Abogado de la acusación popular #QuerellaBarcenas Desde la admisión a trámite en marzo de 2013 de la querella de Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Confederación Los Verdes y Justicia y Sociedad, contra distintos dirigentes del PP y los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas, todo el país viene constatando que el partido de Mariano Rajoy podría haber cimentado el inmenso poder que detenta en las instituciones del Estado gracias a una abundante financiación irregular procedente de empresas contratistas de la administración que tenían prohibido, por mandato legal, financiar a partidos políticos. Las mismas empresas que se han enriquecido, bien con las desmedidas políticas de infraestructuras pagadas por el presupuesto del estado o bien con las privatizaciones de servicios públicos básicos como el saneamiento, la recogida de basuras o el suministro de agua, aparecen en esos “papeles” como presuntas responsables de financiación irregular al PP, mediante abundantes pagos de dinero aplicado por la dirigencia de ese partido al cobro de dádivas personales, probablemente para influir en la adopción de aquellas decisiones políticas que tanto dinero han hecho ganar a las grandes constructoras.
El sistema de financiación que ponen de manifiesto los denominados papeles de Bárcenas con toda probabilidad data de antes que su primer apunte. Éste, en el año 1990, refleja un ingreso de 8 millones de pesetas efectuado por “R.N.”, Rosendo Naseiro según ha manifestado Luis Bárcenas, quien fuera Tesorero del Partido Popular y en tal condición sometido a proceso judicial en 1.990 por presunta financiación irregular del partido. Naseiro nunca fue condenado, al anular el Tribunal Supremo importantes pruebas de cargo que lo inculpaban, dando lugar a una situación de impunidad que sin duda propició el mantenimiento del ilícito sistema de recaudación hasta fechas recientes, si es que consideramos que ya no opera.
Entre enero de 1990 y mediados del año 2008, – atendiendo a los movimientos y periodo contable recogidos en los papeles de Bárcenas- el sistema de financiación puesto en marcha en los años 80´ en el PP continuó funcionando regularmente, siendo tesoreros Francisco Álvarez-Cascos -en funciones- entre 1990 y 1993, Álvaro Lapuerta hasta 2008, y Luis Bárcenas hasta al menos el año 2010, manteniendo este último despacho en la calle Génova, coche oficial y secretaria hasta final del año 2012, un año después de ganar las elecciones generales el PP y acceder a la presidencia del gobierno el presidente de ese partido.
Actualmente, veinticuatro de los querellados por la acusación popular han sido imputados por una serie de hasta doce delitos de los denominados “de cuello blanco”, conductas antisociales que conllevan enriquecimiento ilícito y que solamente pueden ser ejecutadas por quienes ocupan posiciones de privilegio y dominio en la pirámide social, defraudando así doblemente la confianza de los ciudadanos. Son hasta ahora veinte empresarios y cuatro dirigentes del “aparato económico” del Partido Popular, pero la investigación evidencia el conocimiento que toda la cupular del PP tenía del sistema de financiación ilegal, sistema del que procedían sus “sobresueldos”
La acusación popular mantiene que los pagos reflejados en los papeles de Bárcenas, varios millones de euros, se hicieron con la finalidad de influir en las contrataciones de obra pública decididas por los distintos ministerios y por los consejos de gobierno de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, al menos durante los años en que se hicieron los pagos ilegales. Años en los que España vivió en una inmensa burbuja financiera e inmobiliaria que al estallar nos dio de bruces con 6,5 millones de parados y 1 millón de personas que están perdiendo sus casas por los desahucios. Nuestro país gastó miles de millones de euros en infraestructuras que se han manifestado inútiles a la vez que han provocado millonarios beneficios a las mismas empresas que aparecen pagando al PP en los papeles de Bárcenas. Entre 1990 y 2008 España ha sido el país de la “UE a 25” que más porcentaje de PIB ha destinado a infraestructuras y obra pública, mientras ha sido de los tres países que menos porcentaje de PIB ha destinado a gasto social. La investigación judicial en marcha acreditará que las empresas que aparecen en los “papeles” no pagaban únicamente por la concesión de contratos, sino por intervenir en el diseño de los grandes programas de infraestructuras de este país, planes que han dado como resultado aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje quebradas por las que nunca han circulado vehículos, y estaciones de AVE sin pasajeros.
