FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU VIII

El fracaso de las reformas promovidas por la Comisión Europea (incluido el comisario Joaquín Almunia)

Vicenç Navarro

Se está desarrollando una concienciación entre algunas instituciones internacionales que habían promovido las políticas de austeridad, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), de que las políticas de austeridad y de recortes de gasto público que han estado promoviendo e imponiendo no han alcanzado sus objetivos. Un reciente informe del FMI incluso reconoce que, en el caso de Grecia, tales políticas han sido más perjudiciales que beneficiosas para aquel desgraciado país. No han reconocido, sin embargo, que tales políticas han sido también perjudiciales para Portugal, España e Irlanda, y ello a pesar de que la evidencia de que estas políticas están dañando a estos países es también abrumadora. Lo máximo que el FMI ha llegado a admitir es que estas políticas de austeridad se han aplicado demasiado deprisa en los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España). Todavía no han aparecido dudas, sin embargo, sobre la bondad de las reformas laborales, a pesar de que tales reformas –propuestas por el FMI- han tenido un impacto muy negativo sobre el empleo. En realidad, en el último informe del FMI sobre España continúan exigiendo mayores reformas que, sin lugar a dudas crearán todavía mayor desempleo. Les llevará todavía uno o dos años más para llegar a la conclusión de que también estas reformas laborales que han ido imponiendo han fracasado en todos estos países, como fracasaron antes en Asia y en América Latina cuando se impusieron en aquellos continentes.
La supuesta incompetencia del establishment europeo, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Frente a esta situación, la reacción del establishment europeo es más que decepcionante. A lo máximo que ha llegado a admitir es que las políticas de austeridad por sí solas son insuficientes. Tienen que complementarse –se nos dice– con políticas de estímulo que deben alcanzase a base de reformas. Y cuando se analizan estas reformas se ve que, como bien ha dicho Dani Rodrik, son las mismas reformas que han hecho tanto daño, recicladas en un nuevo envase. Así, las supuestas medidas para estimular el crecimiento económico son profundizar las reformas del mercado de trabajo que en realidad significa eliminar cualquier tipo de protección social al empleado y trabajador. Las últimas declaraciones del Comisario Joaquín Almunia subrayando la necesidad de no parar las reformas del mercado laboral (y de las pensiones) ahora y continuar profundizándolas a fin de aumentar la competitividad, es un ejemplo de ello.
Lo que el Comisario Joaquín Almunia y la sabiduría convencional que él reproduce ignoran es que estas reformas –que tienen como objetivo disminuir los salarios- están agudizando más y más la crisis, obstaculizando la recuperación económica de los países del sur de Europa e Irlanda. Por lo visto Joaquín Almunia y los otros comisarios (como el finlandés Olli Rehn, Vicepresidente de la Comisión, y el propio Presidente Barroso) no han entendido nada de la situación en Grecia. Su fe en un dogma, impermeable a los datos, está llevando a la ruina a Grecia y a todos estos países. Y utilizo esta expresión de dogma porque escuchando a Joaquín Almunia me da la impresión de que se cree lo que dice, lo cual es sorprendente para un personaje que está donde está debido al apoyo que le ha dado y continúa dándole un partido socialista, el PSOE.
Dudo, sin embargo, de que el Sr. Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, se lo crea. Draghi está imponiendo estas políticas a fin de conseguir el desmantelamiento del Modelo Social Europeo, tal y como ha explicado y reconocido en varias ocasiones. Este banquero ha dicho lo que la comunidad de banqueros cree: el modelo social europeo es un obstáculo para el desarrollo de sus intereses, que asumen son los intereses generales de la Eurozona, y ello a pesar de que toda la evidencia muestra precisamente lo contrario. Uno de los mayores problemas que tiene la Eurozona, causa de su recesión, es el excesivo poder de las instituciones financieras en la Eurozona, comenzando por las alemanas. De nuevo, la evidencia es sustancial.
Por esta razón, aún cuando la incompetencia es generalizada en la Comisión Europea, su mayor problema no es esta incompetencia, sino los hilos que la mueven y que no son otros que los del capital financiero. Su constante referencia a que los gobiernos acepten los recortes y las reformas laborales (a lo cual añaden ahora la privatización de las pensiones) para calmar los mercados financieros es un ejemplo de ello. Cuando el Comité de Expertos sobre las pensiones, compuesto de profesionales próximos a la banca y a las compañías de seguros, propuso el recorte más brutal de las pensiones en España que un país haya conocido en la Eurozona (ver  mi artículo “Los errores y falacias del llamado Comité de Expertos sobre las Pensiones Públicas” Público 17.06.13), la Comisión, incluido el supuesto socialista, el Comisario Almunia, lo aplaudió, y la Agencia Moody’s también. Y así vamos. Está claro que ningún país de los PIGS podrá salir de la crisis continuando dentro de esta zona monetaria controlada por el capital financiero. Aquellos que se oponen a que estos países dejen la Eurozona tendrían que explicar cómo creen que van a salir de este estancamiento. Sólo algunas voces patológicamente optimistas están indicando que el establishment de la Eurozona está cambiando. Les pregunto, ¿cómo?

