Catedrático del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid
La respuesta a la pregunta del título de este artículo es compleja y no exenta de dificultades. En este sentido, se tratará de explicar algunas –no todas- de sus vertientes, como son el sistema financiero, el sector público, la vivienda, el empleo y las pensiones.
El sistema financiero español ha incurrido en el pasado en un exacerbado endeudamiento con los bancos europeos y en una excesiva concentración de su balance en activos hipotecarios. Al llegar la crisis inmobiliaria, juntamente con un altísimo nivel de deuda, la banca española tenía más de la mitad de sus activos en el sector de la vivienda, lo que juntamente con la caída de la producción y el aumento del desempleo, hizo que se deterioran sus activos y aumentaran la morosidad y los impagos. Junto con ese problema de solvencia, el sistema financiero español adolece de falta de liquidez por desconfianza de la banca internacional, que dejó de prestarle.
Ante esta situación, el gobierno plantea un “saneamiento” de activos consistente en crear provisiones que cubran esos “agujeros” de deuda no cubiertos, incentiva la fusión y absorción de entidades y crea un mapa financiero dominado por cuatro grandes entidades de bancos y cajas que controlan el mercado, que dedican su actividad a lucrativos negocios de compra de deuda pública, pero abandonan la actividad minorista del crédito a familias y pymes. Y ahí está el problema fundamental: los bancos tendrían que recuperar urgentemente su función principal, que es la de proporcionar crédito a empresas y familias, para volver a una senda de crecimiento y creación de empleo, y normalizar simultáneamente su situación.
El sector público cabe analizarlo desde el punto de vista de la deuda, del gasto y de la política fiscal. Desde el punto de vista de la deuda, debe tenerse en cuenta que la deuda pública española en porcentaje del PIB era de las menores de la Eurozona; pero el problema más importante de la deuda no es la parte pública, sino la parte privada (empresas y familias) que representa más del 80% de la deuda total. Ahora bien, que el sector público haya “nacionalizado” una buena parte de entidades financieras con problemas de solvencia, haya concedido avales a dichas entidades o inyectado fondos para su restructuración, ha supuesto una gigantesca socialización de pérdidas que ha contagiado a la deuda pública y ha elevado los costes de su financiación, todo ello a cargo de los contribuyentes.
Sin embargo, la Unión Europea no ha reaccionado ante la gravedad de esta situación; todo lo contrario, la ha agravado. El Banco Central Europeo (BCE) se niega a financiar directamente la deuda pública española, lo que alimenta las operaciones especulativas, eleva los tipos de interés a pagar y las cargas financieras del Estado. Con respecto a la parte privada de la deuda, solamente un reconocimiento de que en su estado actual es impagable y, por tanto, que es imprescindible su renegociación, podría posibilitar que familias y empresas vieran aliviados sus compromisos de pago, se detuviera la caída del precio de la vivienda, el deterioro de los balances bancarios y la contracción del crédito.
Desde el punto de vista del gasto público (su drástica reducción llamada inapropiadamente “austeridad”), los “recortes” llevan al deterioro de los servicios públicos de educación, sanidad, ayudas a la dependencia, prestaciones por desempleo y al ensanchamiento de la desigualdad social. Y, lo que es de enorme trascendencia, a menor gasto público, menor crecimiento económico, menores ingresos públicos y mayores déficits: que era el “problema” que en, palabras del gobierno, se trataba de resolver. En una palabra, un fiasco político, que estamos pagando todos los ciudadanos, por hacer justamente lo contrario de lo que se debiera: ante una reducción de la inversión privada, la inversión pública debiera multiplicarse para crecer más, aumentar los ingresos y el empleo y reducir el déficit y la deuda.
En materia de política fiscal, en la parte que se ocupa de los ingresos del Estado, el gobierno ha apostado erróneamente por la subida del IVA (Impuesto sobre el valor añadido) que pagamos todos los consumidores en vez de optar por incrementos en los tipos impositivos de las grandes empresas (el tipo impositivo efectivo, lo que realmente pagan, de las grandes es sólo el 10% frente al 25% de las pequeñas y medianas), por mantener un IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) que beneficia a las rentas del capital y perjudica a las del trabajo y por no recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, el gobierno debiera introducir un Impuesto sobre consumos energéticos (que, aparte de limitar nuestra dependencia energética, permitiría una mejor conservación ambiental) y luchar seriamente contra el fraude y los paraísos fiscales.
En materia de vivienda, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, sigue habiendo un elevado volumen de pisos en propiedad, una gran estrechez del mercado de alquiler, una gran insuficiencia de vivienda protegida o pública y un aumento escandaloso de los desahucios. El Plan 2013-2017 de Vivienda, con la creación de un parque público de viviendas, debería servir para facilitar el acceso a una vivienda a las capas sociales con dificultades para llegar a fin de mes, a los jóvenes, a los inmigrantes y a todas aquellas personas y familias que siguen ocupando infraviviendas.
La creación de empleo, la gran asignatura pendiente en un país de más de 6 millones de parados, no puede basarse en la reforma laboral vigente que facilita y abarata la destrucción de empleo y hunde los salarios, que inhabilita a los sindicatos para la negociación colectiva, que recorta las prestaciones por desempleo y consagra la temporalidad en la contratación. No es soportable por más tiempo que haya casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro y el desempleo de larga duración no pare de crecer. Una política de creación de empleo debe basarse en la elevación del salario mínimo, la reinversión de los beneficios, la inversión en actividades de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), la formación de los trabajadores, la calidad de la producción, la cooperación y la internacionalización. Y, por supuesto, en un empresariado más dinámico en iniciativas generadoras de mayor valor añadido y no tanto en actividades de rendimientos fáciles (construcción) o de bajo contenido en conocimiento (turismo).
Por último, la nueva reforma de jubilaciones anticipadas -que hay que denunciar- supone un recorte en un subsidio que, con frecuencia, es la única fuente de ingresos y de cotización, la desprotección de los trabajadores mayores de 50 años y el impulso a la sustitución de los trabajadores mayores (y jóvenes) en activo por otros también mayores que -al disponer de rentas derivadas de la pensión- sean una excusa para reducir salarios. Las pensiones se han endurecido definitivamente con más edad para cobrarlas, más años de cotización e importes de menor cuantía. Y, teniendo en cuenta las noticias sobre el informe de expertos en la materia, no cabe hacerse ilusiones de ningún tipo.
En definitiva, se hace imprescindible articular un programa de reactivación económica basado en la inversión pública, que arrastre a la inversión privada, eleve el consumo, mejore la capacidad exportadora y permita a la economía crecer y crear empleo. No se puede seguir como hasta ahora. Hay que cambiar hacia un nuevo horizonte de esperanza para las generaciones actuales y futuras.
Este artículo fue publicado recientemente en http://www.revistadigitalseniorsuniversitarios.com
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