Nadie duda que la complejidad es una delas características dominantes de
nuestro tiempo. El prestigioso profesor de la Universidad de Michigan Scott Page ha teorizado
entorno a las relaciones entre la complejidad y la diversidad y cómo el poder de
la diversidad crea mejores grupos, empresas, escuelas o sociedades. Page defiende
con profusión de argumentos su tesis acerca de la primacía de la diversidad sobre la competencia:“
más vale un grupo de personas cognitivamente diversas que un grupo de personas muy inteligentes
que piensan de la misma manera”.
Lamentablemente, el Gobierno español no parece compartir esta sólida opinión. Cuando
en octubre del 2012 creó la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA) para acometer uno de los retos más acuciantes del país, optó por un
grupo absolutamente homogéneo. Altos funcionarios de los distintos Ministerios conforman
dicho organismo, en el que no participa nadie procedente del resto de Administraciones
Públicas y, por supuesto, ningún experto externo. Podríamos definir la Comisión como
unen torno en el cual solamente existe una óptica, la de la función pública estatal. No se ha
contado con consultores, ni con universitarios, ni siquiera con los servidores públicos al servicio
de las distintas Administraciones. Como era de esperar, con esta composición tan singular
los resultados de la CORA resultan parciales y decepcionantes, tal y como se desprende
del último informe, de diciembre de 2014 que presenta el “progreso” de los trabajos de
la Comisión.
Ante la creciente demanda social de transparencia, el documento resulta críptico e incomprensible. Un
botón de muestra: se presentan las cifras del supuesto ahorro que las medidas del CORA han producido:
4.800 millones de euros para el Estado, 10.500 para las CCAA y 2.900 para las Administraciones Locales.
Siendo estas magnitudes, parecería oportuno que estuvieran debidamente justificadas, lo
cual no se hace ni en el documento ni en sus anexos sitos en el portal del Ministerio. ¡Poca
transparencia, menos credibilidad!
También sorprende que la Administración General del Estado haya sido la menos diligente
en la adopción de las medidas racionalizadoras, comose desprende de las citadas cifras, y también de la
disminución del número de funcionarios, mucho menor en la Administración Central que en las territoriales,
a pesar de ser éstas quienes ejercen la mayoría de competencias relativas al bienestar social, y a pesar
de que en diversos Ministerios existen plantillas sobredimensionadas al haber sido transferidas
sus funciones a las CCAA.
Uno de los principales objetivos de la CORA era la supresión del elevado número de entidades
del sector público administrativo, empresarial y fundacional. ¿Quienes han cumplido? Las autonomías
han suprimido 675 organismos, el 33 por ciento de los existentes. Y los Ayuntamientos, 1.244,con
un notable porcentaje del 21 por ciento. En cambio, la Administración Central ha resultado poco diligente,
disolviendo solamente 105 entes, cantidad nimia que ni siquiera podemos relativizar a causa de que en el informe no aparece el número total de organismos estatales existentes.
Si cuantitativamente el cumplimiento es escaso, el ridículo es mayúsculo desde el punto
de vista cualitativo. Veamos algunos ejemplos de la encomiable actuación racionalizadora
de nuestro Gobierno: entre los entes suprimidos se encuentran sociedades como Barcelona Holding
Olímpico o la Sociedad Estatal para el V Centenario del Descubrimiento de América, ¡22 años después de ambos eventos!
La racionalización ha alcanzado también al Ministerio de Defensa, con la disolución del ente
dedicado a la cría caballar de las fuerzas armadas... Pero quizás, de lo que más orgullosos deben sentirse los sesudos miembros de la Comisión es de haber ¡conseguido evitar las duplicidades entre los registros taurinos estatal y autonómico!
El fracaso de la CORA es, sin duda, el fracaso de un modelo basado en la obsesión por la
centralización, por el desprecio de la diversidad y por la soberbia de un poder de tintes cada
día más autoritarios.
Daniel Innerarity ha diagnosticado con precisión el agotamiento de la jerarquía como
principio ordenador de las sociedades: “la complejidad contemporánea es la diversificación
de los centros de decisión que ninguna ordenación de carácter jerárquico está en condiciones
de controlar. La organización, como la política, debe transitar desde la jerarquía a la
heterarquía, de la autoridad directa a la conexión comunicativa, de la posición central a la
composición policéntrica”. Debe de ser una ingenuidad pensar que algún día nuestro Gobierno
comprenderá que estamos en el tercer milenio y empezará a actuar en consonancia
con el signo de los tiempos...
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