EL ‘RÈGIM’ DE LES ADMINISTRACIONS

El passat dissabte, el Consell de Ministres va aprovar un projecte per a la reforma de les administracions, la qual cosa, a la pràctica, significa aprimar-les de contingut, es a dir, els hi tocarà fer règim...

Sóc dels qui penso que per a portar a terme mesures de tal magnitud, fa falta un ampli consens entre el govern de l’Estat i la resta de comunitats autònomes, i més encara, si com s’ha filtrat, acaba per afectar a aquestes darreres més que a la pròpia administració de l’Estat.

Fa anys que s’apuntaven les següents mesures:

-Supressió del Senat.

El Senat, tal i com està concebut ara, a la pràctica no serveix per a res, ja que si aprova modificar el text d’alguna llei, posteriorment haurà de passar pel Congrés dels Diputats per a ratificar-lo o rebutjar-lo, segons sigui la configuració de les majories.

-Supressió del Ministeri de Cultura.

Segons sembla, el Ministeri de Cultura no té cap competència (zero) Per tant, no és gens lògic que sé segueixi mantenint tota la infraestructura. Com a molt sabem de la seva existència perquè ha recuperat una obra d’art d’algun artista espanyol que s’ha subhastat en alguna galeria especialitzada.

-Supressió de les Diputacions Provincials.

Tradicionalment, les Diputacions provincials han estat el gran suport dels ajuntaments i, al mateix temps, han canalitzat bona part de les ajudes que venen de l’Estat. Però realment fan falta? No podria fer-se igualment des de la Generalitat?

-Supressió dels Consells Comarcals.  

La creació dels Consells Comarcals va significar la gran menjadora de CiU. Allí es van col·locar familiars i amics amb l’única condició d’estar afiliats al partit en qüestió.

Però sembla ser que els trets no van per aquí. Les prioritats del govern de Rajoy són unes altres ben diferents i quasi totes encaminades a suprimir departaments i oficines de competència exclusiva de les diferents comunitats autònomes.

De confirmar-se, aquesta mesura xocaria frontalment amb les aspiracions de la Generalitat. Fa temps que des de els sector més independentistes es demana tenir estructures d’estat (encara que per a mi aquestes estructures ja existeixen i el que potser caldria fer és dotar-les de més competències) Estic parlant de les oficines de representació que té la Generalitat per diverses capitals del món (conegudes com les ambaixades catalanes), el Síndic de Greuges (l’equivalent al Defensor del Poble) o la Sindicatura de  Comptes (que supervisa els comptes públics dels diferents organismes), el Servei Meteorològic de Catalunya (gràcies a les seves previsions s’elaboren els plans d’mergència) o el Centre d’Estudis d’Opinió (equival al CIS)

És lògic que des de les autonomies tot això és vegi com una intromissió en l’autogovern. Fa dècades, l’arribada al poder des diferents governs de l’Estat solia significar una negociació sobre els traspassos de competències sovint bloquejades i cada cop, des de els autonomies, s’assolien quotes més altes d’autogovern.

És lícit i lògic que una autonomia que tingui una vocació clara de convertir-se en nacionalitat i fins i tot nació, vulgui disposar de tots aquells mecanismes que li permetin al màxim deixar de dependre de Madrid.

Si el govern del PP assumís aquest rol  i fos una mica més obert en qüestions autonòmiques, començarien a actuar per tots aquells departaments ministerials amb nul·les o escasses competències. Una bona mesura seria reunificar ministeris similars.

Penso que hi ha molta feina a fer i només espero que s’acabi fent bé, però dubto que el resultat final pugui ser del grat de tothom.

El titular del Periódico de dissabte, amb una paraula ho defineix a la perfecció: Recentralització.

FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU VII

La mala educación de Wert

Es toda una revolución ideológica la que el ministro Wert ha emprendido. Todas las decisiones del Gobierno en materia educativa caminan en una misma dirección: una enseñanza pública deteriorada a base de recortes, convertida en una fábrica de mano de obra; y un sector privado en auge, consagrado a la formación de los ricos. La educación como instrumento de perpetuación de las clases. 
Texto: Juan Luis Gallego.

En octubre de 2010, el Gobierno de la Comunidad de Madrid gastó 1,8 millones de euros en la campaña “Respetemos y apoyemos a nuestros profesores” para frenar, dijo entonces la consejera de Educación, Lucía Figar, la “creciente indisciplina” en las aulas, que obliga a los docentes a “emplear entre el 30 y el 50% de su tiempo de clase en poner orden, en mandar callar”. Un año después, el curso comenzó en esa Comunidad con unos 3.000 profesores interinos menos en el sector público; con los titulares obligados a impartir dos horas lectivas más a la semana (de 18 a 20) y con la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, encabezando un maquiavélico ataque contra el colectivo por su rechazo a los recortes: “20 horas son, en general, menos de lo que trabaja el resto de los madrileños”, llegó a decir con tanta demagogia que se vio obligada a rectificar.
Convertida una vez más en avanzadilla de las políticas neoliberales del PP, Madrid comenzaba a dibujar entonces el futuro de la enseñanza pública en España. El curso 2012-2013 ha transcurrido en todo el país con unos 50.000 profesores menos (los ‘sobrantes’ tras obligar a los docentes a aumentar sus horas de clase detrayéndolas de otras tareas); con aulas abarrotadas (tras subir el máximo a hasta 36 alumnos en la secundaria); sin ayudas a la escolarización de 0 a 3 años (tras la eliminación de los 100 millones de euros que, desde 2008, el Plan Educa 3 invertía anualmente en la creación de plazas); y con bajas de profesores sin cubrir (hasta que cumplan dos semanas).
Además, el precio de las matrículas universitarias se ha disparado (un 16% de media en las distintas Comunidades, con picos de hasta el 50%); las condiciones para acceder a becas se han endurecido (a base de aumentar la nota media o el porcentaje de asignaturas aprobadas en el año anterior) y el material escolar es de repente un 17% más caro (tras la subida del IVA del 4 al 21% en todos los productos, salvo en libros de texto, mapas, partituras y álbumes).
En ese contexto, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el mismo que a pesar de la supuesta soberbia y altivez que sus interlocutores le reprochan se ha avenido a gestionar una rebaja del 21,2% en su presupuesto –unos 900 millones- frente al 16,9 de media de los otros departamentos e incluso a ofrecer luego un recorte adicional de otros 3.000 millones, impone una reforma de la Ley Educativa que plaga de reválidas ya desde el inicio el camino de los escolares; relega y desprecia la enseñanza de las Artes y las Humanidades y adelanta hasta los 14 años el momento de segregar a los alumnos entre los que valen y los que no valen, entre los que pueden seguir estudiando y los que deben ponerse a aprender cuanto antes un oficio.
LA IGUALDAD, EN PELIGRO
Esta es la situación, los datos objetivos que dibujan la realidad. El Gobierno afirma, por un lado, que los recortes no irán en detrimento de la calidad de la enseñanza pública; y, por otro, que la ley educativa es la herramienta adecuada para reducir el abandono escolar, dar una salida al 26% de alumnos que no acaba la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, sobre todo, “mejorar su empleabilidad”, es decir, prepararlos para el mercado de trabajo. La comunidad educativa, sin embargo, vive convulsionada, volcada mayoritariamente, sobre todo en el sector público, en una campaña de movilizaciones y protestas que desembocó, el pasado 22 de mayo, en la primera huelga general convocada en todas las etapas del sistema educativo y que, según todos los augurios, continuará este curso.
Los argumentos para tanto enfado, muchos, pero, en un ejercicio de síntesis de los testimonios recabados por Números Rojos, agrupables en dos: 1. Que el abandono de la enseñanza pública no solo se está llevando por delante los derechos laborales de sus trabajadores -recortes de sueldo a los funcionarios incluidos-, sino que amenaza con convertirla en el refugio de quien no se puede pagar algo mejor. 2. Que la ley educativa en proyecto recupera lo peor del pasado, en la medida en que segrega prematuramente a buenos y malos estudiantes renunciando a incidir en las causas socioeconómicas de los más desfavorecidos para condenarles a convertirse, cuanto antes, en mano de obra barata al servicio de los que, ya desde la cuna, tuvieron mejor suerte.
En definitiva, que está a punto de caer uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar, el que garantiza, o garantizaba, que el origen socioeconómico de cada niño y de cada niña no será un impedimento para recibir una enseñanza de calidad y en igualdad de condiciones.
“La reforma aniquila el concepto mismo de educación, supone la voladura de un modelo basado en la justicia social, para poner la enseñanza al servicio de los mercados”, dice a Números Rojos Guadalupe Jover, profesora de Secundaria y socia de yoestudieenlapublica.org. “Es tan neoliberal que se erizan los cabellos -añade Caridad García, diputada y portavoz de Educación de Izquierda Unida-. La reforma pretende garantizar la existencia de una clase dirigente que pueda disponer de mano de obra en condiciones cada vez más duras e incluso cercanas a la esclavitud. Es la pata que faltaba en la reorganización del sistema capitalista que, desde los años 80, pretende acabar con el Estado del Bienestar”. “Son dos caras de la misma moneda -resume Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes-. Tras las agresiones a la enseñanza pública en forma de recortes, llega una contrarreforma educativa segregadora y clasista que busca expulsar cuanto antes del sistema educativo a los hijos de las clases más humildes”.