Demasiadas han sido las voces que desde febrero de 2013 anunciaban lo estéril del esfuerzo desplegado por Izquierda Unida y el resto de querellantes, esfuerzo obligado ante la inacción y falta de iniciativa de los poderes públicos, puesta de manifiesto por el papel desempeñado por una fiscalía que demasiadas veces se asemeja, por sus estrategias, a las defensas de los imputados, lo que propicia de facto una vergonzosa situación de impunidad. La inaudita actitud de la Fiscalía Anticorrupción, -que aún no ha presentado denuncia alguna y se limita a oponerse a la práctica de diligencias de investigación o a alegar la prescripción de los delitos investigados- así como un Código Penal que contempla escasa penalidad para aquellos delitos económicos que solo pueden cometer los poderosos, hace difícil, -aunque no imposible- alcanzar justicia y efectiva reparación del daño causado. Leves penas de prisión nunca acordes con el inmenso daño social que provocan estos delitos contra la sociedad. Tratándose de una investigación penal que afecta directamente al Partido que gobierna España, – hasta tener que acordarse la entrada y registro en la sede del Partido Popular ante su clamorosa falta de colaboración con la justicia- no es de extrañar, a la vista de la cultura de impunidad imperante, que llevemos meses asistiendo a constantes injerencias en los distinto equipos de investigación adscritos al juzgado instructor y dependientes de la administración central del estado, siendo sustituidos integrantes y responsables de estos equipos a consecuencia de decisiones adoptados por políticos del partido cuya financiación irregular se investiga.
A fecha de hoy, acreditados como veraces en sede judicial al menos cincuenta apuntes contables de los papeles de Bárcenas, el PP y el resto de los imputados recurren nuevamente a la búsqueda de la impunidad ya disfrutada en su día por el tesorero Naseiro, bien buscando el sobreseimiento -archivo- de la causa en fase de instrucción, o bien provocando la nulidad de actuaciones para impedir en ambos casos una condena. La obligación de la sociedad, -representada en esta causa por la acusación popular y no por una inane fiscalía- es trabajar para que se haga Justicia con los responsables y las víctimas de este inmenso crimen social que se conoce como “crisis”, obteniendo la condena de aquellos que se han lucrado corrompiendo o siendo corrompidos.
Los papeles de Bárcenas también han puesto de manifiesto que en España pervive una cultura de la impunidad -ausencia de castigo de graves crímenes- que ha permitido que los poderosos no den nunca cuenta de sus delitos ante la sociedad. Los hijos de los generales franquistas hace años que cambiaron los cuarteles por asientos en los consejos de administración de bancos y grupos empresariales. Educados en la impunidad absoluta de la dictadura franquista, las endogámicas castas dominantes no han dudado en cooptar gobernantes, con claro afán de enriquecimiento personal y correlativo despojo del patrimonio público, empobreciendo masivamente a los ciudadanos.
Aun con pocos medios, si la Justicia quiere acabar con la impunidad, puede hacerlo. Cuenta con suficientes mecanismos para ello, así como con el coraje y compromiso de muchos ciudadanos, funcionarios y profesionales técnicos y del derecho. Para ello es imprescindible no someterse a la lacra de la impunidad, rechazarla y trabajar para erradicarla. Los numerosos apuntes contables de Bárcenas y las innumerables ramificaciones de estos, requieren aun mucha investigación judicial para dar a conocer la verdad que ocultan. La Verdad es la más eficaz arma en la lucha contra la Impunidad, además de un derecho de un pueblo que asiste escandalizado al desenmascaramiento de la inmensa maquinaria de corrupción que ha engrasado durante años la acción política de las fuerzas conservadoras en España.
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