MARÍA SERRANO
11.600 millones de euros (una media de 500 euros por usuario) es la cantidad que las compañías eléctricas llevan recaudada a 31 de diciembre de 2015 por la (in)“adecuada renovación y actualización del parque de contadores”, la cual es imposible de realizar, debido a que el Gobierno no ha publicado aún en el BOE la normativa sobre verificación periódica de los contadores en nuestro país. “No hay ninguna ley en vigor que obligue a las compañías a verificar el parque de contadores. Es un servicio que no se realiza pero que se cobra en cada factura desde hace más de 30 años”, apunta Antonio Moreno Alfaro, ingeniero sevillano dedicado desde hace años a investigar y denunciar el fraude sistemático que, según sus conclusiones, vienen cometiendo impunemente las eléctricas. Desde su página www.estafaluz.com atiende las dudas y peticiones de los usuarios. “Prácticamente la totalidad desconoce este manejo por parte de las empresas eléctricas”. Moreno señala que “la corrupción viene de más abajo cuando ya desde los fabricantes de contadores manipulan los precios de los aparatos vendiéndolos a las compañías un 50% más caro y estos, a su vez, más caros a los usuarios finales que los alquilan”.
ESPERANDO UNA LEY 31 AÑOS
¿Cómo pagar cada mes en la factura de la luz una cantidad fija por un servicio que no se ejerce? El parque de contadores, alquilados por casi la totalidad de los usuarios, tiene que tener una regulación que garantice su correcto funcionamiento y que no haya sorpresas en las facturas a final de mes. Pero el vacío legal dura desde el 20 de marzo de 1985, cuando entró en vigor la Ley 3/1985, de Metrología, la cual establece “el control metrológico por parte del Estado de todos los objetos y elementos de aplicación en metrología, (…) y evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores”, especificando también que dicho control metrológico incluye la verificación periódica del equipo de medida de los contadores eléctricos.
“Es como pagar la ITV del coche cada mes y que nunca te digan que tienes que pasarla”, destaca el ingeniero. El 20 de diciembre de 1984 el Ministerio de Industria multiplicó por 29 el precio mensual de alquiler de los contadores (de 2,45 pesetas lo pasó a 71 pesetas), con el fin de “cubrir la función económica de permitir a las empresas alquiladoras la adecuada renovación y actualización del parque de contadores”. “Ahí comenzó todo”, apunta Moreno. Esa sería la única y exclusiva finalidad del nuevo precio de alquiler: cubrir los costes de la verificación periódica los contadores y la retirada de las unidades defectuosas o que agoten su vida útil.
RECLAMACIONES AL VACÍO LEGAL
En marzo de 1988, el Centro Español de Metrología (CEM) advirtió al Ministerio de Industria de que “se estima urgente y prioritaria la regulación e implantación de la verificación periódica para todo el parque de contadores de energía eléctrica (…) y todo el parque de contadores deberá quedar totalmente regularizado antes de final de 1995″.
Trece años después de aquella advertencia del CEM, en septiembre de 2001, la Comisión Nacional de Energía (CNE) alertó al Ministerio de que se consideraba “imprescindible que por parte de la Administración se proceda de manera urgente a completar la regulación de la verificación periódica, y ello con independencia de que en un futuro más o menos cercano pueda llegarse a establecer la obligación de sustituir paulatinamente los contadores electromecánicos por contadores telegestionables”.
En mayo de 1996, los fabricantes de contadores comunicaron al Ministerio de Industria que debido a la falta de normativa sobre verificación periódica, “existen centenares de miles de contadores instalados con más de 40 años de antigüedad y millones con más de 30 años que no están siendo sometidos a un control legal que garantice a exactitud de la medida”.
Ya con la vuelta del PSOE al poder en 2004, la diputada Isaura Navarro, de Izquierda Unida, formulaba esta pregunta escrita al Ejecutivo: “¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar en el BOE la normativa oficial sobre verificación periódica de contadores?”. Desde el área de Presidencia del Gobierno, controlada por María Teresa Fernández de la Vega, se respondía en 2006 que “el Gobiemo es consciente de la necesidad de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los consumidores, (…) y estima que la Orden Ministerial requerirá al menos un año más para su publicación”. Tampoco se hizo nada.
A pesar de la brutal subida de los precios de alquiler, de las advertencias del CEM, de la CNE y de los fabricantes de contadores y del compromiso adquirido en julio de 2006 con el Congreso, el Gobierno aún no ha publicado la normativa sobre verificación periódica de los contadores electromecánicos, que lleva arrastrándose casi treinta años.
600.000 EUROS DIARIOS PAGADOS A LAS COMPAÑÍAS
Resumen de una factura de luz
Cuando en julio de 2007 comienza la sustitución de los antiguos por los nuevos contadores telegestionables, los afectados eran 26 millones, quienes pagaban 600.000 euros diarios a las compañías eléctricas por la inexistente verificación periódica de los contadores. Actualmente, dicha cantidad ha quedado reducida a 300.000 euros diarios, que es pagada por los 13 millones de usuarios a los cuales aún no les ha sido instalado el contador telegestionable.
Como consecuencia de la imposibilidad de realizar la verificación periódica, la fiabilidad de la medida de los contadores ha ido disminuyendo con el tiempo. Un informe de la OCU, emitido a finales de 2001, alertaba que el “50% de los contadores tenían más de 17 años de antigüedad y el 8% superaba los 30 años”, cuando la vida fiable de estos aparatos es de una década. Casi la totalidad de los contadores no habían sido revisados desde su instalación y la cifra más alarmante era que “el 80 % de los contadores activados facturaba por exceso”.
El precio mensual de alquiler de los contadores electromecánicos, que llegó a alcanzar las 113 pesetas (0,68 €), es actualmente de 0,54 € desde enero de 2002, gracias precisamente a una reclamación de Moreno Alfaro. El Ministerio de Industria, según lo establecido en el Real Decreto 1725/1984, calcularía los alquileres de contadores aplicando el 1,25% al precio medio de venta de los fabricantes a las compañías eléctricas. “Al ofrecer el alquiler tenían que correr obligatoriamente con el control de su correcto funcionamiento, algo que nunca han hecho”, apunta Moreno.
UN GRAVE ESCÁNDALO
Según reconoció el portavoz de los fabricantes de contadores en las notas de la reunión privada mantenida por estos con las compañías eléctricas en el años 95 para fijar un precio para el alquiler, “se establece el cobro mensual al consumidor del 1,25% del precio del contador. Este factor se aplica sobre los precios de lista [precio de venta al público], cuando debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más. Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos”. Una copia del documento con esas notas está en poder de Moreno.
La declaración del grupo de fabricantes ponía en evidencia que los precios del alquiler de los contadores, publicados en el BOE por el Ministerio de Industria eran, como mínimo, el doble de los que habrían resultado si los fabricantes no hubieran facilitado datos falsos al Ministerio de Industria, que habría sido consciente de dicha falsedad.
Por tanto, los 11.600 millones de euros han sido cobrados por parte de las compañías eléctricas por la “nula” verificación periódica de los contadores, la cual no es posible realizar debido al vacío legal existente desde el 85. . “Este fallo de las eléctricas obligaría a las compañías, si se resolviera el caso, a devolver a cada usuario 500 euros por esta estafa”, sentencia Moreno.
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