Efectivamente, el proyecto de Ley de Calidad Educativa, ya en su primer borrador, presentaba la mejora del nivel educativo de los ciudadanos como una “apuesta por el crecimiento económico y la competitividad” e incluía la “mejora de la empleabilidad” del alumnado y su incorporación al “mercado de trabajo” como uno de los principales objetivos de la reforma. “Ni una sola vez -escribió la profesora Guadalupe Jover (El País, 27 de julio) – se mencionan aquellas palabras que hasta ahora trazaban el horizonte de todo proyecto educativo: ‘democracia’, ‘ciudadanía’, ‘cooperación’, ‘diálogo’, ‘pensamiento crítico’. ‘Cultura”. Y añade a Números Rojos: “En vez de poner el acento en el niño o la niña, con el tipo de sociedad que se quiere construir en el horizonte, se pone en el centro de todo el proyecto a los mercados. Se dibuja una educación al servicio de intereses privados, que trata de segregar lo más tempranamente posible para que cada uno ocupe la jerarquía personal que le corresponde por cuna”.
Para Fernando Sánchez Pascuala, director general de Política Educativa Escolar de Castilla y León, gobernada por el PP, comunidad que ha encabezado en alguna ocasión rankings internacionales por su eficacia para sacar provecho a los recursos invertidos en educación, hablar de enseñanza de ricos y pobres “es un análisis reduccionista”. A su juicio, la “endogamia de clase”, que condena a los hijos a ocupar la posición socioeconómica de sus padres, “hace tiempo que ha pasado a mejor vida”, así como “la correlación clase social-nivel académico”. “Ahora mismo -añade-, tu límite académico está en tu inteligencia y en tu capacidad de esfuerzo, salvo los casos de quienes no pueden estudiar porque necesitan trabajar para ayudar a mantener a la familia, que no creo que sean representativos, porque si no no tendríamos el nivel de estudiantes universitarios que tenemos, por encima de la UE”.
Pero, como escribe el profesor de Sociología José Saturnino García, “los datos son tozudos y no se creen que la clase no sea importante” en el fracaso escolar. Y demuestran, según los expuestos en su artículo Fracaso escolar, clase social y política educativa, referidos a 2007, que solo el 5,8% de los hijos de clase alta no completa la enseñanza obligatoria, mientras ese porcentaje alcanzaba el 17,9 en las clases intermedias, el 24,4 en la obrera, y el 31,4 entre agricultores y jornaleros. Un cuarto de siglo antes, según el mismo informe, eran cuantitativamente muchos más en todos los estamentos, pero las diferencias entre unos y otros eran igualmente abismales. El mismo profesor sostiene en ‘Crisis de la educación’ (2008), que el fracaso escolar entre los hijos de universitarios es del 2%, mientras que entre los hijos de quienes no tienen estudios el del 40%.
El propio informe PISA (siglas en inglés de Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el controvertido examen que cada tres años realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), sostiene que el 50% del rendimiento educativo de los jóvenes se explica por la posición social de las familias.
EL DINERO DE LA PRIVADA
Con cada vez menos dinero para la enseñanza pública, las cifras de la privada, sin embargo, parecen gozar de mejor salud. El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos el pasado julio los resultados de una encuesta según la cual la enseñanza privada en España, contando la que se imparte en centros concertados -cuyas nóminas y costes de funcionamiento corresponden al Estado-, tuvo en el curso 2009-2010 unos beneficios de 674 millones de euros, un 13% más que cinco años antes. Así dicho, un negocio suculento y próspero como cualquier otro. Pero con una diferencia: recibió de las administraciones públicas miles de millones de euros de ayuda. En concreto, de los 10.038 millones que ingresó (en bruto) la enseñanza no universitaria privada o concertada, un 58,8 fue dinero público, es decir, 5.900; y de los 1.371 millones (también en bruto) que ingresó la enseñanza universitaria, casi 80 fueron en subvenciones. Obviamente, la enseñanza concertada, que acoge al 80% del alumnado de los centros privados, absorbió la mayor parte de las subvenciones, pero aun así los colegios no universitarios cien por cien privados tuvieron suficiente ayuda pública, más de 450 millones, como para pagar el 10% de su funcionamiento. A eso hay que añadir iniciativas imposibles de cuantificar como la cesión de suelo por parte de los Ayuntamientos a colegios concertados o privados o decisiones, como la del Gobierno de Esperanza de Aguirre, de permitir que los gastos de escolaridad desgraven en familias con ingresos de hasta 30.000 euros por persona, incluyendo los descendientes: es decir, un matrimonio con 60.000 euros de sueldo cada uno y dos hijos que estudien en colegios no públicos puede desgravar hasta 900 euros por cada uno de ellos, dinero que dejan de ingresar las arcas públicas.
