dimarts, 12 de novembre del 2013

El Gobierno de Aguirre fraccionó "de forma habitual" contratos con Gürtel para burlar la ley

PEDRO JIMÉNEZ / MIGUEL ÁNGEL CAMPOS

La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al juez Pablo Ruz con el análisis de 686 operaciones de la Comunidad de Madrid con las empresas de Francisco Correa

La Comunidad de Madrid pagó entre 2004 y 2008 casi seis millones y medio de euros a las empresas de Francisco Correa en 686 operaciones y la mayoría vulneraron la ley. El informe de la IGAE subraya que los contratos se fraccionaron, que la administración madrileña orilló el principio de transparencia y que incluso llegó a pagar por servicios que nunca se prestaron. Vicepresidencia y portavocía del gobierno regional se llevan la palma y recurrieron a las sociedades de la trama para celebrar 24 actos a cambio de 1,8 millones de euros.

La Intervención General de la Administración del Estado ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que sostiene que la Comunidad de Madrid abonó casi 6,5 millones de euros a las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008 en 686 operaciones y que lo hizo vulnerando la ley de contratos públicos.

Los peritos del gobierno han analizado 575 facturas y concluyen que 418 "no se han desglosado ni se han detallado", otras 56 el concepto es "totalmente genérico" y el resto, que representan el 17% del total, figuran conforme a los requisitos que establecen la ley. Así las cosas, dice la IGAE, se vulnera la ley "y se imposibilita verificar y certificar si el servicio prestado se corresponde con lo solicitado en unidades y precio". En la mayoría de los casos, además, la emisión de la factura es muy posterior a la celebración del acto, lo que responde "a la voluntad de ir cambiando de forma intencionada fechas, importes y conceptos de las facturas". El documento también alude a facturas por servicios no prestados.

Sin duda, la parte más llamativa del informe es la que se corresponde con los contratos menores. La IGAE ha analizado 657 facturas y concluye que "de forma habitual se ha fraccionado el contrato en cuantía inferior a los 12.000 euros para eludir los requisitos de publicidad y concurso público". Los contratos menores con las empresas de la trama Gürtel suman más de 5,3 millones de euros y los peritos acreditan que en actos por importe de más de 3,1 millones de euros se fraccionaron los servicios para eludir la ley, lo que representa un 69% del total del dinero abonado. Actos como el homenaje a Miguel Ángel Blanco o a los voluntarios del 11 M.

Por último, de los seis expedientes de contratación analizados, se desprende que se han vulnerado los principios de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contratos de la administración pública. En algunos casos se llegó a aumentar el presupuesto hasta un 80%.