Hace algunos años Michael Moore retrataba brillantemente en ‘Sicko’ el negocio y la estafa sanitaria en Estados Unidos a manos de grandes compañías aseguradoras. Hoy éste es el modelo que se impone en el Estado español. Y, ¿adónde nos conducen dichas políticas? 50 millones de estadounidenses sin ningún tipo de cobertura sanitaria y 250 millones con seguro médico privado, que cuando necesitan un tratamiento, en muchos casos, les es negado. Si quieren ver lo que se nos viene encima, no se pierdan este film. Más que un documental, una película de terror.
Los Presupuestos Generales del Estado aprobaron para este año el mayor recorte nunca visto en materia sanitaria: 7.267 millones de euros. Una ofensiva en toda regla contra el actual sistema de salud y que significa, entre otras medidas, el fin de la atención sanitaria universal, dejando al margen las personas inmigrantes sin papeles; la reducción de prestaciones sociales diversas; o el establecimiento del copago sanitario, haciéndonos volver a pagar, y en sitios como en Catalunya por partida doble (copago estatal más copago catalán), aquello que hemos abonado previamente mediante impuestos.
Se trata de medidas que nos hacen retroceder décadas y que promueven una deficiente atención sanitaria, con largas listas de espera, reducción de personal e infraestructuras… para así empujarnos a las mutuas privadas. Está claro: el éxito del sistema médico privado radica en el mal funcionamiento del público. Nos quieren enfermos, pero suficientemente vivos para seguir pagando. Se promueve así una sanidad para ricos y otra para pobres. Y ésta deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
Catalunya y el País Valencià han sido, tristemente, pioneras en dichas prácticas. Y quiénes las promueven cuentan con un dilatado curriculum en la empresa privada. Éste el caso de Boi Ruiz, actual consejero de sanidad de la Generalitat catalana, que antes de ocupar este cargo fue presidente y director de la principal patronal sanitaria catalana, La Unió Catalana d’Hospitals. Ahora le toca a Madrid. Y, cosas de la vida, Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña, principal ideólogo de la privatización de hospitales y centros de salud, llegó a trabajar más de veinte años en el sector sanitario… privado. ¿Conflicto de intereses?
Nos lo han repetido por activa y por pasiva: “la sanidad pública no funciona”, “la gestión privada es mejor”… Y, un detalle: cuando el gobierno, los medios, el mundo empresarial se refieren a la sanidad hablan siempre de “gastos” sanitarios, “gasto” farmacéutico. Apostar por la sanidad, nos dicen, significa gastar. Curiosamente, “el gasto público”, pero “la inversión privada”. Manipulan las palabras para justificar sus prácticas, pero cada vez somos más quienes no nos creemos sus mentiras. La sanidad o la educación no son un “gasto”, son una “inversión”, una inversión en un modelo de sociedad y en los derechos de las personas.
Hoy el sector sanitario se alza en pie. En Madrid, son ya varias jornadas de huelga, manifestaciones masivas, encierros en hospitales como el del emblemático Hospital Princesa que dio lugar a veinte ocupaciones más, un millón de firmas recogidas, acciones diversas como la de “Abraza tu hospital”… Todo para decir “no” al plan de reforma del sistema sanitario impulsado por la Comunidad de Madrid y que pretende privatizar seis hospitales, 27 centros de atención primaria, implantar la tasa de un euro por receta, entre otras medidas. Y que, según los sindicatos, implicaría la pérdida de siete mil puestos de trabajo.
Y todo ello mientras este domingo unas cincuenta mil personas con diversidad funcional se manifestaban en Madrid para reivindicar sus derechos ante los impagos de la administración pública. Un total de 300 millones son los que la administración debe a este sector y que amenazan con obligar a cerrar a un 20% de los centros que les atienden. Manifestación histórica, la primera protesta multitudinaria de dicho colectivo en años.
En Barcelona, los trabajadores del Hospital de Sant Pau empezaron hace días un encierro indefinido contra los recortes, que significaron para este hospital: cierre de 84 camas, reducción de la actividad de radioterapia, radiología, cierre de quirófanos, etc., con el consiguiente deterioro del servicio. La protesta contra los recortes salariales, los despidos y la precariedad es otro de sus frentes. De hecho, el caso del Hospital de Sant Pau es extrapolable al de muchos otros centros. Y su lucha, y el apoyo social y ciudadano con el que cuentan, todo un ejemplo a generalizar.
Catalunya ha sido la vanguardia de la privatización sanitaria a nivel estatal. Un buen ejemplo de como las políticas económicas de CiU y las del PP son calco y copia. La revista CafèambLlet lleva tiempo denunciando los oscuros negocios de CiU y del PSC con la sanidad pública catalana. Investigaciones que les han valido una multa de diez mil euros por descubrir “lo que no tocaba”. Y ahora varias entidades sociales han presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el consejero Boi Ruiz y su equipo al considerar que estos podrían haber incurrido en delitos de tráfico de influencias, omisión del deber de socorro, actividades prohibidas a los funcionarios, etc.
Hacer negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del capital privado en la presente situación de crisis, siendo la excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que hace tiempo vienen planificándose. Del mismo modo que se busca hacer negocio con la educación, la vivienda, el transporte y, en definitiva, con nuestras vidas. Los servicios públicos están en el punto de mira del poder económico y político y son el gran pastel que estos quieren repartirse aumentando, así, su tasa de beneficio. Pero, como se ha repetido en numerosas ocasiones: “La sanidad pública no se vende, se defiende”. Que así sea.
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