Recortes, abandono de lo público en beneficio de la iniciativa privada, medidas educativas segregadoras, el mercado como referencia… Todas las decisiones en materia de educación adoptadas por los gobiernos del PP -el central y los autonómicos- caminan en una misma dirección. No parece casualidad. “Es pura ideología -dice Caridad García (IU)-. La derecha tiene muy claro que el sector público tiene que tender a desaparecer, para que tome las riendas la iniciativa privada”. “El PP cree en una educación elitista, que no ejerce una labor de progreso social y que carece de una visión integral e integradora”, añade Mar Villafranca, responsable de Educación y Cultura del PSOE.
Al fin y al cabo, si de ideologías hablamos, no hay que olvidar que el Gobierno que promueve esta reforma es el mismo que, nada más llegar al poder, cambió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra llamada Educación Cívica y Constitucional porque consideraba “adoctrinar” hablar a los estudiantes de una realidad legalmente reconocida como el matrimonio entre homosexuales. O el que ahora se muestra dispuesto a cambiar la ley para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza subvencionar con dinero público a los colegios que dividen al alumnado por sexos (unos 70 en España, la mayoría vinculados al Opus Dei).
¿DISTRAE LA MÚSICA?
Pero el cariz ideológico de las reformas trasciende lo que parecen gestos para contentar a los sectores más conservadores de la sociedad. Afecta de lleno al temario al que día a día se tendrán que enfrentar los estudiantes y entronca con una concepción tradicionalista de la educación al considerar “materias prioritarias” las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias y proponer un “aumento de la carga lectiva” en estos casos para todas las fases de la educación obligatoria. Las otras, dijo el ministro Wert, son asignaturas que “distraen”; estas, viene a decir el anteproyecto, son las “instrumentales”, es decir, las que valen para ganarse la vida.
Fernando Sánchez Pascuala, de la Junta de Castilla y León, ofrece una explicación al respecto. “Es verdad que antes no se había puesto sobre la mesa esa vinculación entre educación y economía, pero es una realidad que ahora existe una preocupación sobre qué va a pasar después, dónde vas a trabajar cuando acabes los estudios. Y materias como las Matemáticas, la Lengua, la Física… son las que te permitirán seguir estudiando para obtener una determinada cualificación profesional”.
Contesta la profesora Guadalupe Jover (de yoestudieenlapublica.org), quien está convencida de que la propuesta del Gobierno “se carga las Artes”. “La educación debiera dar respuesta a la diversidad del alumnado, con proyectos más abiertos y que fomenten la creatividad para que quien tenga dificultades en algunas materias aproveche su talento en otras. La idea es que no hay techo para quien quiera seguir desarrollándose, sea por un camino o por otro”. Y Caridad García (IU) añade: “Las Humanidades quedan completamente relegadas, pese al peso que tienen en la formación del individuo. Potenciar las técnicas no debe ir en su detrimento, a no ser que, más que personas, pretendas formar mano de obra al servicio del mercado”.
Pero resulta que esas asignaturas “prioritarias” son sobre las que PISA centra su evaluación y, al parecer, para el Gobierno, lo que dice este organismo es sagrado. De hecho, su anteproyecto, al tratar de identificar las “debilidades” del sistema, cita en primer lugar los malos resultados, habitualmente por debajo de la media, que España obtiene en estos exámenes en Lecturas, Matemáticas y Ciencias e incluye entre los objetivos prioritarios mejorar el rendimiento de los alumnos en la “comparativa internacional”.
“PISA -afirma Mar Villafranca (PSOE)- tiene cosas buenas, pero está tan orientado a las estadísticas que pierde muchos matices. Además, cuando comparas datos sin tener en cuenta trayectorias te olvidas, por ejemplo, de que España ha hecho más progresos que todos los países de su entorno”. La profesora Guadalupe Jover coincide en que PISA es un sistema “incompleto”, puesto que convierte la Lectura, las Matemáticas y las Ciencias en la única herramienta para valorar el sistema educativo, a base de rankings que no tienen en cuenta, por ejemplo, conceptos como la “equidad”, en los que España está a la cabeza. La profesora propone que los estándares de calidad sean diseñados por la UNESCO, “no por la OCDE, que sirve a intereses concretos que, probablemente, no son los de los individuos”.
El malestar contra la política educativa del Gobierno crece, pero viene de lejos. En Madrid cristalizó en el nacimiento del movimiento Marea verde, identificable por las camisetas de ese color que los profesores comenzaron a exhibir en sus protestas. “Fue la reacción a más de tres años de agresiones contra la enseñanza pública y nuestras condiciones de trabajo”, cuenta a Números Rojos, en nombre del movimiento, Claudia Sandra Villa, quien cree que la ley educativa que propone el Gobierno “pretende convertir a los estudiantes en clientes, de forma que tengan educación quienes puedan pagarla”. En los pocos meses transcurridos desde su nacimiento, la marea verde ha comenzado a extenderse por toda España, después de que algunas comunidades decidieran adoptar el color para sus protestas, y el movimiento se plantea ahora articular su organización a nivel estatal.
No es solo una batalla política la que se dirime. De cómo acabe dependerá la formación de, probablemente, varias generaciones. Quizás, también, la sociedad del futuro. ¿Cómo queremos que sea? “Yo tengo cuatro hijos –dice Caridad García, de IU-, diferentes entre sí. Unos mejores estudiantes que otros, unos con un talento para unas cosas y otros para otras, pero todos son buenas personas. Eso es lo que me importa”.
www.revistanumerosrojos.com

