El informe elaborado por el Comité de Expertos designado
por el Gobierno para diseñar el factor de sostenibilidad ha recibido diez
votos a favor, uno en contra y una abstención. Entre los que han votado
a favor se encuentra el director del Gabinete de Estudios de CCOO, Miguel
Ángel García. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración
de RTVE, Santos M. Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del
informe; mientras que el catedrático del Derecho del Trabajo y afín del
PSOE, José Luis Tortuero, ha decidido abstenerse.
Estos tres expertos eran hasta
ahora los más críticos con las propuestas del
Comité. Pese a no haber votado todos en contra, los tres incluirán un
voto particular al informe final, que han explicado que esta misma
tarde se entrega en el Ministerio de Empleo.
La mayoría del comité de expertos está integrado por personas que han estado a sueldo de la banca y de las aseguradoras. Son Víctor Pérez-Díaz, presidente del mismo; Manuel Lagares Calvo; José María Marín Vigueras; Santos M. Ruesga Benito; Miguel Ángel Vázquez Burgos; J. Ignacio Conde-Ruiz; Rafael Doménech Vilariño; José Enrique Devesa Carpio; Mercedes Ayuso, Miguel Ángel García Díaz; Francisco Castellano Real y José Luis Tortuero Plaza.
La reforma de las pensiones, que
el Gobierno tiene sobre la mesa desde hace varios meses,
es una de las últimas medidas
impuestas por la Comisión Europea, junto con
la revisión del IVA y una actualización de la reforma laboral.
Los cambios afectarán a los actuales pensionistas
Los sabios designados por el Gobierno proponen que las
pensiones sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima
del crecimiento del número de jubilados. La comisión recomienda que
este factor de revalorización anual (FRA) de las pensiones comience a aplicarse
a los pensionistas actuales, lo que supondría acabar con el sistema
actual según el cual las prestaciones suben conforme a la evolución de
los precios.
No obstante, el comité recomienda que la pensión de los
actuales pensionistas nunca disminuya nominalmente por la aplicación de
este factor, con lo que en el peor de los casos ("situaciones excepcionales")
quedaría congelada, ha explicado en rueda de prensa uno de los doce miembros
del comité, Rafael Domenech. Según ha explicado, el FRA lo que hace es
"ligar la revalorización anual de las pensiones al éxito de la economía
y de la sociedad".
La prestación se reduce un 5% cada diez años, si se tiene
en cuenta la esperanza de vida para calcular la jubilación
El mecanismo de revalorización es una de las dos bases
del factor de sostenibilidad ideado por los expertos, que también se sustenta
en el factor de equidad intergeneracional (FEI), que permite adaptar
el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados al aumento de su esperanza
de vida respecto a la que tenían quienes se jubilaron con la misma edad
en un momento anterior. En este caso, los expertos recomiendan su aplicación
sólo a los futuros jubilados dentro del periodo 2014-2019, no a
los actuales, por lo que creen que serán "relativamente pocos"
los afectados cada año. Según el informe, la aplicación del FEI implicará
un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, de alrededor del
5% cada diez años, como consecuencia de que la pensión se disfrutará durante
más tiempo al aumentar la esperanza de vida.
El FEI se aplicaría una única vez a los nuevos jubilados
en el cálculo de su primera pensión y tendría el efecto de hacer variar
la pensión inicial con la esperanza de vida de cada oleada de nuevos jubilados.
Sin embargo, los expertos entienden que "es poco probable" que
implique una caída de la pensión inicial en términos reales, porque su
cálculo no sólo se basará en el FEI, sino también en el crecimiento económico
o el número de años cotizaciones.
Los expertos han querido enviar a la ciudadanía un mensaje de "tranquilidad y certidumbre", porque consideran que "lo más probable es que las pensiones medias reales vayan ganando poder adquisitivo. Al respecto, Domenech ha explicado que el único "riesgo potencial" es que la pensión media real disminuya respecto al salario medio real.
CCOO quiere que la reforma entre en vigor en 2014
En la rueda de prensa ha estado presente el representante de CCOO, que aunque ha votado a favor del informe ha emitido un voto particular, donde propone que la entrada en vigor de los dos componentes del factor de sostenibilidad no se ponga en marcha hasta 2019. Miguel Ángel García cree que hasta esa fecha hay margen en el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) y que hay que dar más tiempo a la sociedad para asimilar los cambios.
No han estado presentes ni Santos Ruesga, el único experto que ha votado en contra, ni José Luis Tortuero, que se ha abstenido, en cuyos votos particulares expresan "su desacuerdo total" con cuestiones como ligar la revalorización de las pensiones a los ingresos del sistema o aplicar el factor de sostenibilidad de manera inmediata, en lugar de esperar al menos hasta 2030.
La ley, en julio en el Congreso
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Bañez, agradeció
en el acto de entrega el trabajo de responsabilidad y honestidad llevado
a cabo por los miembros del citado Comité, para pedir después el mismo
compromiso a los partidos políticos y los agentes sociales a los que el
Ministerio enviará ahora el documento. La ministra, quien aseguró que el
debate de la propuesta del Comité en el Pacto de Toledo y en el trámite
parlamentario será transparente, adelantó que el Gobierno enviará
a finales de julio al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley
que incluirá la definición del factor de sostenibilidad de las pensiones.
"Lo que se propone hoy es el fortalecimiento del modelo de la Seguridad
Social", matizó Báñez.
A juicio de la Ministra, el Comité de Expertos ha elaborado
el informe en tiempo record y explicó que se trata de una propuesta para
aplicar una medida a medio y largo plazo sobre cómo se han de pagar las
pensiones del sistema de la Seguridad Social.
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