LA EXTERNALIZACIÓN de la gestión de seis hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, un plan
que el Gobierno de Ignacio González retiró en enero del año pasado, no cuestionaba la titularidad pública
del servicio, no vulneraba la igualdad de acceso de los ciudadanos al sistema sanitario y no ponía en peligro
la calidad en su prestación. Las bases de la sentencia con la que ayer el Tribunal Constitucional avaló el
mayor plan privatizador de la sanidad en España subrayan la necesidad de preservar este servicio como
uno de los pilares del Estado del Bienestar, manteniendo su carácter público y sus niveles asistenciales,
pero explorando las vías que permitan optimizar el gasto y reducir costes.
El Constitucional concluye de forma tajante que e carácter público de la Seguridad Social no se ve cercenado por fórmulas de gestión indirecta. También recuerda que los artículos 41 y 43 de la Constitución,
que consagran la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la protección a la salud,
«no imponen un determinado modelo de gestión». La sentencia tumba el grueso del recurso presentado por
50 senadores socialistas hace dos años y supone un espaldarazo al proceso de externalización en Madrid,
que fue objeto de una fuerte presión política y social y que desembocó en la renuncia de Javier Fernández
Lasquetty, consejero de Sanidad. Esperanza Aguirre recordó ayer atinadamente que la decisión del TC
«quita la razón a las mareas y al PSOE», si bien la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, se
apresuró a matizar que mantendrá la sanidad «exactamente » como está.
La necesidad de ajuste y los efectos de la crisis obligan a afrontar un debate sereno y sin concesiones a la
demagogia. Según el Gobierno, el presupuesto que las administaciones públicas destinaron a la sanidad
pública entre 2009 y 2013 se contrajo en 10.000 millones de euros. Pese a ello, la inversión en sanidad supondrá el 10,3% del PIB español en los próximos 15 años. La OCDE alerta de que España permanecerá a la cola en gasto sanitario entre las economías de los países más industrializados del mundo de aquí a
2030, una consecuencia directa de la obligada reducción del déficit. Actualmente, sólo nueve hospitales
públicos en España –cinco en Valencia y cuatro en Madrid– tienen una gestión privada. Lasquetty aseguró
que la privatización sanitaria ahorraría hasta 200 millones de euros a las arcas públicas madrileñas
y detalló que el coste de la atención en los seis hospitales que quiso privatizar –de gestión mixta– ascendía
a 600 euros por habitante, frente a los 441 en los centros de gestión privada. Urge impulsar una política
realista que asegure la viabilidad del sistema sanitario sin menoscabar los rasgos que le han convertido
en ejemplar por su grado de cobertura y la calidad de sus prestaciones.
que el Gobierno de Ignacio González retiró en enero del año pasado, no cuestionaba la titularidad pública
del servicio, no vulneraba la igualdad de acceso de los ciudadanos al sistema sanitario y no ponía en peligro
la calidad en su prestación. Las bases de la sentencia con la que ayer el Tribunal Constitucional avaló el
mayor plan privatizador de la sanidad en España subrayan la necesidad de preservar este servicio como
uno de los pilares del Estado del Bienestar, manteniendo su carácter público y sus niveles asistenciales,
pero explorando las vías que permitan optimizar el gasto y reducir costes.
El Constitucional concluye de forma tajante que e carácter público de la Seguridad Social no se ve cercenado por fórmulas de gestión indirecta. También recuerda que los artículos 41 y 43 de la Constitución,
que consagran la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la protección a la salud,
«no imponen un determinado modelo de gestión». La sentencia tumba el grueso del recurso presentado por
50 senadores socialistas hace dos años y supone un espaldarazo al proceso de externalización en Madrid,
que fue objeto de una fuerte presión política y social y que desembocó en la renuncia de Javier Fernández
Lasquetty, consejero de Sanidad. Esperanza Aguirre recordó ayer atinadamente que la decisión del TC
«quita la razón a las mareas y al PSOE», si bien la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, se
apresuró a matizar que mantendrá la sanidad «exactamente » como está.
La necesidad de ajuste y los efectos de la crisis obligan a afrontar un debate sereno y sin concesiones a la
demagogia. Según el Gobierno, el presupuesto que las administaciones públicas destinaron a la sanidad
pública entre 2009 y 2013 se contrajo en 10.000 millones de euros. Pese a ello, la inversión en sanidad supondrá el 10,3% del PIB español en los próximos 15 años. La OCDE alerta de que España permanecerá a la cola en gasto sanitario entre las economías de los países más industrializados del mundo de aquí a
2030, una consecuencia directa de la obligada reducción del déficit. Actualmente, sólo nueve hospitales
públicos en España –cinco en Valencia y cuatro en Madrid– tienen una gestión privada. Lasquetty aseguró
que la privatización sanitaria ahorraría hasta 200 millones de euros a las arcas públicas madrileñas
y detalló que el coste de la atención en los seis hospitales que quiso privatizar –de gestión mixta– ascendía
a 600 euros por habitante, frente a los 441 en los centros de gestión privada. Urge impulsar una política
realista que asegure la viabilidad del sistema sanitario sin menoscabar los rasgos que le han convertido
en ejemplar por su grado de cobertura y la calidad de sus prestaciones.
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