Sobre las 18:23 horas del día 23 de febrero de 1981, el Teniente Coronel Luis, al mando de una fuerza militar armada, "penetró en el Congreso de los Diputados, obligando a arrojarse al suelo a los que se encontraban en sus dependencias. Inmediatamente, con fuerzas a su mando, irrumpió en el Salón de Sesiones, donde se encontraban reunidos el Gobierno de la Nación y el Pleno de la Cámara con motivo de la votación de investidura del candidato a Presidente, Sr. Pablo. El Teniente Coronel Luis, empuñando una pistola y rodeado de Guardias a su mando, se situó en la Tribuna de Oradores, ante el Presidente del Congreso, y ordenó a cuantos se encontraban en el hemiciclo que se arrojaran al suelo y permanecieron inmóviles. Como advirtiera que el Presidente en funciones del Gobierno, Don Alejandro, y el Vicepresidente Primero en funciones para Asuntos de la Defensa, Teniente General del Ejército don Felipe, se negaban a arrojarse al suelo, y éste último salía de su escaño e increpaba a los Oficiales y Guardias, exhortándoles a obedecerle y deponer su actitud, el propio Teniente Coronel Luis y varios de los Guardias dispararon sus armas al aire, causando daños en distintas instalaciones del hemiciclo..."
De este modo, y no de otra manera, el Teniente Coronel Luis se hizo con el control del Congreso de los Diputados y retuvo en su interior al Gobierno y los parlamentarios. Así ha quedado guardada en la base de datos de jurisprudencia la sentencia que condena a Antonio Tejero  por el golpe de Estado del 23-F, que protagonizó en 1981 durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo (Sr. Pablo), siendo presidente en funciones Adolfo Suárez (don Alejandro). Consta para la Historia que el condenado zarandeó al entonces responsable de Defensa don Felipe (Manuel Gutiérrez Mellado) y dijo estar a las órdenes del rey y del Teniente General don Daniel (Jaime Milans del Bosch).
La base de datos de la jurisprudencia de España ofrece múltiples ejemplos que rondan el esperpento como éste. El autor de la supresión de los nombres y el resto de los datos personales de las sentencias es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de su custodia. Tiene un servicio dedicado a eliminarlos, tratar las sentencias en formato electrónico y ponerlas a disposición de la sociedad: el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
Las sentencias son documentos públicos y, al menos, las de interés relevante tendrían que ser difundidas de forma íntegra, so pena de incurrir en alteración de documento oficial. Así lo entiende el Tribunal Constitucional, que publica sus resoluciones con los datos reales de los afectados. O el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mantiene los nombres de los afectados.
Sin embargo, el CENDOJ se basa en lo dispuesto por la legislación en materia de protección de datos, y por la Agencia de Protección de Datos, para aplicar tabla rasa. Sus eliminaciones no ponderan los derechos en conflicto, cada caso. Como puede ser la colisión entre el derecho al olvido de quien ya ha cumplido con la sociedad, frente al interés público de difundir una resolución necesaria para conformar una correcta opinión pública, conocer la propia historia y extender el acceso a la memoria digital de un país.
Y, así, el magistrado Baltasar Garzón Real fue condenado por el Tribunal Supremo un 9 de febrero de 2012 por ordenar las escuchas en los locutorios de las conversaciones entre los abogados defensores de Gürtel y los principales implicados en la trama. Pero queda registrado para la Historia que ese día el magistrado ‘D. Ceferino' fue condenado por prevaricación judicial con violación de las garantías constitucionales. Dictó un auto en 2009 en el que ordenaba "la intervención de las comunicaciones orales y escritas que mantengan los internos Arcadio, Evelio, y Julián en el Centro Penitenciario en que se encuentran".
Fue ‘D. Arcadio' (Francisco Correa, líder de la trama Gürtel) quien ejerció la acusación particular contra el juez Ceferino, junto a su abogado ‘D. Urbano' (Ignacio Peláez Marquez). En esta historia paralela, ‘Evelio' es Pablo Crespo y ‘Julián' corresponde a Antoine Sánchez, primo y hombre de confianza de ‘Arcadio'.
"Conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes". Con esta cita de un imaginario Libro de las evidencias, José Saramago inicia el relato de Todos los nombres (1997), donde un Don José sin apellido, funcionario del Registro Civil, reconstruye las vidas de personas muertas en una búsqueda continua.
