Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Persiste un intolerable
desempleo. Según la EPA del tercer trimestre de 2013, 5,9 millones de
personas continúan paradas. El Gobierno ha puesto el énfasis en la
disminución de 72.800 parados en el último trimestre. Junto con el dato
del incremento del 0,1% del PIB ha redoblado su campaña embellecedora de
la salida del túnel de la crisis y el cambio de tendencia, con el
inicio de la recuperación económica y del empleo. Nada más lejos de la
realidad. Hay algunos indicadores parciales menos negativos, pero los
principales rasgos de la dinámica económica nos indican que el
estancamiento económico y, sobre todo, el alto volumen de desempleo (una
cuarta parte de las personas activas, la mitad en el caso de los
jóvenes) van a permanecer más de cinco años, al menos hasta el 2018,
según el propio FMI.
Las graves consecuencias del paro masivo y prolongado
Veamos el conjunto de datos con rigor, especialmente su
impacto en las personas. Es imprescindible para rebatir la pretensión
gubernamental sobre la supuesta eficacia de su estrategia de ajustes y
austeridad para salir del túnel de la crisis y, especialmente, para
impedir el intento de legitimar su gestión liberal-conservadora y
justificar su proyecto de sociedad desigual y mayoritariamente
empobrecida y subordinada. En ese sentido, la dinámica económica y
política dominante no nos lleva hacia la luz, solo al enriquecimiento de
unos pocos (bien reflejado en el contento de banquero Botín).
Para la gran mayoría de la población el paro es el principal problema
socioeconómico. Es el prisma a través del cual enjuiciar la situación.
No hay recuperación significativa del empleo; en variación anual se
sigue destruyendo. Como se ha avanzado, en el último trimestre ha
disminuido ligeramente el paro (casi la mitad -33.300- han pasado a la
‘inactividad’) y ha aumentado un poco el empleo (39.500 ocupados más),
aunque se profundiza su precarización (146.300 contratos indefinidos
menos y 169.500 temporales más).
Los terceros trimestres, por motivos estacionales, son los más
favorables para la ocupación; para analizar las tendencias reales las
comparaciones principales han de ser, como mínimo, anuales. Si
aumentamos la perspectiva, resulta que en el último año se han producido
126.700 parados más, contando con que hay 370.400 activos menos (que ya
no buscan empleo o han salido de España), y el empleo ha bajado en casi
medio millón (497.100 ocupados menos, casi todos asalariados). La tasa
de desempleo está en el 25,98% (casi un punto más que hace un año; la
tasa de actividad en el 59,59% (unas décimas inferior), y la tasa de
empleo en el 44,11% (también disminuye casi un punto). Además, 1,8
millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.
Desde el comienzo de la crisis se han destruido 3,7 millones de
empleos (de 20,5 millones hace seis años a los 16,8 actuales). Es decir,
incluso valorando este dato positivo de incremento trimestral de
empleo, a ese ritmo la economía española necesitaría veinticinco años
(hasta 2038) para recuperar el mismo nivel de ocupación que antes de la
crisis. O, respecto del desempleo, para llegar a tasas medias europeas
del 10% (superiores a la de España en 2007) y dejarlo por debajo de dos
millones, a este ritmo, se necesitarían quince años (hasta 2028). Esas
mejorías son insignificantes y además se deben a factores estacionales.
La continuidad del alto volumen de paro, con el agravamiento de sus
consecuencias sociales, junto con la ineficacia de las políticas
económicas dominantes, es el aspecto principal. Esa dinámica es
inaceptable.
Además, cuatro millones de personas desempleadas (dos tercios del
total, con datos EPA) no tienen prestaciones por desempleo; disminuye la
cobertura protectora pública que solo alcanza a un tercio,
desprotección que se agrava para parados de larga duración (con más de
dos años de paro la tasa de cobertura es inferior a la cuarta parte).
Así mismo, se agotan de los recursos personales y familiares, materiales
y relacionales, lo que está dejando en la vulnerabilidad y el riesgo de
pobreza y exclusión social a millones de personas, situación a la que
ya llegaba al 27% de la población en el año 2011 (según los últimos
datos de Eurostat-AROPE).
