Vicente Clavero
A medida que avanza esta crisis interminable, con mayor claridad se aprecia el grave quebranto que está infligiendo a los derechos más elementales de los trabajadores, que tantos años de lucha costó conquistar. De nada vale que fueran otros quienes provocaron esta colosal catástrofe económica por tomarse la actividad financiera con la misma ligereza que si se tratara de un casino. Al final, son los trabajadores quienes han pagado el pato y la muestra más palmaria es lo que ocurre en España.
El primer derecho que la crisis ha pisoteado es el propio derecho al trabajo. Hay seis millones largos de parados que pueden dar fe de ello. Cuando el castillo de naipes empezó a derrumbarse había algo más de dos millones y, desde entonces, se han sumado otros cuatro. Sólo durante el último año, por culpa de la infausta reforma laboral de Rajoy, el número de personas sin empleo creció en un millón, y las cosas no han mejorado mucho estos meses, a pesar del favorable efecto estacional.
También va camino de evaporarse el derecho de los trabajadores a un salario digno, al haberse debilitado su posición ante el elevado riesgo de acabar en el paro. Para muestra, basta un botón: según datos de la Agencia Tributaria conocidos ayer, ahora hay siete millones y medio de contribuyentes con ingresos inferiores a los mil euros mensuales; 400.000 más que en 2008. Eso quiere decir que un 40% del total de los españoles ya ni siquiera son mileuristas.
Los trabajadores, en fin, van a perder el débil equilibrio que pretende introducir en las relaciones laborales el derecho a la negociación colectiva. A día de hoy, hay dos millones de asalariados cuyos convenios se encuentran en vía muerta porque los empresarios se niegan a renovarlos, a la espera de que caduquen definitivamente después de un año, conforme a la nueva normativa que el PP les sirvió en bandeja durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral.
En definitiva, se está cumpliendo al pie de la letra el pronóstico que hace años hizo el tristemente célebre presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en la cárcel por no sé cuántos delitos cometidos en la gestión de sus empresas. Dijo que de esta crisis sólo se saldría si estábamos dispuestos a trabajar más y a ganar menos. Lo triste es que, visto lo visto, parece que ni aun así salimos.
A medida que avanza esta crisis interminable, con mayor claridad se aprecia el grave quebranto que está infligiendo a los derechos más elementales de los trabajadores, que tantos años de lucha costó conquistar. De nada vale que fueran otros quienes provocaron esta colosal catástrofe económica por tomarse la actividad financiera con la misma ligereza que si se tratara de un casino. Al final, son los trabajadores quienes han pagado el pato y la muestra más palmaria es lo que ocurre en España.
El primer derecho que la crisis ha pisoteado es el propio derecho al trabajo. Hay seis millones largos de parados que pueden dar fe de ello. Cuando el castillo de naipes empezó a derrumbarse había algo más de dos millones y, desde entonces, se han sumado otros cuatro. Sólo durante el último año, por culpa de la infausta reforma laboral de Rajoy, el número de personas sin empleo creció en un millón, y las cosas no han mejorado mucho estos meses, a pesar del favorable efecto estacional.
También va camino de evaporarse el derecho de los trabajadores a un salario digno, al haberse debilitado su posición ante el elevado riesgo de acabar en el paro. Para muestra, basta un botón: según datos de la Agencia Tributaria conocidos ayer, ahora hay siete millones y medio de contribuyentes con ingresos inferiores a los mil euros mensuales; 400.000 más que en 2008. Eso quiere decir que un 40% del total de los españoles ya ni siquiera son mileuristas.
Los trabajadores, en fin, van a perder el débil equilibrio que pretende introducir en las relaciones laborales el derecho a la negociación colectiva. A día de hoy, hay dos millones de asalariados cuyos convenios se encuentran en vía muerta porque los empresarios se niegan a renovarlos, a la espera de que caduquen definitivamente después de un año, conforme a la nueva normativa que el PP les sirvió en bandeja durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral.
En definitiva, se está cumpliendo al pie de la letra el pronóstico que hace años hizo el tristemente célebre presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en la cárcel por no sé cuántos delitos cometidos en la gestión de sus empresas. Dijo que de esta crisis sólo se saldría si estábamos dispuestos a trabajar más y a ganar menos. Lo triste es que, visto lo visto, parece que ni aun así salimos.
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