Desde 1997, CENDOJ custodia y publica en formato electrónico la jurisprudencia dictada en España. La colección de jurisprudencia está abierta al público en Internet y agrupa sentencias del Tribunal Supremo, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
El sistema sigue una lista cerrada que atribuye nombres ficticios a las personas, a semejanza de lo que hacen los meteorólogos con los nombres de huracanes. En ese ‘sorteo', se han dado casos en los que se atribuyó como nombre ficticio el nombre real de una persona. O se suprimen los apellidos de menores víctimas de abusos, pero se mantiene el nombre real de sus colegios y barrios. O se cambian identidades en los aledaños de la sorna. 
Cualquier abogado que haya entrado en ella conoce la experiencia de dedicar horas a buscar una sentencia tratada tiempo atrás, para localizar un nombre falso otorgado y reconstruir la trayectoria judicial de una persona que necesite en un caso concreto.
'Kantauri' es 'Narciso' y 'Mauricio' en un mismo proceso
De esta manera, el líder de la organización terrorista ETA José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, encarcelado por ser el responsable de la muerte de 20 personas , además del secuestro de José Ortega Lara, tiene diversos nombres en una misma causa.
Sirva de ejemplo uno de estos procesos judiciales. Kantauri fue condenado en 2006 por la Audiencia Nacional por ordenar atentar contra el rey. La sentencia de la Audiencia registrada en la base de datos se refiere a él como "Narciso, conocido en la organización terrorista como ‘Dantxari'". Pero fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, y la nueva resolución conservada para la posteridad condena al dirigente etarra "Mauricio, conocido en la organización terrorista como ‘Pitufo'" a 13 años de cárcel.
La Justicia consideró probado que Kantauri recibió la ayuda logística de otro miembro de la organización ETA, cuyo nombre y alias reemplazados crean el siguiente galimatías:
'Narciso', según la sentencia de la Audiencia Nacional, recibió apoyo logístico de "Constantino, mayor de edad y sin antecedentes penales computables, quien desde fecha que se desconoce formaba parte de la organización terrorista ETA, en la que se le conoce como "Txuria"". En cambio, el 'Mauricio' condenado por el Supremo en ese mismo procedimiento recibe el apoyo logístico de "Cristóbal, mayor de edad y sin antecedentes penales computables, quien desde fecha que se desconoce formaba parte de la organización terrorista ETA, en la que se le conoce como 'Santo'".
Este jefe de ETA tiene tantos nombres como resoluciones. Es 'Bernardo' en su condena a 30 años de prisión por ordenar el asesinato de líder socialista Fernando Múgica ('Millán'), de 2007. Y pasa a ser llamado 'Avelino', alias 'Chipirón', en la sentencia dictada en noviembre de 2013 por la Audiencia Nacional, que lo condenó a 56 años de cárcel por ordenar el asesinato del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García (nombres reemplazados por los de 'Fabio' y 'Adoración'). 
Del Nido es 'Jorge Hilario'
El pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo condenó al entonces presidente del Sevilla José María del Nido y al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz a siete años de prisión por prevaricación: facturaron minutas indebidas por valor cercano a los 3 millones de euros con cargo a las arcas municipales. En la sentencia del Supremo conservada para el futuro, Del Nido pasa a llamarse ‘Jorge Hilario' y el alcalde Muñoz recibe el nombre de ‘Gervasio Valentín'.
Pero Julián Muñoz afronta numerosos casos judiciales. Esta ausencia de coherencia entre los nombres ficticios de una misma persona convierte al ‘Gervasio Martin' condenado por el Supremo en un 'Ceferino Justiniano', con motivo de otra sentencia de la Audiencia Nacional, centrada en el saqueo de Marbella y fechada el 30 de octubre de 2013.
La sentencia del caso conocido como Saqueo II es difundida con estos nombres ficticios: 'Ceferino Justiniano' (Julián Muñoz) fue condenado por la Audiencia Nacional junto al líder de la trama ‘Adrián Basilio' (Juan Antonio Roca), el teniente de alcalde 'Eutimio Abel' (Pedro Román) y el gerente de transportes locales 2000 'Hermenegildo Ceferino' (Juan Flores González), entre otros condenados como 'Jacinto Javier', 'Begoña Debora' o 'Leoncio Eliseo'. Así ha quedado registrada para la posteridad el mayor caso de desfalco municipal de la historia reciente, realizado por cargos públicos electos y que provocó por primera vez la intervención de un ayuntamiento.