La tasa de desempleo, según casi todas las previsiones, continuará
superando la cuarta parte de la población activa otro lustro más. El
desempleo y la inseguridad afecta especialmente a los jóvenes, cuya tasa
de paro se mantiene por encima de la mitad; sus procesos vitales están
sometidos a un desempleo desprotegido o a una inserción laboral bajo la
precariedad y la subordinación, sus cualificaciones y capacidades se
desvalorizan y, particularmente, el futuro de los pertenecientes a capas
populares está lleno de incertidumbres, afectando a sus propias
identidades y proyectos de vida. Es una pérdida para toda la sociedad.
Por tanto, las consecuencias sociales del prolongado y enorme
desempleo se agravan. Se consolida el empobrecimiento y la desprotección
para las personas desempleadas. Se profundizan las brechas sociales, y
se amplían la fractura social y la desvertebración de la sociedad.
No caben apaños estadísticos o administrativos (como dar de baja del
registro de paro por alguna deficiencia burocrática), ni deformación
interpretativa de los datos, ni presiones para generar una corriente de
personas ‘desanimadas’ que dejen de buscar empleo, rebajen la población
activa y dejen de considerarse desempleados. La resignación ante el paro
masivo y la pobreza no es solución para millones de familias. Toda la
publicidad engañosa sobre el buen camino que representan los actuales
recortes sociales, como sacrificio necesario e inevitable para las capas
populares, con el pretexto de un futuro nebuloso de creación de empleo,
no puede esconder esa persistente y grave realidad social. Y así lo
sigue constatando la mayoría de la población, para contrariedad de la
derecha política y el poder económico y financiero que redoblan sus
esfuerzos para tergiversar las problemáticas tendencias reales. Intentan
neutralizar el justo descontento popular contra su política regresiva y
conservar el apoyo de sus propias bases sociales, una parte de la cual
ya ha iniciado su desafección.
Por otra parte, sigue bajando el poder adquisitivo de los salarios,
se intensifica la transferencia de rentas hacia los excedentes
empresariales y se consolidan y amplían los recortes sociales, tal como
anuncia el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (ajustes de
17.000 millones para los dos próximos años). Para completar el análisis
podemos citar otras tres reformas regresivas: la reforma laboral, con el
nefasto impacto en los derechos sociolaborales de trabajadores y
trabajadoras; la Ley Wert, con las consecuencias de segmentación
escolar, debilitamiento de una escuela pública integradora y ampliación
de la desigualdad de oportunidades educativas, que ha recibido el masivo
rechazo ciudadano, y el nuevo plan de recorte de las pensiones, con
mayor desprotección y empobrecimiento de actuales y futuros
pensionistas. El panorama socioeconómico es sombrío para la mayoría de
la sociedad. El camino que nos ofrece el PP lo acentúa y prolonga, y es
necesario apostar por un cambio progresista de políticas y gobernantes.
Acabar con la austeridad y los recortes sociales
La perspectiva para los próximos cinco años, según incluso organismos
internacionales como el FMI, es de mantenimiento de un volumen similar
de desempleo. La actual política económica de austeridad, junto con el
deficiente aparato productivo, no favorecen que la economía española
pueda ser capaz de generar empleo de forma significativa y menos
‘decente’, ni garantizan el poder adquisitivo de los salarios y la
equidad en los derechos sociolaborales. Los riesgos de la ampliación de
una crisis social son importantes, pero parece que hasta que no se hagan
más evidentes y sus efectos más descontrolados, la política dominante
es seguir con la austeridad. Pero también afecta a la desafección
popular hacia la clase política gobernante, dinámica que precisa de una
orientación y alternativa progresista y de izquierdas, que ponga en
riesgo la hegemonía institucional de las derechas.
Es verdad que algunos indicadores económicos son menos malos
(exportaciones, turismo…), pero son muy secundarios en relación con la
dinámica económica general y, especialmente, respecto de las condiciones
socioeconómicas de la mayoría de la sociedad. Están bien los mayores
ingresos por turismo (sector agotado y que ha gozado de algunas ventajas
por la inestabilidad de otros países), o la mejora del tradicional
déficit comercial (aunque el sector exportador solo tiene un pequeño
impacto en la economía española). La mejora en la estabilidad financiera
y de los mercados de deuda (aunque pueden dar sustos relevantes) y la
ligera flexibilidad europea (y alemana) son también aspectos favorables.
