Lidia Falcón
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el
Congreso, Alfred Bosch, ha enviado una misiva al ministro principal del
Peñón de Gibraltar, Fabian Picardo, en la que se “solidariza por el
abuso y el bullyng al que el Gobierno de España somete a los
gibraltareños”. Explica que los votantes de ERC y muchos otros
catalanes quieren mostrar su solidaridad con los gibraltareños y
“condenar los métodos usados por el poder español”. ERC se solidariza
con “las 30.000 personas muy respetables que son los ciudadanos de
Gibraltar y que han decidido, votando dos veces si había dudas, que
ellos no quieren pertenecer al Reino de España”. Después de otras
frases del mismo jaez, que ahorro a los lectores, concluye diciendo
“Vuestra libertad es nuestra libertad.” Se refiere a la de los catalanes
que también quieren votar para independizarse de España.
No es de extrañar que España sea el país, de cuarenta desarrollados
analizados, que posea una de las ratios más pequeñas de psiquiatras por
habitante. Entre los 30 psiquiatras por 100.000 habitantes que posee
Suiza y los 6 de España por la misma población, existe una distancia tan
grande como entre la salud mental y los razonamientos del señor Bosch.
Gibraltar fue cobrado por los británicos en 1713, precisamente en
aquella guerra que tanto duele en Catalunya, y que significó la pérdida
de los fueros catalanes al haber apoyado su gobierno al rey austríaco.
Cuestión aparte, pero no menos decisiva, este era el más reaccionario de
los pretendientes en aquel lejano siglo XVIII. En consecuencia, desde
hace trescientos años, la rapaz Gran Bretaña tiene una colonia en
territorio europeo contraviniendo todos los principios y declaraciones
de Naciones Unidas. Puede que al señor Bosch, y sus conjurados, no les
importen las resoluciones de Naciones Unidas cuando no les convienen
-bien que la alegan cuando les parecen favorables a sus tesis- pero este
enclave anglo en el extremo sur de España se encuentra dentro de la
lista de territorios no autónomos de las
Naciones Unidas bajo supervisión de su
Comité de Descolonización. Atendiendo al
artículo X del
Tratado de Utrecht,
el puerto, el castillo y el territorio de la ciudad de Gibraltar en
1713 (el límite norte actual sería la rotonda de Devil’s Tower) sería
una propiedad a perpetuidad de la
Corona inglesa
en territorio de jurisdicción española, debiendo retornar a España si
Reino Unido renunciase o enajenase de alguna manera dicha propiedad.
Exactamente lo que se llama en Derecho moderno internacional la
apropiación de territorios extranjeros para su aprovechamiento y
explotación, por parte de otra potencia de ocupación. En resumidas
cuentas, la colonización. Situación condenada por la ONU desde que se
aprobaron todas las legislaciones internacionales, sobre todo después de
la II Guerra Mundial. Es decir, el caso de Gibraltar es único en el
continente europeo. Pero inamovible desde que el gobierno de su Majestad
Británica organizó, con evidente mala fe, referéndums de
autodeterminación para asentar definitivamente sus reales en el peñón.
Referéndum que no apoya, por ejemplo, en el Sáhara, uno de los casos más
sangrantes de apropiación militar de un territorio por parte de
Marruecos, contra la voluntad de sus habitantes y las normas de
descolonización aplicadas en todos los países.
Al parecer
, para el señor Bosch
cualquier referéndum es
bueno, por el hecho de así denominarlo. De tal modo, los que organizó, y
ganó Franco con el cien por cien de los votos, deben de ser válidos
para él. Por lo visto, para el señor Bosch, esos espúreos referéndums
ratifican la “independencia” de la población de ese trozo de montaña que
es la vigía del Estrecho desde que los continentes se formaron. Una de
las columnas de Hércules. Lo que supone no solo insania mental sino
también una ignorancia profunda, que supongo interesada. Porque esa
población gibraltareña no es más que la sucesora de los emigrantes
importados por el Reino Unido para justificar y defender la propiedad
del Peñón, de la misma manera que transportaron a miles de ingleses a
Irlanda del Norte, el desgraciado Ulster, para justificar que ese
territorio pertenecía al Reino Unido. Y ya conocemos la desgraciada
historia de ese trozo Irlanda robado a mano armada al resto de la
República, donde la población de origen inglés, los Unionistas, siguen
manteniendo, a sangre y fuego, el poderío de la Corona británica, a
mayor honra y gloria de los restos del imperio.
En el Peñón no se dan las condiciones del Ulster, porque en Gibraltar
erradicaron totalmente a la población española originaria, porque
durante la dictadura no cabía duda de que era mucho más beneficioso
tener la nacionalidad británica que la española y caer bajo la férula de
Franco, y sobre todo porque las condiciones que han implantado allí los
ingleses son enormemente rentables para los llanitos. Todos los que
viven de la rapiña, el contrabando, el narcotráfico y la evasión de
capitales que están impunes desde hace siglos, con el beneplácito y la
inducción de los gobiernos británicos.