RICS I POBRES

Feia moltes dècades que no es donava com ara una diferència de classes tan gran com la que ara s’està produint.

La distància entre rics i pobres és més gran cada dia que passa. Només un exemple: mentre cada vegada hi ha més ciutadans en risc d’exclusió social, la venda de cotxes de gama alta va en augment.

Aquesta diferència de classes també es dóna a la Universitat i després de la pretesa reforma del Ministre Wert, la diferència encara creixerà més. El Ministre pretenia que l’accés a les beques s’establís en un 6,5, un punt més que ara. Després del malestar i les queixes tan del professorat con dels alumnes com dels seus propis companys de partit, sembla ser que han acabat per fer reflexionar al ministre que, ara, està disposat a rebaixar la nota mitjana. Personalment pensava que s’acabarà per establir-se en un 6 (ni un ni els altres), però sembla que Wert no vol baixar del burro (al menys en la part principal del tema) Algú ha dit que Wert i el burro són germans? Si us plau, no falteu al pobre pollí. 

Sense beques seran molts els joves que hauran d’abandonar la Universitat. Abans tenien la possibilitat de treballar, però ara, amb la poca feina que hi ha, quina sortida tenen?

Per tant, ens podem trobar amb un bon estudiant que fregui el 6 de mitjana i que hagi d’abandonar els estudis per que els seus pares no puguin fer front a tota la despesa que comporta l’haver d’estudiar fora. En canvi, per a una família benestant, l’obtenció de una beca no significarà cap impediment per a que continuï estudiant.

Mon fill ha acabat els estudis de 4t de carrera. No té cap possibilitat de demanar beca, perquè entre sa mare i jo sobrepassem el límit per a obtenir-ne. Per nota, a mon fill li podrien donar la beca, tal i com demostra que a partir de febrer de l’any vinent se’n ha d’anar a Croàcia a fer un Erasmus i que de tant en tant treballa de becari a la seva facultat. Però la normativa està feta així... Creieu-me si us dic que entre la residència (pis compartit), matrícula, crèdits de lliure designació, treballs, desplaçament, etc. en suposa una càrrega molt difícil d’assumir.

