El caso Banca Catalana fue el primero. La banca fue fundada en 1959 por el padre del ex president, Florenci Pujol, el propio Pujol que se convirtió en vicepresidente ejecutivo, y Francesc Cabana. Fue intervenida por el Banco de España al detectarse un desequilibrio patrimonial y por la sangría de depósitos financieros que tuvo la entidad por un rumor sobre una posible suspensión de pagos. En 1983, la Banca fue adquirida por el Banco de Vizcaya. Ante la amenaza, Pujol movilizó el nacionalismo catalán para que la “gestión desastrosa”, como afirma el auto de archivo de la causa, quedara indemne. Y lo consiguió. No fue juzgado ni por apropiación indebida, falsedad en documento público ni por maquinación para alterar el precio de las cosas. No fue procesado. En el imaginario nacionalista se acuñó la idea de que Pujol fue víctima por ser presidente de Cataluña.
En los años siguientes se produjeron más escándalos. El primero el caso Casinos, ligado al empresario nacionalista Artur Suqué, investigó el desvío de fondos a Convergència. Se especuló con más de 1.000 millones de pesetas que se desviaron a las arcas del partido. El caso tampoco vio la luz. Fue archivado por “alarmantes fallos en la instrucción”, según recoge el auto.
Tres consejeros de Pujol tuvieron que abandonar su cargo por casos de corrupción. El más sonado, Josep Maria Cullell, que favoreció a su cuñado en la compra de unos terrenos, pagados con dinero público a través de un crédito al Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló. El Consistorio ni lo pidió ni lo pagó. El pago lo realizó la Consejería de Bienestar Social liderada por Antoni Comas. Su concurso y el concurso del entonces responsable de Economía, Macià Alavedra, fueron necesarios para urdir la trama. Alavedra fue el que aprobó el crédito que concedió la Generalitat. El caso acabó con la dimisión de Cullell y truncó su carrera política. Alavedra –hoy implicado en el caso Pretoria- fue apartado en las siguientes elecciones pero Pujol le nombró presidente de Autopistas de Cataluña.
El sustituto de Cullell, Jaume Roma, también dimitió porque una constructora que trabajaba para la Generalitat le hizo su mansión por un coste desorbitadamente bajo. La denuncia de diferentes constructoras descubrió el asunto. Por la mansión valorada en más de 80 millones de pesetas, sólo se pagaron 15.
A lo largo de sus años de gobierno, Pujol se ha rodeado de amistades “peligrosas”. Javier de la Rosa, empresario modelo según el ex presidente Pujol, acabó pringado en varios casos de corrupción financiera como el caso KIO o Gran Tibidabo… Joan Piqué Vidal, su abogado en el caso Catalana, fue condenado a siete años en el mayor caso de extorsión de Cataluña junto con el juez Pasqual Estivill, y fue uno de los motivos que arrastró a Macià Alavedra fuera de la política. Piqué Vidal fue condenado a siete años por cohecho, detención ilegal y prevaricación y el juez Estivill a nueve.
Su asesor fiscal -encargado de sus declaraciones de renta- , el otrora dirigente del comunista Partido del Trabajo, Joan Anton Sánchez Carreté, fue condenado a dos años en 2003 por fraude fiscal. El caso se destapó en 1991, pero Pujol le propuso como consejero de la eléctrica ENHER en 1996.
Además de estas amistades peligrosas CDC también cultivó amistades anónimas. Desde 1987 a 2007, CiU recibió 42 millones de euros en donaciones anónimas, casi el doble que el PP y cinco veces más que el PSOE, según datos del Tribunal de Cuentas. Un año antes de prohibirse estas donaciones, CiU recibió 3,3 millones. Curiosamente, 2006 era un año electoral.
También la familia Pujol ha sido de otro tipo de escándalos. En el año 2002, Jordi Pujol era presidente de la Generalitat y su hijo Oriol era el secretario General de Industria. Ese año, la multinacional del sector de la automoción Lear decide cerrar su centro de Cervera. El cierre conllevaba la desaparición de 1.173 puestos de trabajo. Los Pujol inician las conversaciones para intentar salvar la empresa y evitar el cierre. El escándalo surge de forma virulenta cuando se tienen noticias de que otro hijo del president, Jordi Pujol Ferrusola, asesora a la empresa en las negociaciones para el cierre de la planta a través de la consultora Europraxis. Hoy, Oriol Pujol, está implicado en el caso ITV. Sus conversaciones con algunos de los protagonistas de la instrucción no le dejan muy bien parado.
Por esta historia interminable de escándalos habría que añadir los que afectan a Unió Democràtica. El caso Pallerols y el caso Turismo son los más sonados y acabaron con condenas para varios dirigentes de Unió implicados. Hoy, sobre la mesa, CiU tiene diferentes frentes abiertos. Además del caso de las ITV, el caso Diputación de Barcelona, el caso de la Asociación Catalana de Municipios, el caso Crespo o el caso Sanidad, salpican a los nacionalistas catalanes y ya se han cobrado víctimas políticas. El más importante de todos, el expolio del Palau de la Música. La sede de CDC está depositada como fianza y la Fundación Trias Fargas es objeto de atención por parte del juez. El caso de Millet y Montull sigue abierto y los ladrones confesos en libertad.
Con el caso Palau pendiendo como la espada de Damócles y las ITV dejando sin respiración a más de uno, ahora aparece la información de El Mundo en el que las acusaciones suben de tono. Nada más y nada menos, el supuesto informe policial en el que se basa el diario de Pedro J. Ramírez acusa a la familia Pujol y al propio presidente Mas de enriquecerse a través de comisiones ilegales, evadir capitales y blanqueo en Sudamérica. Apunta incluso detalles como la posesión de cajas de seguridad con números correlativos a los de Millet. Según la denuncia, Mas y Pujol tienen cuentas en Suiza y los Pujol tienen allí depositados 137 millones.
Ante las acusaciones, los dirigentes de CiU han sacado del armario el viejo cliché, nos atacan porque “queremos dar la voz al pueblo” como dijo el presidente Mas y porque quieren destruir el camino hacia la independencia de Cataluña. Tanto Mas como Pujol han anunciado querellas y han asegurado que las informaciones son rotundamente falsas. Mas ha asegurado que sólo tiene dos cuentas en dos entidades catalanas y ha negado, por activa y por pasiva, las acusaciones. Eso sí, con el escudo protector de Cataluña, mimetizando Cataluña con Convergència. El president niega la existencia actual de cuentas en el extranjero. No fue así en el pasado. La familia Mas tuvo que liquidar con Hacienda por el dinero familiar depositado en Lienchestein. No lo hizo por voluntad propia. Lo hizo a instancias de la administración tributaria. Un charco más en una historia llena de charcos. Una vez más, las sombras se ciernen sobre CiU.
Llegit al diari el Plural.
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