” ha sido enormemente popular (de lo cual tampoco se ha informado a la ciudadanía en España), forzando a la patronal a ceder a estas demandas e incrementar sus salarios. Ello determinó que los sindicatos del país (AFL-CIO) tomaran nota y en su último Congreso en Los Ángeles concluyeran que el futuro de los sindicatos dependería de sus alianzas con los movimientos sociales, estableciendo un abanico (rainbow) popular de carácter reformista que (consecuencia del gran debilitamiento de las izquierdas políticas en EEUU) pudiera convertirse en una especie de “Solidarno??” a la americana. Existe hoy una gran agitación social en EEUU (que se desconoce también en España) que ofrece un gran potencial para el futuro en aquel país. Naturalmente que la situación en España es distinta y requiere otro tipo de respuesta, aún cuando es de gran importancia y urgencia que se establezca una amplia alianza de fuerzas políticas y movimientos sociales (incluyendo los sindicatos) que se opongan a estas medidas que están afectando tan negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares.
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