Una vegada explicada la meva situació, en plantejaré una altra. Una família que guanya una mica menys que nosaltres (no cregueu que tant) i que pot accedir a l’ajut. Son fill (o filla) estudien en una universitat privada (la qual cosa significa un increment notable de costos) Cóm s’ho fa per a costejar totes les despeses?

A mi em sembla una mica increïble que cobrant menys que nosaltres i encara que obtinguin l’ajut puguin seguir a la Universitat. Només se’m acudeixen dos o tres maneres i una d’elles és que els avis hi col·laborin (i això ja passa en el cas de mon fill)...  

FOTOS DE L'ASSAIG AL JARDÍ DEL BOU VI

Un funcionario de Hacienda se negó a validar las falsas ventas con el DNI 14-Z de la infanta Cristina

Un funcionario de la sede central de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, cuyas oficinas se encuentran casualmente en la madrileña calle
de Infanta Mercedes, 37, se negó a validar el informe que atribuía al DNI
14-Z, perteneciente a Cristina Federica Borbón y de Grecia, la venta de 13
fincas que justificaban el incremento patrimonial de la infanta y daban
cobertura a la fortuna de su matrimonio formado con Iñaki Urdangarín, según
han relatado al menos a dos grupos parlamentarios fuentes sindicales de la
citada Agencia. Ante la negativa del funcionario, tuvo que ser la propia
directora, Beatriz Viana, la que firmara el citado informe falso, que ahora
ha sido descubierto.

Los funcionarios de Hacienda han denunciado además a estos dos grupos
parlamentarios la “sobreprotección” de los miembros de la Casa Real en
materia tributaria, y han aportado varios documentos que afectan igualmente
al DNI número 10, cuyo propietario es Juan Carlos Borbón y Borbón, en relación
con una curiosa importación cuyas obligaciones tributarias todavía no han
sido satisfechas. Este blog hará pública mañana esta información con todos
sus detalles.
Beatriz Viana, responsable de la Agencia Tributaria que envió el informe falso
sobre las ventas de la infanta Cristina.

Según estas fuentes, el informe sobre los incrementos patrimoniales del DNI
14-Z fue pergeñado por dos inspectores fiscales de la máxima confianza de
Beatriz Viana y el texto justificaba así el incremento de renta de 1,4 millones
de euros gracias a la venta entre 2004 y 2005 de 13 fincas ubicadas en
Alicante, Ciudad Real y Barcelona y registradas en Alicante, Almagro,
Arenys de Mar y Pilar de la Horadada. Registradores, notarios y los propios
inspectores fiscales que han sido consultados por interlocutores de los dos
grupos parlamentarios coinciden en apuntar que un error de estas características
con 13 registros y notarios es “imposible” y aseguran que todo apunta a que
alguien de la Agencia Tributaria “trató de maquillar el informe para justificar
los incrementos monetarios del matrimonio Urdangarín-Borbón”.

“Al descubrirse que el informe era falso y que habían tratado de engañar al
juez, todo se vino abajo. De ahí las rectificaciones posteriores del ministro
Montoro y la petición de disculpas, pues quieren salvar a toda costa a la Casa
Real de un desaguisado que seguramente fue preparado entre todos”, han
transmitido a estos dos grupos parlamentarios los funcionarios de Hacienda,
notarios y registradores consultados por ellos.
Los inspectores de Hacienda aseguran que Franco (DNI nº 1) y Juan Carlos
(DNI nº 10) son fiscalmente iguales, es decir, impunes.

Funcionarios de Hacienda de la sede central de Infanta Mercedes han solicitado
a sus principales sindicatos que hagan saber a la opinión pública que al igual
que en el anterior régimen los DNI número 1 (Francisco Franco Bahamonde),
número 2 (Carmen Polo y Martínez Valdés) y número 3 (Carmen Franco Polo)
no fueron nunca inspeccionados fiscalmente, hoy tampoco lo son el número 10
(Juan Carlos Borbón y Borbón), número 11 (Sofía Grecia Borbón), número 12
(Elena María Borbón y de Grecia), número 14 (Cristina Federica Borbón y de
Grecia) y número 15 (Felipe Juan Borbón y de Grecia). Estas quejas han sido
transmitidas al Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA),
mayoritario en el sector, pero también a la más corporativa y conservadora
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que
agrupa a las dos asociaciones de inspectores, APIFE y APIHA, y al Sindicato
de Inspectores de Hacienda.