Con el mismo dato anunciado a bombo y platillo del crecimiento
trimestral del 0,1% del PIB y comparado con el descenso de 7,5 puntos
porcentuales desde el comienzo de la crisis costaría 75 trimestres
(hasta el año 2032) llegar al nivel de producción de 2007. No podemos
esperar.
Son algunos elementos positivos pero parciales y frágiles. El
Gobierno y el poder económico los sobrevaloran para construir su
interpretación sobre el comienzo de una recuperación económica
sostenida, así como la justificación de su gestión de la austeridad y la
validez de los recortes sociales, que serían dolorosos pero inevitables
y necesarios para salir de la crisis. Pretenden crear una visión irreal
y optimista que frene el descontento popular a su gestión regresiva,
neutralice su fuerte deslegitimación social y, sobre todo, evite la
conformación de una fuerte exigencia ciudadana de otra orientación
socioeconómica y la democratización del sistema político. Su estrategia
prioriza el incremento de las ganancias para el sector financiero, el
disciplinamiento y la pérdida de derechos sociales para la mayoría de la
sociedad y el reforzamiento de la hegemonía del poder político -liberal
conservador- y empresarial. En vez de las personas, la sociedad, su
prioridad son los beneficios privados de las grandes corporaciones; en
vez de la democracia y el interés general, su apuesta son los
privilegios de los ricos y poderosos.
Como dicen muchos analistas, las variables económicas principales
indican, para España y el sur europeo, una prolongada fase de
estancamiento o, en el menos malo de los supuestos, de un leve
crecimiento. Son el flojo nivel de consumo público y privado, duradero
por la fuerte pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la
población, la poca fluidez del crédito para empresas y familias, las
deficiencias y dependencias de nuestro sistema económico, el fuerte
endeudamiento, sobre todo privado y financiero, y la ausencia de una
política estatal y europea de inversión y expansión económica. Es una
dinámica incapaz de resolver los principales problemas de la economía
española: expansión de empleo decente, modernización del aparato
productivo, reforma fiscal progresiva con redistribución equitativa y
consolidación del Estado de bienestar con mayor igualdad social. Esa
realidad se impone al intento de creación artificial de ‘confianza’ para
que consumidores gasten más o haya más inversiones productivas, o que
los cuantiosos beneficios de las grandes fortunas y empresas reviertan
en la expansión económica y del empleo.
Es falsa la idea de que hay un cambio relevante de tendencia
económica y empezamos a caminar hacia la salida del túnel. Y menos que
la luz que nos anuncian sea la solución. Pretenden hacer pasar por el
conjunto de la realidad, lo que en el mejor de los casos son mejorías
muy limitadas. El aspecto principal de su discurso es intentar legitimar
su política de austeridad y sus ajustes y recortes (el eufemismo de sus
‘reformas estructurales) que de forma machacona la derecha intenta
construir en la opinión pública. Ese supuesto camino apenas puede
esconder sus rasgos antisociales; solo pretende justificarlos como el
mal menor, con la venta de la ilusión de que es el único y eficaz medio
para alcanzar la ansiada luz. Pero, ¿cuál es la estructura social y
económica y el sistema político que nos ofrece la derecha en ese final
del túnel?: Una sociedad más desigual, empobrecida y desarraigada, eso
sí con una minoría oligárquica y de capas altas con mayores ventajas y
privilegios; un aparato productivo y económico más dependiente (el 40%
del valor de las empresas en la Bolsa ya está en manos del capital
extranjero, aparte de las multinacionales foráneas), y un sistema
político con una democracia débil y la completa hegemonía institucional
de las derechas.
En definitiva, seguimos en el túnel, la política de austeridad y
recortes sociales profundiza los problemas socioeconómicos para la
mayoría de la sociedad, genera fuertes desigualdades y brechas sociales,
afectando a la cohesión social, y debilita la democracia al alejarse
las élites institucionales de la ciudadanía y no escuchar sus demandas.
Es preciso otro camino y otra opción: un giro social a la política
socioeconómica, una amplia participación ciudadana y un cambio político
progresista.
