No hace falta ser muy perspicaz para predecir que a medida que aumenten los recortes y las situaciones de emergencia social, mayores serán el malestar y la protesta. Sobre todo si estos recortes vienen acompañados, como está ocurriendo, de escándalos sistemáticos de corrupción que reflejan una estrecha connivencia entre el poder político y el poder económico y financiero. El problema es que, junto a estos fenómenos, también crecerá la tendencia a criminalizar dicha protesta. Habrá que prepararse, pues, para ver a los acusados de delitos graves convertidos en airados inquisidores. Para oír severos sermones sobre las líneas rojas que ninguna protesta social puede atravesar. Y para entrar en un escenario en el que, como ya ocurre en Grecia, cualquier protesta incómoda puede hacerse pasar, sin pudor, por violencia, coacción, e incluso terrorismo.
Cuando la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, llamó cínico y criminal al secretario general de la Asociación Española de la Banca, alguien escribió en twitter: “a ver cuánto tardan en batasunizarla”. La incógnita no tardó en despejarse. Bastó con que la PAH anunciara una campaña de señalamiento, no violento pero incisivo, de los diputados que rebajaran los contenidos de su iniciativa legislativa. De inmediato, el runrún criminalizador se activó. Y los ladrones, acorralados, se atrevieron a mezclarse entre la multitud y a gritar, señalando a la PAH: “¡al ladrón, al ladrón!”.
Después de que un grupo de afectados cometiera el crimen intolerable de tocar el timbre de su casa para dejarle una carta con sus reclamos, el diputado del Partido Popular, Esteban González Pons, declaró que se trataba de una práctica delictiva, mafiosa, similar a la que utilizaban “los nazis con los judíos”. A los pocos días, la delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, reelaboró la invectiva en clave nacional. Acusó a Colau y a la PAH de haber manifestado su apoyo o afinidad a “grupos proetarras”.
Claro que este intento de “batasunización” de la PAH no se producía en el vacío. Poco antes de las declaraciones de Cifuentes, el columnista de La Razón, Alfonso Merlos, había acusado a la “señorita Colau” de haber pasado a “capitanear una campaña sucia de amenazas, amedrentamiento y acoso puro y duro”, digna “de regímenes autoritarios o totalitarios, de sus esbirros, de quienes como hacían y hacen los batasunos de turno, se dedican al señalamiento de algunos de nuestros dirigentes”. Apelando entonces a un aparato estatal que sabe cercano, Merlos no dudaba en advertir a la portavoz de la PAH de que “como siga ese camino […] la policía le va a recoger los bártulos a usted y a sus lacayos”.
No conviene, pese a todo, escandalizarse por el lenguaje que el grupo Planeta utiliza en estas ocasiones. Las hemerotecas están repletas de artículos en los que el periódico conservador arroja su descalificación favorita a la cabeza de otros adversarios: “La batasunización de Artur Mas”, “La batasunización del PSOE”, etc. Con todo, hay que decir que en la campaña de criminalización preventiva de la PAH no solo han comparecido los miembros de la derecha tradicional. La diputada de UPyD, Rosa Díez, se ha sumado con el pecho henchido al símil nazi. Con evocaciones a Albert Camus y a Primo Levi, ha anunciado que no cederá “ante el chantaje” y que no aceptará “que la ‘democracia asamblearia’ sustituya al voto emitido por los ciudadanos en las urnas”. Y todo ello a pesar de que la PAH consiguió muchos más avales –casi 300.000– que los votos obtenidos por su formación durante las últimas elecciones. Otro afín al supuesto partido regeneracionista español, Fernando Savater, también se ha prestado a utilizar su tribuna mediática para señalar a la PAH. Como tributo a su juventud libertaria, Savater al menos reconoce que los representantes electos “dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí misma, impermeable a las demandas populares”. Pero eso no le ha parecido suficiente para cargar contra la intolerable impunidad que hasta la ONU y el Tribunal de Luxemburgo han condenado. O contra las amenazas de muerte recibidas por Ada Colau en estos días. Para el filósofo, la prioridad del momento es otra: amonestar, marcar de cerca a quienes, a pesar de su autocontención, se están pareciendo demasiado a “los borrokas”.
Si intentar vincular toda protesta social embarazosa a ETA es un recurso burdo en la mayoría de contextos, en este caso subleva de manera singular. De entrada, porque se utiliza contra una organización que desde un comienzo ha hecho pública su apuesta por la no violencia. En segundo lugar, porque con ello se banaliza la dramática situación de miles de familias desahuciadas que, a pesar de la paciencia exhibida, no han encontrado ninguna respuesta concreta a su situación. Cuando las asociaciones de HIJOS en Argentina decidieron escrachar a los responsables de los crímenes de la dictadura, estos últimos habían sido derrotados. A pesar de las resistencias, existía un entorno institucional y social que, en términos generales, facilitaba la comprensión del mensaje de las víctimas. La diferencia con el caso español es evidente. Aunque el régimen que ha perpetrado la gran estafa de las últimas décadas está cada vez más deslegitimado, conserva espacios decisivos de poder: político, económico, policial y mediático. Y lo utilizará sin miramientos para distorsionar y criminalizar cualquier reclamo que lo incomode demasiado o que amenace sus privilegios. El gran éxito de la PAH ha sido convertir la violencia ejercida contra miles de familias en una impugnación eficaz, socialmente compartida, de la espuria alianza entre política y dinero que la ha hecho posible. Esta acusación, dirigida contra el núcleo del capitalismo financiero-inmobiliario hispano, no podía quedar sin respuesta. De lo que se trata ahora es de convertir esta tosca ofensiva criminalizadora del gobierno en un acicate más para la movilización contra los recortes. Y de mostrar que, aunque no quieran, finalmente se podrá.
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