dilluns, 19 de novembre del 2012

La corrupción que Artur Mas quiere tapar en la campaña electoral


«Existe un desvío de fondos cuantiosos, cuya génesis está en la constructora Ferrovial-Agromán que de una forma ilógica financiaría con ingentes peculios la actividad del Palau de la Música, sobre la base de que estos envíos se referenciarían a una serie de concesiones administrativas favorables a la misma y que mediante la interposición de una serie de sociedades, a modo de capas de cebolla, que simularían la existencia de prestaciones de servicios, disimulando transacciones aparentemente del todo irregulares conseguirían que los capitales acabaran financiando las actividades de un partido político, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), además de enriquecer patrimonialmente a particulares».
Último informe policial
Es una de las conclusiones de un demoledor informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que recibió el juez instructor del «caso Palau» en mayo y sirvió de base para imponer a Convergencia una fianza de 3.297.079 euros como responsable «a título lucrativo» del saqueo del Palau. El partido de Artur Mas y Jordi Pujol tuvo que poner su sede de Barcelona como aval para afrontar una eventual responsabilidad penal.
En ese auto, el magistrado explica que Convergencia recibió fondos (5,9 millones) de la Asociación Orfeón Catalán entre 2002 y 2008 mediante varias vías: entregas opacas de dinero en efectivo a los dos responsables de finanzas del partido en esos años (Carles Torrent y Daniel Osácar, que recibieron 2,3 millones) por parte de los imputados Félix Millet (presidente del Palau) y su número dos Jordi Montull, que entregaban el dinero directamente o a través de la Fundación Trias Fargas, vinculada al partido. El origen inicial del dinero lo sitúa el juez Josep María Pijuán en el pago de comisiones por obra pública adjudicada a Ferrovial, si bien en los informes policiales y de la Agencia Tributaria aparecen también las principales constructoras nacionales y catalanas como donantes a la Fundación Trias de más de seis millones de euros entre 2002 y 2008. De hecho, estas donaciones supusieron casi el 65 por ciento de su fuente de financiación.
Otra parte del dinero llegó a Convergencia, según el juez, de una desviación de fondos mediante facturación «mendaz». Dos sociedades facturaron al Palau, eje cultural catalán, sin prestar el servicio o trabajando directamente para la formación política y, además, hicieron entregas en efectivo (la cantidad no ha podido ser determinada) y donaciones que acabaron en las arcas de Convergencia.
Información confidencial
Los documentos intervenidos, a los que ha tenido acceso ABC, evidencian que la cifra de la corrupción en Cataluña era del 4 por ciento, y de ese porcentaje un 2,5 de cada adjudicación millonaria acabababa supuestamente en las finanzas del partido de Artur Mas, que hasta ahora ha orillado este caso en su campaña.
«Ya hace días se me informó de la adjudicación de la obra del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, concretamente el 29 de abril de 2002, para la construcción de un nuevo pabellón PAV3, por un importe de 4.176.019 euros. Creo que sería conveniente que comentáramos el tema lo antes posible». Es una carta firmada por Félix Millet, dirigida a Pedro Buenaventura, alto cargo de Ferrovial. Millet, que dirigía el Palau, estaba informado confidencialmente de la adjudicación de una obra municipal cuando la concensionaria de la misma aún no lo sabía.
Seis años
Ese mismo día otro documento da fe de la mordida. La constructora cobraría 4.176.019 euros, a los que hay que restar el 4 por ciento, la cifra que Ferrovial debe ingresar al Palau. Debajo especifica «a distribuir»: 2,5 por ciento (104.400,47 euros), el dinero que supuestamente llegaría a Convergencia y 1,5 por ciento (62.640, 28 euros), que sería la comisión de Millet.
La investigación se centra en seis años, pero los documentos hallados en 2009 -cuando estalló el caso- retrotraen la corrupción a finales de los noventa. El 8 de septiembre de 1999, Millet escribe una carta al entonces tesorero de Convergencia, Carles Torrent. «El motivo de estas líneas es solicitar tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agromán, dado que estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas». Millet, que solo dirigía el Palau, le da indicaciones muy concretas: «Te adjunto el proyecto de obra para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de L’Escala (Girona) donde han quedado muy bien situados. Te agradecería que hicieras lo imposible por tratar de solventar este tema».
Este tipo de cartas y faxes aparecen en todo el sumario, Hay otros dos faxes dirigidos al alto cargo de Ferrovial, fechados en 2002 y 2004, en los que Millet reclama pagos atrasados. El primero acaba diciendo que exige el pago porque «es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes». La Agencia Tributaria destaca en su análisis que parece que «había algo sobreentendido, de modo que las cantidades que iban a cobrarse de Ferrovial tenían previamente un destino adjudicado, diferente de la estricta financiación de los conciertos».
Más de 35 millones
El desvío real de fondos del Palau es aún una incógnita. Hacienda lo cifró en 2010 en 19.492.842 euros, mientras que una auditoría encargada por los actuales responsables de la institución eleva esa cifra a 35,1 millones, aunque amplía los conceptos. Según Deloitte, 17,5 millones fueron desviados de la Fundación Palau; 13 del Orfeón Catalán y 4,6 millones del Consorcio.
El juez instructor calcula en más de 8 millones el dinero que sigue en paradero desconocido, según los informes de la Agencia Tributaria (AEAT). El rastreo de cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales continúa, debido a los indicios existentes sobre cuentas abiertas en esos países. En uno de los registros del Palau se hallaron documentos en los que aparece, ya en 2001, una cuenta en Suiza con un millón de dólares.