Gibraltar es la cueva de los piratas, instalada en el extremo sur del
Continente europeo con la complacencia de los gobiernos de los muy
democráticos gobiernos de esta Europa tan unida, sobre todo cuando se
unen los depredadores de las clases trabajadoras y de los países del
sur. Porque en Gibraltar se ha instalado una de las grandes bases
militares de propiedad anglo-norteamericana, y, ¿quién se atrevería a
oponerse al poder estadounidense unido al británico? En esa base, y en
el mar que la rodea, se realizan anualmente unas llamadas operaciones de
entrenamiento, con la participación de la Armada de su Majestad y de
EEUU, para demostrarnos a todos quien manda en el mundo, poderío hoy tan
inexpugnable como el Peñón, y advertirnos de que toda protesta será
aniquilada. En esas maniobras se gasta el presupuesto de sanidad y
educación conjuntos de media Europa y con ellas se contaminan las aguas,
la pesca, y toda vida, de pestilentes vertidos, de municiones de todo
tipo gastadas sin tasa y de los más deleznables valores humanos: la
arrogancia militar, la agresividad, el desafío a la paz y la exaltación
de las virtudes guerreras. Únicamente salen ganando los fabricantes de
armamento.
En esa base militar se limpian los barcos y submarinos ingleses,
incluso los nucleares, cuando tienen cualquier necesidad de reparación. Y
así, durante meses, vierten al mar los residuos de sus operaciones,
convirtiendo el Estrecho y las costas conlindantes en el basurero
contaminado que se encuentra más cerca de las costas europeas, aunque lo
suficientemente lejos de las británicas, a las que las broncas mareas
del Atlántico preservan de la suciedad que su Armada dejan entre España y
Marruecos.
La soberanía británica sobre ese trozo de tierra ha implantado su ley
desde que se hizo con su propiedad: la de los piratas que tan gratos
fueron siempre a la Corona inglesa. El narcotráfico y el contrabando de
todo tipo están admitidos y protegidos por ese gobierno títere
gibraltareño que el Sr. Bosch considera “independiente” y merecedor de
protección. Por supuesto, con el beneplácito y la organización del
gobierno de Londres, porque el señor Bosch ignora, al parecer, que los
llanitos tienen la nacionalidad británica y que toda esa pamema de
referéndums de autodeterminación solamente se organizaron para engañar a
tontos como él. Y pocos más, porque la comunidad internacional nunca ha
admitido la independencia de la población gibraltareña, como se puede
leer en las resoluciones de Naciones Unidas. Que muy ciego y estúpido
hay que ser para considerar que el gobierno del Peñón actúa en beneficio
de sus habitantes y no en cumplimiento de las órdenes de Londres.
Pero sobre todo, Gibraltar es el paraíso fiscal más cómodo y cercano
que tienen los evasores del mundo. De todo tipo. Los grandes
inversores, las multinacionales, los pillos medianos y más chicos, la
delincuencia organizada que lava el dinero del narcotráfico, del
contrabando, del tráfico de personas para la explotación sexual y
laboral, de las coimas y los cohechos de empresarios o políticos como
los de la trama Gürtel. Las pérdidas fiscales para España son
inconmensurables solo atravesando esa frágil frontera. En fin, Paraíso
sin duda para el crimen.
Y de todo eso viven treinta mil aprovechados, y algunos más que se
conectan con la Línea, que por lo visto para el señor Bosch merecen toda
consideración.
También otros políticos y comentaristas se han dolido de las
dificultades que están padeciendo los trabajadores que deben soportar
largas colas en la frontera para ir a trabajar a uno u otro lado del
Peñón, que semejantes lacrimógenas manifestaciones demagógicas siempre
quedan bien. Pero pocos comprenden las dificultades de otros miles de
pescadores que desde hace años están sufriendo el acoso –el buying que
menciona el señor Bosch- de las autoridades del Peñón y del gobierno de
su Majestad Británica. Las estrategias de los gobernadores de Gibraltar
han sido eficaces y meridianas: Contaminando las aguas con el vertido de
la limpieza de los submarinos nucleares y con la construcción de
espigones de cemento con pinchos, que ya han impedido toda pesca en el
extremo de Levante y que hace dos días iniciaron en el de Poniente, han
arruinado a miles de familias que se ganaban el pan honradamente.
Porque de lo que para el Reino Unido se trata es de que en ese trozo
del continente no se realice ningún trabajo decente. ¿Para qué pescar si
se puede traficar con tabaco, con cocaína, con personas y con
capitales? Si contamos que el paro en el Peñón es del 3% y en la Línea
de la Concepción del 32, no puede cabernos ninguna duda de cuál puede
ser la elección de los habitantes de ese sufrido trozo de tierra.
De modo, señor Bosch, que ya sabemos cuál es la suya: la de la
impunidad de los bandidos. Igual podía haberle escrito a Alí Babá
apoyándole por ser un depredador del sistema feudal y Al Capone
felicitándole por su lucha contra una nación capitalista e imperialista.
¡Ah, por cierto! Al parecer al señor Bosch también le parece que
pertenecer al dominio británico es menos imperialista que pertenecer al
español.
Repito, una de nuestras graves carencias es la falta de una
proporción de psiquiatras suficiente para garantizar la salud mental de
nuestros ciudadanos, especialmente la de determinados políticos.
