democráticos
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
Un laberinto, según la etimología griega y latina, es un lugar formado por calles y encrucijadas, intencionadamente complejo para confundir a quien se adentre en él. En los laberintos se entra, algunas veces, por equivocación; y en otras, por el simple afán de desafiar los obstáculos y emprender la aventura de buscar una salida.
En el actual laberinto catalán deambulan personas cargadas con las historias del pasado y otras más conscientes del presente que estamos viviendo. Lo racional es buscar la salida, pero algunos, desorientados y tensos, prefieren permanecer atrapados en sus intrincadas sendas y no son capaces de buscar el hueco que les lleva a la realidad exterior.
A estas alturas creo que nadie debería desconocer, y mucho menos los políticos, la singularidad de la cuestión catalana. Todos los historiadores y viajeros que desde hace siglos se han acercado, con curiosidad, al conocimiento de nuestro país han destacado de muy especial manera la realidad de Cataluña. Para no perdernos en innumerables citas, me gustaría destacar los estudios sobre los antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil en España, del historiador inglés Gerald Brenan, que dedicó una especial atención a la cuestión catalana, y del historiador francés Pierre Villar, que dedicó uno de sus trabajos a encontrar el Encaje de Cataluña en la España moderna.
En estos momentos, creo que no tiene mucho sentido mirar hacia atrás y enredarnos en reproches mutuos sobre lo que pudo haber sido el Estatut de julio de 2006, votado por el Congreso de los Diputados y por el Parlament de Cataluña y refrendado en las urnas, que el Tribunal Constitucional, por impulso del Partido Popular, se encargó, según frase de un conocido político, de “cepillarlo”, convirtiendo su sentencia en un agravio que todavía esgrimen los sectores independentistas.
Los políticos catalanes, en mi opinión, debieron meditar seriamente antes de lanzarse hacia el vacío de una independencia unilateral, amparada en un referendo inconstitucional, sabiendo cuáles eran las circunstancias del presente y el panorama internacional, político y económico, en el que estamos inmersos. No es posible seguir esos derroteros sin tener en cuenta que España está integrada en una comunidad de naciones con vocación de superar las nacionalidades del pasado, con una política económica basada en la libre circulación de capitales y servicios, y con una moneda única que acaba de sufrir una fuerte sacudida ante la aprobación mayoritaria del Brexit por los ciudadanos del Reino Unido.
Creo que todavía hay tiempo para reconsiderar el presente y seguir buscando una salida negociada, para la que ambas partes cuentan, a pesar de las posturas oficialistas, con la gran mayoría de la opinión pública europea e internacional. Como es lógico, los socios comunitarios no podían apoyar una ruptura del texto constitucional sin poner en grave riesgo los pilares que difícilmente sostienen, en estos momentos, la Unión Europea; pero han dirigido mensajes inequívocos sobre la necesidad de resolver el conflicto con arreglo a los parámetros propios de países con una democracia avanzada y una cultura y civilización basada en el diálogo y no en una confrontación de consecuencias imprevisibles.
El Gobierno central se aferra al artículo 2 de la Constitución, que proclama la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; como es lógico, pretende mantener su integridad territorial. Creo que reaccionó de forma torpe, con resabios autoritarios del pasado, frente a un referéndum cuyos resultados se agotaban en sí mismos, empleando, ante la perplejidad, el rechazo y el asombro de la comunidad internacional, la violencia policial para cerrar colegios electorales, romper urnas y reprimir violentamente a personas que pretendían ejercer su derecho a votar.
Algunos políticos catalanes no supieron administrar el caudal de comprensión que les suministraba la desproporcionada reacción del gobierno central y aprovecharla para seguir pidiendo diálogo o abrirse a otras oportunidades. Han optado equivocadamente por seguir adelante, aún a riesgo de darse con la cabeza contra el muro que se opone a sus deseos independentistas. El Gobierno del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos y --no sé cómo calificarlo-- la complicidad del PSOE, ha decidido utilizar el remedio extremo que contempla nuestra Constitución en el artículo 155, para aquellos casos en que las decisiones autonómicas no solamente son contrarias a Constitución sino que atentan gravemente contra el interés general de España.
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