Precisamente uno de estos últimos, el inspector José María Peláez (IHE), ha
sido el más contundente: tras calificar de “bochornoso y lamentable” lo que
ha ocurrido con el falso informe, ha recordado que si una de las funciones
principales del notario es dar fe de las partes que intervienen en las
compraventas, “resulta aún más difícil creer en el error, y si el número del
DNI es tan peculiar, es todavía más inverosímil”.
José María Peláez, inspector fiscal: " “inverosímil, bochornoso y lamentable”

“También habría que explicar por qué en los cruces de información que se
efectuaron en los años siguientes a la hipotéticas ventas no se detectaron
las correspondientes a estos inmuebles, de elevado importe total y
efectuados por la misma persona, cuando lo normal era lo contrario, ya
que todo parece indicar que no se incluyeron en sus declaraciones del IRPF.
Si las ventas y su falta de declaración fueron detectadas y no se efectuó el
pertinente requerimiento a la interesada, habría que explicar por qué no se
la llamó, dado que “todos somos iguales ante la Ley”, ha explicado Peláez
en el diario Expansión.

Wert en el guiñol

David Torres

Más que una selección de personal, Mariano se planteó la formación de su ejecutivo como un casting donde no cabía ni un solo héroe, que para algo estaba reclutando la tripulación de la Estrella de la Muerte. De haber sido un western, el desgobierno de Mariano habría sido El feo, el feo, el feo, el feo y el malo, pero cualquiera los distingue. Entre tanto anodino y tanto supernumerario del Opus necesitaba un rostro que distrajera al personal, un ministro al que vapulearan igual que esos muñecos de trapo que queman y ahorcan las turbas palestinas por los noticiarios de la CNN. En José Ignacio Wert encontró justamente el chivo expiatorio que andaba buscando.
Le endosaron a Wert el ministerio de Cultura porque lo del PP con la cultura es un asunto personal. Personal, nada de negocios. La cultura es una deuda pendiente de la derecha española desde que ganaron la guerra civil y perdieron la historia de la literatura. No sólo mataron a Lorca y dejaron pudrirse en la cárcel a Miguel Hernández, sino que incluso a los mejores escritores de derechas no les hicieron ni puto caso. Torrente Ballester, por ejemplo (que fue falangista en su juventud), triunfó tarde y mal, a trancas y barrancas; tuvo que cambiar muy joven su primera vocación, el teatro, por la novela y al final encontró su mayor adalid en Saramago, quien no era precisamente un reaccionario. Saramago dijo una vez que si había un novelista digno de sentarse a la derecha (sí, creo que dijo a la derecha) de Cervantes, ése era Torrente Ballester. No se puede escribir un elogio más alto.
Tampoco el noviazgo del PSOE con la cultura es como para tirar cohetes, pero, al lado de Wert, hasta González Sinde parece Luis II de Baviera. Mientras que el PSOE, a pesar de todos los pesares, contaba (quizá ya no) con un amplio grupo de apoyo entre actores y cantantes, el PP ha tenido que echar mano de la caspa y la revista, su hábitat natural. Gente como Julio Iglesias, Francisco, Bertín Osborne, Norma Duval o Arturo Fernández, háganse una idea. Al PP la cultura siempre se la trajo floja y a la gente del cine y del teatro, los voceros de la caverna suelen apodarlos “titiriteros”, lo que da una idea del ingenio que gastan. Su idea de un intelectual en el gobierno era Fraga, un señor que no sólo llevaba el estado en la cabeza sino que además lo paseaba en tanqueta.
Por seguir con Torrente Ballester, podríamos decir que Wert ha recogido este legado ideológico como el que recoge un garrote. Allá por donde va, universidades, actos públicos, conciertos, recibe desprecios y abucheos, exactamente lo que ha sembrado. No obstante, algo bueno tiene este hombre y es que con él ocurre lo mismo que con Telecinco: lo ves cinco segundos y te entran ganas de abrir un libro. Wert apareció en el Teatro Real antes de una sinfonía de Beethoven y fue como si saliera el malo de una función de guiñol. Sólo le faltaba el garrote. Pero, a estas alturas de la función, Wert ya debería saber que una pitada en el Teatro Real vale más que un aplauso alquilado en el congreso.